La guerra entre jóvenes y pensionistas: el enfrentamiento que España debe evitar

El falso dilema de las generaciones

Me niego a aceptar que la sostenibilidad de las pensiones deba convertirse en una guerra entre abuelos y nietos. Quien ha trabajado durante décadas merece seguridad y respeto; quien comienza su vida laboral merece que su esfuerzo tenga futuro. Presentar ambos derechos como incompatibles es una tentación electoral que empobrece el debate. Lo cómodo es buscar culpables entre generaciones; lo difícil, y lo verdaderamente político, es hacer que las cuentas y las oportunidades convivan.

El joven que no puede pagar un alquiler no mejora su situación porque un pensionista pierda poder adquisitivo. Del mismo modo, recortar oportunidades de empleo y ahorro a quienes cotizan hoy acaba debilitando el sistema del que dependen los mayores. La economía intergeneracional no es una mesa donde uno gana exactamente lo que el otro pierde: la productividad, la actividad y las reglas pueden agrandar o reducir las posibilidades compartidas.

Pensiones: solidaridad y cuentas claras

El sistema español es fundamentalmente de reparto: las cotizaciones de hoy contribuyen a pagar las prestaciones de hoy. Esa fórmula encierra una promesa de solidaridad, pero también una obligación de prudencia. La jubilación de generaciones numerosas y el aumento de la longevidad hacen imprescindible observar el equilibrio financiero sin convertir una advertencia técnica en una amenaza emocional. El derecho a una vida digna no puede apoyarse sobre cálculos opacos.

El debate electoral de octubre de 2026 muestra una tensión evidente. El Gobierno defiende la sostenibilidad y la revalorización conforme a las normas vigentes, mientras otras voces reclaman reformas para sostener el sistema a largo plazo. El dato político importa, pero importa todavía más que cualquier opción explique su financiación, sus efectos distributivos y el calendario previsto. Si una propuesta se limita a prometer tranquilidad o a anunciar un colapso sin mostrar cuentas, no basta.

Los jóvenes necesitan patrimonio y horizonte

Cuando los primeros salarios se consumen entre vivienda, transporte e impuestos, la promesa de cotizar durante décadas resulta más frágil. Hay que facilitar que los jóvenes puedan ahorrar, emanciparse, formar una familia si lo desean y mejorar sus competencias. Para que las pensiones sean sostenibles no basta con discutir la edad de jubilación: hacen falta empleos productivos, mejores salarios reales, inversión y una economía capaz de sostener sus compromisos.

Defiendo que cada reforma de pensiones vaya acompañada de un examen intergeneracional transparente: quién aporta, quién recibe, qué riesgos asumimos y cómo se distribuyen. Esto no implica tratar las pensiones como un privilegio sospechoso, sino dar legitimidad duradera a un sistema que debe conservar la confianza de todos.

Un pacto mejor que una confrontación

Me gustaría ver un pacto que combine protección de las pensiones más bajas, cuentas públicas comprensibles, estímulos al empleo de calidad y políticas que faciliten la vida independiente de los jóvenes. La discusión debe incorporar productividad, inmigración, demografía y calidad del trabajo sin convertir ninguno de esos factores en una solución milagrosa.

No hay nobleza en pedir a los mayores que teman perder su sustento; tampoco la hay en invitar a los jóvenes a resignarse. Mi idea de justicia social no se construye eligiendo qué generación merece vivir bien. Se construye haciendo que todas puedan reconocerse en un mismo proyecto común.

Una reforma que una

También creo que la discusión sería más útil si diferenciáramos las pensiones contributivas, las ayudas destinadas a evitar pobreza y las decisiones generales de política fiscal. Las primeras responden a trayectorias de cotización, las segundas a necesidades de protección y las terceras al equilibrio del conjunto. Mezclarlas permite titulares fáciles, pero dificulta diseñar respuestas responsables. La solidaridad tiene distintas herramientas y cada una merece una explicación precisa.

Una cuestión decisiva es la confianza en el tiempo. Quien tiene veinte años debe poder prever las reglas bajo las que cotiza; quien tiene setenta necesita no vivir pendiente de cada polémica parlamentaria. La seguridad jurídica y la previsibilidad son formas de respeto. Por eso pido que las reformas se debatan con antelación y con memoria económica, no en medio de una competición por asustar al electorado.

Por último, debemos escuchar de verdad a las personas afectadas. No al pensionista imaginario que siempre aparece en la propaganda ni al joven abstracto usado en informes. Me refiero al abuelo que ayuda con sus nietos y al trabajador que paga alquiler. Sus intereses pueden parecer tensos, pero sus vidas están unidas. Un país inteligente no convierte esas relaciones en trincheras.

La confianza también tiene un precio

En una sociedad democrática, proteger a los mayores no exige fingir que el equilibrio financiero no importa. La conversación debe ser honesta, incluso cuando las cifras resultan incómodas. De lo contrario, las dudas crecen y terminan haciendo más daño que una reforma bien explicada. Del mismo modo, pedir sostenibilidad sin explicar qué ocurre con los pensionistas de ingresos bajos es moralmente insuficiente. La técnica económica necesita una brújula humana.

Cada generación ha recibido algo de la anterior: carreteras, escuelas, servicios sanitarios, conocimiento y una estructura social que nadie construyó de cero. La siguiente hereda también obligaciones y riesgos. Reconocer esa continuidad debería moderar el debate. En lugar de preguntar quién se lleva más, propongo preguntar qué inversiones harán posible sostener los compromisos y ampliar las oportunidades de los que vienen detrás.

Una convicción personal

No quiero una España de nietos enfadados con sus abuelos, sino una España en la que puedan sentarse juntos y reconocer que su futuro depende, precisamente, de protegerse mutuamente.

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