Justicia e instituciones · Diálogo de ideas
Justicia y corrupción: acuerdos posibles más allá de los eslóganes
Comparto la exigencia de instituciones independientes. Pero las reformas contra la corrupción deben proteger también el debido proceso y evitar que una consigna sustituya a las garantías jurídicas.
Imagen ilustrativa generada con IA. Recreación editorial. No muestra un encuentro real entre los protagonistas.
En este artículo reflexiono, desde mi propia visión política, sobre las ideas públicas de Miriam González Durántez y las confronto con mis propuestas. Las coincidencias no eliminan las diferencias y las críticas deben servir para mejorar las soluciones, no para descalificar personas.
La justicia no puede pertenecer a ningún partido
Democracia 21 ha situado la despolitización institucional entre sus prioridades. Sus propuestas públicas incluyen cambios en la elección de vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial, órganos especializados contra la corrupción y supresión de aforamientos. Considero útil debatirlas con rigor. Mi principio es que nadie debería conseguir un trato privilegiado por ocupar un cargo, pero tampoco perder garantías por ser impopular. La ley debe ser suficientemente fuerte para los poderosos y suficientemente justa para cualquiera.
Independencia y rendición de cuentas
Que los jueces participen decisivamente en la elección de sus representantes institucionales puede reducir determinadas interferencias, pero el diseño debe evitar corporativismos y respetar el marco constitucional. La responsabilidad de la Fiscalía ante el Parlamento necesita igualmente una delimitación precisa: rendir cuentas sobre prioridades y recursos no debe convertirse en recibir instrucciones políticas sobre casos individuales. Las instituciones se protegen mediante competencias definidas, procedimientos públicos y capacidad de revisión judicial, no solo cambiando quién nombra a quién.
La corrupción tiene una dimensión preventiva
Solemos discutir las penas después de que aparezca el daño, cuando una parte del dinero y de la confianza ya se han perdido. Yo propongo vigilar mejor la contratación pública, detectar conflictos de interés, publicar modificaciones presupuestarias y facilitar canales seguros para alertadores. Los datos deben estar disponibles en formatos reutilizables y entenderse sin especialización técnica. Un contrato puede cumplir formalidades y aun así mostrar patrones que merezcan examen; de ahí la importancia de auditorías independientes, controles proporcionados y protección de derechos.
Sin castigos automáticos al margen de la ley
Entiendo la indignación frente al robo de dinero público. Sin embargo, medidas de inhabilitación tienen que respetar sentencia firme, proporcionalidad y seguridad jurídica. No quiero combatir una injusticia creando otra. Eliminar aforamientos exige analizar qué protecciones procesales deben mantenerse para preservar la independencia de ciertas funciones, sin convertirlas en escudos personales. La mejor reforma será aquella que resista los casos difíciles y pueda aplicarse por igual cuando gobiernan nuestros adversarios o nuestros amigos.
El ciudadano debe poder seguir el dinero
Mi aportación consiste en unir independencia judicial con transparencia presupuestaria e impacto de cada euro público. ¿Cuánto cuesta una obra? ¿Cuánto tarda? ¿Quién responde cuando se incumple? Una Administración que publica indicadores entendibles ofrece herramientas contra el abuso y contra el rumor infundado. Propondría además evaluar la duración de los procedimientos, la asistencia jurídica a personas vulnerables y el acceso territorial a la justicia, porque un derecho sin acceso efectivo corre el riesgo de convertirse en una declaración vacía.
La confianza también depende del acceso
Quien dispone de recursos puede contratar asistencia jurídica; quien no los tiene puede renunciar a defender un derecho incluso antes de empezar. Mejorar la justicia implica asistencia adecuada, lenguaje comprensible y procedimientos razonablemente ágiles. Los juzgados especializados necesitan personal, herramientas y coordinación para no trasladar simplemente expedientes de una mesa a otra. Haría públicas las métricas de duración y resolución con suficientes advertencias para evitar falsas comparaciones.
La lucha contra la corrupción requiere separar la denuncia fundada de la acusación sin pruebas. Defiendo investigar con independencia y proteger a quienes revelan irregularidades de buena fe, pero también preservar la presunción de inocencia. Las normas que hoy parecen útiles contra un adversario mañana podrían utilizarse contra cualquier ciudadano.
Mi reflexión final
A Miriam González le reconozco haber puesto la regeneración institucional sobre la mesa. Yo añadiría que combatir privilegios exige controles previos, garantías procesales y acceso ciudadano a información útil. La justicia que deseo no sirve a una fuerza política: sirve a todas las personas, especialmente cuando no tienen poder.