La irregularidad no es una identidad
Una situación administrativa irregular describe una relación con las normas de entrada o permanencia; no explica toda la vida de una persona ni la convierte automáticamente en delincuente. Esa distinción, que puede parecer elemental, se pierde con demasiada frecuencia. Creo que un Estado serio debe identificar con prontitud cada caso, explicar la situación jurídica y resolver dentro de plazos razonables. La lentitud prolonga la incertidumbre, dificulta la gestión pública y puede favorecer redes de abuso.
Mi estudio propone una secuencia ordenada de identificación documental, determinación de nacionalidad, comprobaciones de seguridad conforme a la ley, detección de trata, valoración de vulnerabilidades y posibilidad real de pedir protección internacional. Cuando existan dudas justificadas sobre la edad, también se requiere un procedimiento con garantías. No diseñaría un sistema que trate del mismo modo a una persona adulta sin autorización, una víctima de explotación y un niño que necesita protección.
Retorno prioritario, nunca colectivo
He preferido la expresión retorno prioritario y acelerado tras resolución individual a la idea imprecisa de repatriación inmediata. La diferencia es sustancial. Antes de ejecutar una devolución o expulsión hay que comprobar si existe una solicitud de asilo, un riesgo de persecución o daño grave, una situación de trata o la condición de menor. El principio de no devolución es una obligación jurídica, no una concesión optativa según el clima político del momento.
Una resolución debe poder examinarse mediante los recursos y controles que correspondan. Aceleraría las tareas administrativas evitables, la cooperación consular y la comunicación entre autoridades, pero no eliminaría la defensa ni el examen individual. Cuando el retorno sea legalmente procedente y la resolución ejecutable, la administración deberá tener medios para hacerlo efectivo. Prometer procedimientos imposibles de ejecutar solo debilita la credibilidad de la ley.
La frontera también necesita servicios
Los episodios de presión extraordinaria muestran que controlar una frontera requiere mucho más que agentes. Hacen falta equipos de identificación, intérpretes, personal sanitario, protección de menores, plazas de alojamiento temporal, asistencia jurídica y coordinación judicial. En mi propuesta planteo un protocolo nacional de emergencia migratoria para territorios como Ceuta, Melilla y Canarias, activable según indicadores objetivos de saturación. La finalidad sería movilizar refuerzos antes de que la respuesta se vuelva caótica.
También defiendo acuerdos con países de origen y tránsito que faciliten identificación y readmisión cuando legalmente corresponda, junto con cooperación contra las mafias. El retorno voluntario asistido merece atención cuando sea viable y seguro. Una gestión responsable debe comparar costes, tiempos y resultados, sin confundir rapidez con ausencia de revisión. La emergencia de un territorio fronterizo no puede quedar exclusivamente sobre sus municipios y servicios locales.
La firmeza que yo defendería
Exigiría publicar tiempos medios de identificación, número de decisiones firmes, recursos, protección concedida y ejecuciones procedentes, siempre con metodología transparente. Los indicadores deben permitir detectar retrasos y errores, no construir un marcador político de personas expulsadas. También preguntaría qué ocurre después de cada decisión y si los mecanismos de protección han funcionado en los casos vulnerables. Sin evaluación independiente una reforma puede aparentar eficacia mientras deja problemas ocultos.
Yo quiero un sistema que actúe y que responda de sus actos. La ley necesita aplicación real y las personas necesitan garantías reales. Ninguno de estos objetivos elimina al otro. Esa es la idea fundamental que quisiera trasladar al debate español: no se construye seguridad jurídica renunciando al procedimiento; se construye haciendo que el procedimiento sea justo, claro y capaz de llegar a una resolución.
Qué significa realmente resolver antes
Para acelerar expedientes reforzaría la formación especializada, el intercambio legal de información y la coordinación de agendas entre organismos competentes. La tecnología puede identificar duplicidades documentales y permitir seguimiento, pero no debería decidir por sí sola si alguien afronta riesgos graves en su país de origen. Esas decisiones requieren responsables humanos, motivación y revisión. También publicaría los tiempos de cada fase para detectar cuellos de botella; culpar genéricamente a la burocracia no explica por qué se retrasa una entrevista, una identificación o un recurso.
Cuando se trate de personas vulnerables, la rapidez debe ir acompañada de protección adaptada. Una posible víctima de trata puede necesitar tiempo y condiciones seguras para explicar lo ocurrido; un niño puede requerir representación especializada. Un procedimiento que no permite detectar estas situaciones puede ser rápido y profundamente defectuoso. Yo preferiría una reforma que reduzca meses de espera por mejor coordinación antes que una que proclame plazos imposibles y luego genere nulidades judiciales. La eficacia jurídica consiste en resolver bien y poder sostener la decisión.
Una responsabilidad verificable
Antes de prometer un plazo, exigiría una estimación de los recursos humanos y técnicos necesarios. Los retrasos administrativos cuestan dinero y generan incertidumbre, pero una decisión ilegal puede producir daños aún mayores y terminar anulada.
Este artículo recoge mis reflexiones personales a partir de la Propuesta Nacional nº 5, «Inmigración regulada, integración y responsabilidad». Las medidas expuestas son ideas de reforma y no normas actualmente aprobadas.