Una mañana perdida para obtener un documento puede parecer insignificante desde un despacho. Para quien trabaja por cuenta propia, cuida a un familiar o vive lejos de una oficina, puede suponer una factura no emitida, una visita médica aplazada o una oportunidad perdida.
Defiendo que la Administración mida también los costes que impone a ciudadanos y empresas. No basta con trasladar formularios al ordenador: una gestión digital que reproduce diez pantallas y exige datos que ya constan en otro organismo puede seguir siendo burocrática.
Propongo aplicar de forma efectiva el principio de no pedir dos veces el mismo dato, revisar requisitos duplicados y ofrecer seguimiento comprensible de cada expediente. Cada procedimiento debería tener un responsable, un plazo claro y canales para resolver incidencias sin empezar de cero.
La simplificación necesita garantías: protección de datos, accesibilidad para personas mayores y alternativas presenciales para quienes las precisen. También exige controles proporcionados, porque eliminar burocracia no puede significar eliminar derechos ni facilitar abusos.
Me gustaría que cada año se publicara cuánto tiempo han ahorrado los usuarios y cuántos expedientes se resuelven correctamente al primer intento. La eficiencia administrativa no es una obsesión tecnológica; es una forma concreta de respeto hacia el ciudadano.