Hay una pregunta que me hago con frecuencia cuando observo nuestra economía: ¿estamos orientando suficientes recursos hacia actividades que aumentan la capacidad de producir bienes, prestar mejores servicios y crear empleo de calidad? No estoy interesado en enfrentar a unos sectores con otros mediante etiquetas morales. Los mercados financieros, por ejemplo, cumplen funciones necesarias cuando canalizan ahorro hacia proyectos útiles. El problema aparece cuando los incentivos favorecen ganancias de corto plazo sin una aportación equivalente al bienestar colectivo.
Una persona que abre un taller, moderniza una empresa, invierte en investigación o forma trabajadores asume riesgos que pueden generar valor durante años. Su recompensa económica es legítima y socialmente útil. Quiero que España sea un país donde esos esfuerzos encuentren un terreno fértil: acceso razonable a financiación, seguridad jurídica, buena formación y un sistema administrativo que no convierta cada iniciativa en una carrera de obstáculos.
El debate no se resuelve diciendo que toda inversión financiera es especulación ni que cualquier beneficio empresarial representa progreso. Hay operaciones de mercado que aportan liquidez y permiten distribuir riesgos. También hay modelos de negocio que obtienen rentas por escasez o por privilegios difíciles de justificar. La diferencia debe analizarse por sus efectos, no por eslóganes.
El problema de mirar solo al beneficio inmediato
Cuando una inversión productiva compite con alternativas que ofrecen rentabilidades rápidas y poco vinculadas a la creación de capacidad económica, puede quedar desplazada. Eso no significa que exista una solución sencilla mediante prohibiciones. Significa que debemos revisar si nuestras normas fiscales, financieras y urbanísticas favorecen proyectos duraderos o elevan innecesariamente sus costes.
Un empresario necesita saber cuánto tardará una licencia, si podrá contratar personal preparado y si tendrá reglas estables durante un plazo razonable. La incertidumbre puede hacer que una buena idea no llegue a ponerse en marcha. Ahí la política tiene responsabilidades concretas: simplificar sin eliminar garantías y evaluar cómo afectan las normas a la inversión real.
Productividad que llegue a los hogares
Crear valor no puede significar únicamente que aumente la cifra de negocio. La productividad importa porque permite producir mejor con los recursos disponibles y abre espacio para salarios más altos, precios competitivos e inversión futura. Pero esas posibilidades no se convierten automáticamente en mejoras para todos. También hacen falta competencia efectiva, negociación responsable y oportunidades para que los trabajadores participen del avance.
Por eso me preocupa tanto la calidad de la formación. Una economía moderna necesita técnicos, investigadores, profesionales sanitarios, artesanos, ingenieros y emprendedores. No todo talento pasa por una universidad y no toda innovación nace en una gran empresa. Debemos ofrecer caminos diversos para que una persona pueda mejorar sus capacidades a lo largo de la vida.
Una política industrial que aprenda de sus errores
Las ayudas públicas pueden ser útiles si corrigen fallos identificables del mercado, pero también pueden convertirse en transferencias permanentes sin resultados. Yo exigiría objetivos claros, plazos, evaluación independiente y mecanismos para retirar apoyos ineficaces. No me interesa subvencionar titulares; me interesa comprobar si una intervención genera actividad, empleo, conocimiento y capacidades que permanecen.
España no necesita elegir entre inversión y justicia social. Necesita una economía productiva precisamente para sostener mejor la justicia social. Si premiamos la innovación y el trabajo útil, protegemos la competencia y eliminamos privilegios, tendremos más posibilidades de crear prosperidad real. Esa es la riqueza que quiero fomentar: la que no vive solo de cambiar de manos, sino de mejorar lo que somos capaces de hacer.
La pequeña empresa ocupa un lugar especialmente importante en esta reflexión. Sus recursos para innovar suelen ser más limitados y cualquier retraso administrativo puede pesar proporcionalmente más que en una gran organización. Un sistema de financiación accesible, trámites predecibles y formación técnica disponible pueden marcar una diferencia decisiva. No propongo privilegios para un tamaño concreto de empresa; propongo condiciones de competencia donde las buenas ideas no mueran antes de llegar al mercado por una carga inicial innecesaria.
Quiero insistir también en que producir más no justifica producir de cualquier manera. La sostenibilidad ambiental, la seguridad laboral y el cumplimiento de obligaciones son parte de una economía moderna. Cuando una empresa compite ignorando esos costes mientras otra los asume con responsabilidad, el mercado pierde calidad. Las reglas deben proteger el interés general y aplicarse de manera proporcionada. Lo que debemos revisar no es la necesidad de garantías, sino la existencia de obstáculos que no añaden protección real.
La política económica debe resistir la tentación de perseguir una única actividad de moda. La innovación puede aparecer en la agricultura, en los cuidados, en una fábrica, en el turismo o en una pequeña empresa de servicios. El criterio debería ser su capacidad para generar conocimiento, productividad, empleo y bienestar duraderos. Una España que aspire a prosperar necesita respetar tanto al investigador que descubre algo nuevo como al profesional que perfecciona un trabajo de toda la vida.