En vísperas de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026, considero necesario hablar de pensiones y democracia sin refugiarse en consignas. La discusión sobre las pensiones necesita cuentas comprensibles y menos alarma partidista. Me interesa lo que sucede cuando termina la rueda de prensa: cuando alguien regresa a casa, hace cuentas y trata de organizar su futuro. La política tendría que empezar ahí, en las consecuencias concretas de sus decisiones, y no en la competición por pronunciar la frase más sonora.
Una promesa es una obligación
Las pensiones son el fruto de una relación de confianza entre generaciones. Quien ha contribuido durante décadas no debería vivir pendiente de una frase de campaña. En octubre de 2026, las declaraciones cruzadas entre partidos vuelven a situar su sostenibilidad en el centro del debate. Mi primera exigencia es sencilla: cualquier reforma debe explicar con exactitud qué cambiaría para los pensionistas actuales, para los próximos jubilados y para los jóvenes que cotizan.
La revalorización no agota el debate
La normativa vigente vincula con carácter general la revalorización de las pensiones contributivas al IPC mediante su mecanismo legal. Preservar poder adquisitivo es importante, pero la sostenibilidad a largo plazo también exige estudiar empleo, salarios, demografía, productividad y financiación. Defender a los mayores y hablar con rigor de las cuentas públicas no son posiciones enfrentadas. Se pueden y se deben practicar ambas.
Ni miedo ni cheques en blanco
A Feijóo, a Abascal y al Gobierno les haría las mismas preguntas: qué previsiones utilizan, qué distribución de costes proponen y cómo pretenden evitar que la incertidumbre recaiga sobre quienes menos margen tienen. No acepto ni mensajes catastrofistas sin evidencia ni promesas gratuitas sin memoria económica. Las cuentas deben ser públicas, auditables y comprensibles para un ciudadano que no sea experto en Seguridad Social.
Un pacto que sobreviva a las urnas
Yo preferiría un acuerdo de largo recorrido que combine estabilidad normativa, transparencia actuarial, protección de pensiones bajas y mejores empleos para quienes sostienen el sistema. Si cada convocatoria electoral convierte a los jubilados en objeto de disputa, perdemos una oportunidad histórica. La tranquilidad de una persona mayor vale más que un titular contundente.
Promesas diferentes, responsabilidad compartida
Las pensiones se han convertido en un asunto central de la precampaña. Feijóo ha reiterado su compromiso con la actualización conforme al IPC, mientras que Vox ha planteado fórmulas que incorporan componentes de capitalización. Son propuestas distintas y merecen examinarse sin caricaturas. Una transición entre sistemas tiene costes y generaciones afectadas: ¿quién paga las prestaciones actuales mientras se constituyen cuentas nuevas? ¿Qué ocurre con quien ha tenido carreras laborales interrumpidas? No basta con anunciar estabilidad financiera; es imprescindible mostrar los supuestos demográficos y explicar el reparto de riesgos entre contribuyentes, pensionistas y presupuestos.
Una garantía verificable
Yo pediría a cada candidatura un documento comparable, con escenarios a diez y veinte años revisables por instituciones independientes. Debe incluir edad efectiva de jubilación, cotizaciones, impuestos, poder adquisitivo y protección de pensiones bajas. Defender al mayor no consiste en asustarlo para conseguir su voto; consiste en no ocultarle ninguna incertidumbre. La política tiene derecho a discrepar sobre el diseño, pero no sobre la obligación de publicar números y reconocer consecuencias. Sería deseable además separar la revalorización anual prevista en la ley de debates más profundos sobre la sostenibilidad a largo plazo.
El coste que suelen ocultar las grandes promesas
Modificar las pensiones no consiste únicamente en cambiar una fórmula. Si se plantea ampliar la capitalización individual, debe explicarse de dónde sale el dinero para pagar simultáneamente las prestaciones de quienes ya están jubilados. Si se apuesta por financiar todo mediante reparto, hay que explicar las condiciones que permiten mantener la relación entre cotizantes, salarios y obligaciones. No es serio presentar ninguno de los modelos como una garantía sin riesgos. Las carreras laborales intermitentes, el trabajo de cuidados no remunerado y las pensiones mínimas obligan a diseñar mecanismos de solidaridad explícitos. Yo no aceptaría compromisos sin una memoria económica accesible y escenarios demográficos contrastados. Quiero que quien tenga setenta años pueda comprender la medida y quien tenga treinta pueda valorar su coste futuro sin necesidad de confiar ciegamente en ningún dirigente.
En el caso de las pensiones la prudencia no es tibieza, es respeto. Nadie gana si una persona mayor pasa semanas asustada por una reforma que nadie ha detallado, ni si un joven recibe garantías imposibles de comprobar. Más precisión y menos dramatismo: así debería empezar cualquier compromiso de gobierno que aspire a perdurar.
No pido soluciones milagrosas ni una sociedad donde todos pensemos igual. Pido honestidad para reconocer los problemas, capacidad para elegir prioridades y valentía para rectificar cuando una política no produce el resultado prometido. La dignidad no debería ser una palabra reservada a los discursos: debe estar presente en la forma de gestionar y rendir cuentas. Esa es la exigencia que mantendré antes de las urnas y, sobre todo, después de ellas.
Quisiera que esta reflexión se examine en sus méritos y en sus límites, no por la identidad de quien la expresa. La mejor prueba de una propuesta es su utilidad real, su respeto a los derechos de los demás y la posibilidad de corregirla cuando la experiencia contradice una buena intención.
El envejecimiento demográfico no admite una respuesta de una sola frase. Importan la participación laboral, la inmigración, la productividad y la capacidad de financiar prestaciones con ingresos sostenibles. Los responsables públicos deben diferenciar una amenaza inmediata de un desafío gradual. Si la reforma tiene ganadores y perdedores, deben explicarse las compensaciones. De otro modo, la discusión se convierte en un concurso de garantías verbales sin consecuencias verificables.