La relación entre impuestos, consumo e inversión suele describirse con una cadena demasiado sencilla: si los ciudadanos pagan menos, gastan más; si gastan más, Hacienda recauda más IVA. La idea contiene una intuición económica, pero le faltan muchas condiciones. Me interesa precisamente explicarlas, porque la credibilidad de una reforma fiscal depende de saber dónde puede funcionar el mecanismo y dónde puede quedarse corto.
Cuando una familia conserva una parte mayor de su renta, tiene distintas posibilidades. Puede cubrir una necesidad pendiente, reponer ahorro, amortizar un préstamo o invertir en formación. Las tres últimas alternativas no producen necesariamente una recaudación inmediata de IVA. Incluso cuando consume, no todos los productos se someten al mismo tipo ni toda la venta representa nueva producción nacional.
El IVA requiere medir el gasto sujeto, no la renta liberada. Supongamos que un hogar destina una parte del alivio fiscal al consumo. Para proyectar ingresos tributarios habría que conocer qué bienes compra, el tipo efectivo aplicable, posibles exenciones, el efecto sobre importaciones y si se trata de gasto verdaderamente adicional o de una compra adelantada. Multiplicar todos los euros disponibles por un 21 % crearía una expectativa ficticia.
El componente de inversión tiene otra velocidad. Una empresa puede utilizar más liquidez para comprar equipos, contratar trabajadores o desarrollar un producto. Ese gasto produce efectos en proveedores, empleo y productividad, pero su rendimiento depende de demanda, financiación y competencia. Algunos proyectos tardan años en madurar. Otros no llegan a materializarse. Una memoria económica honesta debe incorporar ambas posibilidades.
La formalización añade una dimensión distinta. Cuando una actividad pasa a facturarse legalmente, puede mejorar el cumplimiento del IVA además del IRPF y otras obligaciones. Un trabajo recogido por Funcas señala que la reducción de la economía sumergida y la mejora del cumplimiento explicarían un aumento de 6.200 millones en la recaudación del IVA entre 2019 y 2022. Es una observación relevante para estudiar la hipótesis; no es una cifra trasladable automáticamente a mi propuesta.
También debemos distinguir el corto y el largo plazo. En los primeros meses puede dominar la decisión de ahorrar o reducir deuda. Más adelante podría aparecer nueva inversión y empleo. La respuesta dependerá del ciclo económico, la confianza, los precios y la oferta disponible. Si la producción no puede adaptarse, parte del impulso de demanda puede convertirse en inflación en lugar de crecimiento real.
Propongo que cualquier simulación incorpore propensión marginal al consumo por grupos de renta, tipos efectivos de IVA, ahorro, inversión, márgenes de las empresas y empleo formal. La evaluación posterior debería contrastar lo previsto con datos de recaudación y actividad, evitando atribuir toda variación económica a un cambio fiscal cuando concurren muchos otros factores.
También hay un efecto de composición económica. Si crece el consumo de productos fabricados fuera de España, el comercio puede recaudar IVA, pero no necesariamente se expande en la misma medida la producción nacional. Si aumenta la inversión local en bienes de equipo, puede crecer la productividad futura, aunque la recaudación inmediata sea más compleja. La respuesta fiscal dependerá de qué sectores reciben demanda, de los márgenes empresariales y de la capacidad productiva de cada territorio. Los multiplicadores económicos no son idénticos para todas las operaciones.
Por eso el seguimiento debe incorporar datos de ventas interiores, consumo de hogares, nuevas inversiones, empleo declarado y evolución de precios. La recaudación nominal puede aumentar por inflación sin que el país produzca más bienes o mejore el bienestar. Distinguir variaciones reales y nominales es una exigencia básica para no confundir crecimiento tributario con progreso económico. Un buen análisis de la reforma debería publicar ambos planos y permitir que investigadores independientes contrasten las conclusiones.
Mi objetivo no es reducir la conversación a cuánto dinero recibe Hacienda después de cada compra. Quiero entender cómo una reforma puede aumentar capacidad económica y bienestar, sin dejar de financiar servicios compartidos. Precisamente por eso conviene distinguir las posibilidades económicas de las promesas: un buen proyecto debe resistir preguntas incómodas antes de pedir confianza.