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Inteligencia artificial y productividad: una mirada crítica desde la renovación política y social

La presidenta de Democracia 21, Miriam González Durántez, ha planteado que la inteligencia artificial debe ser un motor de productividad en sectores donde España tenga ventajas competitivas. Esta propuesta invita a reflexionar sobre cómo integrar la innovación tecnológica en un proyecto de renovación política y económica que respete la dignidad humana y promueva un desarrollo sostenible y justo.

Artículo de opinión · Marco Musumeci D'Agata · 09/11/2026 · 4 min de lectura
Ilustración editorial del artículo
Ilustración editorial generada mediante IA; revisión editorial automatizada.

La irrupción de la inteligencia artificial (IA) en la economía global es un fenómeno que no podemos ignorar. Miriam González Durántez, presidenta de Democracia 21, ha señalado que la IA debe ser un factor de productividad en sectores donde España sea puntera, una idea que, a primera vista, parece sensata y necesaria. Sin embargo, esta afirmación merece un análisis más profundo, pues la incorporación de la tecnología en la economía y la política no puede limitarse a un mero impulso productivo sin considerar sus implicaciones sociales y éticas.

Desde mi perspectiva, coincido en que la IA puede y debe contribuir a mejorar la productividad, pero insisto en que esta mejora debe estar orientada a sectores estratégicos con ventajas competitivas reales y, sobre todo, debe estar al servicio de las personas, no al revés. La tecnología no es un fin en sí misma, sino una herramienta que debe integrarse en un proyecto de renovación política y social que priorice la dignidad humana y la cohesión social.

He reflexionado en otras ocasiones sobre la necesidad de renovar no solo a quienes gobiernan, sino también los mecanismos de decisión, presupuestación y fiscalización. En este sentido, la IA puede jugar un papel clave para mejorar la transparencia, el seguimiento de compromisos políticos y la rendición de cuentas, aspectos fundamentales para devolver el poder real a los ciudadanos. Sin embargo, la tecnología debe ser un medio para resolver problemas concretos y cotidianos, como facilitar la apertura de negocios, mejorar el acceso a servicios públicos o reducir la burocracia, y no un fin abstracto que solo persiga indicadores económicos.

Es importante recordar que el valor de una persona no puede depender exclusivamente de su productividad económica. La economía necesita indicadores para asignar recursos, pero no puede medir el afecto, la experiencia, la capacidad de cuidar o el derecho a recibir respeto. Por eso, cualquier estrategia que impulse la IA debe evitar reducir a las personas a meros números o costes. Debemos diseñar políticas que reconozcan la dignidad de quienes más necesitan ayuda y que promuevan la autonomía y participación de todos, especialmente de los más vulnerables.

Además, la incorporación de la IA en la economía y la administración pública debe ir acompañada de una brújula ética clara. La innovación tecnológica sin principios puede generar eficiencia, pero también daño social, sesgos, pérdida de privacidad y concentración de poder. España y Europa tienen la oportunidad de aportar una voz valiosa en este debate, combinando ambición tecnológica con responsabilidad democrática. La prudencia no debe convertirse en parálisis, pero tampoco la innovación puede ser un pretexto para ignorar los derechos y la justicia social.

Otro aspecto crucial es la preparación para la transformación del empleo que la IA conlleva. No se trata de temer la desaparición del trabajo, sino de anticipar y gestionar la transición con políticas de formación continua, apoyo a pequeñas y medianas empresas y modernización de los procesos administrativos. La productividad debe traducirse en mejores servicios, salarios dignos y tiempo disponible para las personas, no en precarización o exclusión.

Finalmente, la estrategia nacional en torno a la IA debe ser integral y coordinada, involucrando a universidades, empresas, administración y sociedad civil. No podemos permitirnos llegar tarde a esta revolución tecnológica, pues eso implicaría depender de soluciones externas y perder competitividad. Pero tampoco podemos adoptar la IA sin un proyecto político que garantice que sus beneficios se distribuyan de manera justa y que la tecnología sirva para mejorar la calidad de vida de todos.

En conclusión, la propuesta de Miriam González Durántez para que la IA sea un factor de productividad en sectores punteros de España es un punto de partida válido, pero debe enmarcarse en una visión más amplia que integre la renovación política, la ética y la justicia social. Solo así podremos aprovechar el potencial de la inteligencia artificial para construir una sociedad más próspera, inclusiva y humana.

Marco Musumeci D'Agata
Economista político y filántropo
Presidente del Movimiento Liberal Español
marco@musumeci.es
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