Hay cifras que no pueden esconderse detrás de un discurso atractivo. Una es la posible pérdida de ingresos públicos en la transición hacia un IRPF mucho más bajo. Considero legítimo explorar reformas fiscales ambiciosas, pero creo que la primera obligación de un economista es poner sobre la mesa el problema presupuestario con la misma claridad con la que explica los beneficios perseguidos.
La Agencia Tributaria registró una recaudación de 129.408 millones de euros por IRPF en 2024. Mi estudio utiliza una aproximación construida con estadísticas agregadas de declarantes, porque esos datos no ofrecen un corte exacto en 25.000 euros. La base aproximada calculada para contribuyentes por encima del umbral se situó en 445.485 millones. Aplicar el 10 % conduce a una cuota teórica de 44.548 millones: unos 84.860 millones menos que la cifra histórica de referencia.
Comparar ambas cifras exige cautela. La segunda no sale de simular microdatos completos contribuyente por contribuyente. No incorpora todos los detalles sobre rentas del ahorro, reducciones, deducciones, liquidaciones ni respuestas al nuevo sistema. Por eso no debe publicarse como una previsión oficial de recaudación. Es una simulación estática de orden de magnitud; sirve para dimensionar el problema que debemos investigar.
También importa distinguir el ejercicio de referencia del momento de una hipotética entrada en vigor. El Estado recauda en cada año bajo condiciones económicas distintas: empleo, inflación, beneficios y modificaciones normativas. Una reforma proyectada para años posteriores necesitaría recalcular la situación fiscal con información más reciente, no limitarse a comparar eternamente con 2024.
La caída inicial no desaparece por llamarla dinámica. Es razonable estudiar mayores ingresos de IVA, Sociedades, cotizaciones y formalización. Pero ninguno puede incorporarse íntegramente al presupuesto sin justificar mecanismos, plazos y probabilidades. Incluso el escenario extremo de afloramiento de economía sumergida recogido en mi documento no cierra por sí solo toda la diferencia de IRPF. Esa conclusión obliga a estudiar una arquitectura fiscal completa.
Hay además un aspecto territorial decisivo: el IRPF participa de la financiación autonómica. Un cambio profundo no afectaría únicamente a un ministerio. Debe analizarse cómo sostener los recursos de comunidades autónomas que gestionan competencias esenciales y cómo distribuir los costes transitorios sin enfrentar territorios ni deteriorar servicios.
Mi propuesta metodológica es exigir una memoria independiente con microdatos anonimizados, un presupuesto de transición y al menos tres escenarios publicados. Cada uno debería mostrar efectos por deciles de renta, hogares, comunidades autónomas y figuras tributarias. También debería incluir pruebas de resistencia: ¿qué ocurre si el consumo crece poco, si la inversión tarda en reaccionar o si el afloramiento queda por debajo de lo previsto?
Existe una diferencia entre medir una reforma en términos estáticos y medirla en términos dinámicos. El primer cálculo mantiene aproximadamente constante el comportamiento de los contribuyentes y permite detectar el efecto mecánico de cambiar tipos y bases. El segundo intenta anticipar nuevas decisiones de consumo, trabajo, ahorro e inversión. Ninguno es infalible. El estático puede exagerar la pérdida final si aparece nueva actividad; el dinámico puede presentar una recuperación ilusoria si se sobreestima la respuesta económica. Necesitamos ambos y debemos explicar sus limitaciones.
Además, un presupuesto de transición no se resume en el déficit agregado del Estado. La previsibilidad de los ingresos condiciona contratos, inversiones plurianuales y servicios territoriales. Antes de aplicar una rebaja de gran magnitud habría que cuantificar riesgos por administraciones, mecanismos de compensación temporal y escenarios de desaceleración económica. La credibilidad aumenta cuando el plan reconoce qué políticas deben continuar incluso si la actividad económica responde menos de lo esperado. Eso también es defender la dignidad de quienes dependen de los servicios esenciales.
La ambición política necesita algo más que convicción: necesita capacidad de corregir. Por eso defiendo indicadores anuales y una evaluación externa al cabo de tres años. Si una reforma mejora formalización y prosperidad, los datos lo mostrarán; si no lo hace, habrá que rectificar. La confianza pública se construye precisamente así, explicando de antemano qué resultados justificarían continuar y cuáles obligarían a cambiar el rumbo.