En política, como en muchos ámbitos de la vida, conocer a la persona adecuada puede abrir una puerta que permanece cerrada para otros. No siempre hay un favor indebido detrás: una recomendación puede ser honesta, una trayectoria reconocida puede atraer interés legítimo y los vínculos personales forman parte de cualquier sociedad libre. Pero cuando esas ventajas se acumulan y se convierten en el principal camino hacia la visibilidad, la democracia corre el riesgo de perder voces valiosas.
Me preocupa especialmente la distancia que separa a quien dispone de contactos en medios, instituciones y organizaciones de quien ha desarrollado propuestas rigurosas desde su trabajo cotidiano. Ambos tienen derecho a concurrir a unas elecciones. Ambos pueden recibir el voto ciudadano. Sin embargo, sus posibilidades de llegar a quienes deben conocerlos son muy diferentes.
No escribo estas líneas para cuestionar la legitimidad de una persona concreta. Quiero discutir una regla no escrita que afecta a muchas actividades públicas: demasiado a menudo sabemos quién está bien relacionado antes de saber qué propone, cuánto ha estudiado su propuesta o qué resultados espera conseguir.
Las relaciones personales son legítimas; el monopolio de las oportunidades, no
No pretendo imaginar una sociedad sin relaciones. Las redes profesionales permiten compartir conocimientos, descubrir colaboradores y generar confianza. Yo mismo valoro los encuentros en los que personas distintas intercambian experiencias y ayudan a construir proyectos. Confundir cualquier contacto con corrupción sería injusto y empobrecería el debate.
El problema aparece cuando una agenda de teléfonos pesa más que un documento trabajado. Una invitación a un programa puede llegar porque alguien conoce al productor; una sala puede llenarse porque el organizador cuenta con relaciones previas; un proyecto puede recibir atención porque su promotora posee notoriedad. Nada de ello demuestra, por sí solo, irregularidad. Pero la suma de ventajas iniciales plantea una pregunta democrática: ¿cómo puede acceder a la misma conversación quien todavía no pertenece a esos círculos?
Pedir equidad no significa exigir que se silencie a las personas conocidas. Significa construir vías adicionales para que un proyecto solvente no dependa exclusivamente de su capacidad para entrar en determinados espacios sociales.
Cuando confundimos capacidad con familiaridad
Hay un sesgo cotidiano que todos podemos reconocer. Un nombre que escuchamos repetidamente nos resulta familiar. La familiaridad puede transmitir confianza incluso antes de analizar la trayectoria completa de esa persona. En una campaña, el reconocimiento del candidato ayuda a identificarlo rápidamente, pero no demuestra que tenga mejores conocimientos económicos, mayor capacidad de gestión o más compromiso con el ciudadano.
La política exige aptitudes diversas: comprender un presupuesto, escuchar a personas que discrepan, interpretar una norma, negociar acuerdos y asumir responsabilidades. Ninguna carrera universitaria garantiza por sí sola todas esas cualidades. Tampoco la fama permite descartarlas. Precisamente por eso considero imprescindible comparar ideas, experiencia contrastable y comportamiento, no solo presencia mediática.
No quisiera sustituir el privilegio de la notoriedad por una supuesta aristocracia de los títulos. Un ciudadano sin estudios superiores puede conocer mejor los problemas de su barrio que muchos especialistas. La meritocracia democrática consiste en que diferentes capacidades puedan demostrarse y someterse al juicio público.
La barrera invisible de entrar en el debate
Antes de ganar una elección hay que superar una etapa menos visible: conseguir que alguien se interese por tus planteamientos. Se necesitan reuniones, presencia pública, voluntariado, información comprensible y tiempo. Cuando una persona combina actividad profesional y obligaciones familiares, dedicar horas a organizar una candidatura tiene un coste real, aunque no aparezca en ninguna factura.
En el sistema electoral existen requisitos legales específicos, como avales en determinadas circunstancias, además de reglas sobre propaganda y financiación. Esas exigencias deben estudiarse por separado de la desigualdad social de partida. Cumplir la ley no borra la ventaja de quien puede convocar periodistas y colaboradores con mayor facilidad, pero esa ventaja tampoco significa que haya vulnerado norma alguna.
Por eso me parece insuficiente responder que todos podemos presentarnos. Formalmente es una garantía esencial; materialmente, hacerse escuchar requiere recursos que no están distribuidos de manera uniforme. La igualdad jurídica es el punto de partida, no el final de la reflexión.
Qué podrían hacer los medios sin renunciar a su independencia
No defiendo imponer entrevistas obligatorias ni repartir minutos de manera automática entre todos los proyectos. Los periodistas tienen libertad editorial y la sociedad necesita medios independientes del poder político. Pero esa independencia puede ejercerse con criterios transparentes y con formatos que hagan visible el contenido de las propuestas.
Imagino espacios en los que las candidaturas que cumplan condiciones objetivas expongan una medida concreta y respondan las mismas preguntas: ¿cuál es el problema?, ¿qué cambia?, ¿cuánto cuesta?, ¿cómo se financiaría?, ¿qué indicadores permitirían comprobar su eficacia? No sería necesario ofrecer la misma atención a cualquier anuncio improvisado. Sí sería posible reservar tiempo para propuestas argumentadas que hoy no alcanzan las grandes audiencias.
Los medios locales, las universidades, los colegios profesionales y las asociaciones ciudadanas también podrían organizar encuentros comparativos. La pluralidad no depende solo de una cadena de televisión: se construye a través de muchos espacios donde preguntar y contrastar.
La responsabilidad también corresponde a quienes queremos participar
Sería cómodo atribuir todas las dificultades al sistema. No pienso hacerlo. Quien desea representar a otros debe trabajar para explicar mejor sus ideas, aceptar críticas, mostrar sus números y construir confianza sin esperar que alguien le regale una tribuna. El esfuerzo personal importa, y mucho.
Como economista y empresario he dedicado tiempo a desarrollar propuestas sobre fiscalidad, vivienda, servicios públicos y simplificación administrativa. Sé que un documento técnico no se convierte automáticamente en una política eficaz y que merece análisis independiente. Aspiro a que se juzguen esas ideas por sus fundamentos, sus costes y sus consecuencias, exactamente como debería ocurrir con las propuestas de cualquier otra persona.
Mi filosofía del Liberalismo con Alma une libertad y dignidad. Aplicada a la política, significa que nadie debería recibir un privilegio por su apellido, su fortuna o su agenda; pero tampoco perder la posibilidad de contribuir porque todavía no ha conseguido notoriedad. Necesitamos competencia abierta, reglas comprensibles y ciudadanos capaces de decidir con información.
Abrir puertas sin cerrar ninguna
No espero una democracia en la que todos empecemos con los mismos recursos o idéntica biografía. Eso sería imposible. Sí creo que podemos aspirar a una democracia donde los mecanismos de entrada sean menos opacos, las propuestas reciban mayor escrutinio y las oportunidades de participación no queden reservadas a los habituales.
Una invitación obtenida gracias a los contactos no descalifica a nadie. Un profesional desconocido tampoco merece ser elegido solo por serlo. Lo que merece protección es el derecho del ciudadano a comparar personas y proyectos sin que la selección previa de quién aparece en pantalla decida por él.
Mi conclusión es sencilla: no quiero una política contra quienes tienen contactos. Quiero una política que no dependa de tenerlos. Que abra caminos para el talento, para la experiencia y para el ciudadano dispuesto a trabajar y rendir cuentas. Porque la verdadera renovación democrática no consiste únicamente en incorporar caras nuevas: consiste en permitir que más personas tengan una oportunidad real de demostrar lo que pueden aportar.
Fuente normativa de contexto: Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General (LOREG)