Cuando una persona enferma espera una prueba, no le importa cuántos departamentos figuran en el presupuesto. Le importa que la atiendan a tiempo y con humanidad. Cuando una familia solicita una ayuda o un certificado, no necesita comprender las competencias cruzadas de varias oficinas. Necesita una respuesta justa y accesible. La distancia entre lo que financian los ciudadanos y lo que experimentan cuando necesitan un servicio público es, para mí, una de las cuestiones fundamentales de la política.
No me interesa repetir la discusión estéril entre un Estado grande y uno pequeño. Quiero un Estado que funcione. Eso exige personal cualificado, planificación, sistemas digitales útiles y una distribución de recursos que responda a las necesidades reales.
En sanidad, por ejemplo, un indicador de espera aislado resulta insuficiente si no sabemos qué tipos de procesos incluye, cuál es su urgencia o cómo se distribuye territorialmente. Una mejora auténtica requiere combinar información clínica, experiencia del paciente y disponibilidad de profesionales. En educación sucede algo parecido: no basta con contar aulas o dispositivos digitales, porque importan el aprendizaje, la inclusión y la permanencia del alumnado. La medición debe servir para descubrir dificultades y ofrecer apoyo, nunca para maquillar cifras a costa de usuarios o trabajadores.
Además, la calidad institucional necesita continuidad. Cada cambio de gobierno puede traer prioridades legítimas, pero sería perjudicial que las unidades técnicas tuvieran que comenzar de nuevo cada pocos años. Propongo objetivos públicos plurianuales, evaluación externa cuando proceda y mecanismos de revisión transparentes. También contratos tecnológicos interoperables que no dejen a una administración atrapada durante décadas en un proveedor. Es menos vistoso que inaugurar edificios, pero puede mejorar cada día el trabajo de miles de profesionales.
Distinguir profesionales de estructuras
La enfermera que atiende de madrugada, el profesor que acompaña a un alumno, el trabajador social que gestiona una urgencia y el funcionario que resuelve correctamente un expediente prestan servicios esenciales. Reducir burocracia nunca debería confundirse con despreciar su trabajo. Muchas veces son ellos quienes sufren procedimientos obsoletos y herramientas incompatibles.
El problema aparece cuando el sistema obliga a repetir datos, produce controles duplicados o mide su actividad por expedientes tramitados en lugar de problemas resueltos. Si liberamos horas administrativas sin perder garantías, los profesionales podrán dedicar más tiempo a aquello para lo que fueron contratados.
Excelente no significa solamente más caro
Un servicio público excelente necesita recursos suficientes, pero gastar más no garantiza automáticamente mejores resultados. Hay que mirar tiempos de espera, resultados clínicos, continuidad educativa, satisfacción del usuario, seguridad y desigualdades territoriales. Los indicadores deben ajustarse al contexto para no penalizar injustamente a los centros que atienden casos más complejos.
También exige decisiones difíciles: modernizar instalaciones, revisar tareas que no aportan valor y corregir contratos que generan costes sin beneficios equivalentes. La digitalización puede ayudar, siempre que exista alternativa para las personas mayores o con dificultades tecnológicas. Una administración rápida que excluye al ciudadano vulnerable no es excelente.
Profesionalizar y proteger el mérito
Creo en procedimientos de selección y promoción transparentes, formación permanente y evaluación organizativa respetuosa con los derechos laborales. Me preocupan los nombramientos o reorganizaciones motivados únicamente por cambios políticos cuando afectan a servicios que requieren continuidad técnica. La administración debería preservar conocimiento y experiencia mientras exige responsabilidad.
La participación de los trabajadores es imprescindible para detectar problemas reales. Quien conoce un servicio desde dentro suele saber dónde se pierden horas y dónde faltan recursos. Las mejoras duraderas se construyen escuchando y midiendo, no imponiendo desde un despacho.
El ciudadano como medida
La discusión presupuestaria debe seguir siendo rigurosa. No podemos prometer capacidad ilimitada con ingresos limitados. Pero la austeridad que recorta lo esencial mientras tolera procesos inútiles tampoco representa buena gestión. Prefiero revisar los sistemas antes de pedir sacrificios a los usuarios o a los profesionales.
Mi idea es sencilla: un Estado se gana la confianza cuando trata bien, responde a tiempo y reconoce sus errores. La excelencia pública no consiste en exhibir edificios o multiplicar formularios, sino en que la persona que cruza una puerta administrativa salga con un problema menos y con su dignidad intacta.