Reconocer una realidad económica
Mi punto de partida es económico, pero no únicamente económico. En mi estudio recojo que la Seguridad Social registró en agosto de 2026 una media de 3.551.759 afiliados extranjeros. Son personas que trabajan en sectores muy diversos, participan en la actividad productiva y sostienen servicios y empresas. Esa cifra no explica por sí sola todas las necesidades futuras, ni convierte a cada inmigrante en una unidad de mano de obra. Sí obliga a rechazar el relato según el cual la inmigración es ajena al funcionamiento de nuestra economía.
España afronta envejecimiento, desequilibrios territoriales y carencias concretas de personal. Pero una escasez laboral no debería servir para congelar salarios o renunciar a formar a trabajadores residentes. Por eso propongo estudiar al mismo tiempo la oferta de empleo, las condiciones contractuales, la vivienda disponible y la capacidad de los servicios públicos. Una política migratoria seria debe evitar la falsa alternativa entre cerrar la puerta a todo el mundo y abrirla sin saber qué puede ofrecer cada territorio.
Entrar con oportunidades reales
Defiendo vías legales vinculadas a empleo, estudios, capacitación y proyectos empresariales verificables. Si una persona conoce antes de viajar las condiciones de su contratación, sus derechos y las obligaciones que asumirá, reducimos la vulnerabilidad ante intermediarios abusivos. Es preferible un itinerario transparente de autorización y acogida que condenar a miles de personas a buscar oportunidades en circuitos clandestinos. La Administración tiene que poder tramitar sin demoras injustificadas y comprobar que las ofertas no son ficticias.
Las empresas que contraten deberán respetar salarios, jornadas, prevención de riesgos y cotizaciones. También hace falta inspeccionar a quienes explotan mano de obra extranjera o utilizan la amenaza de una denuncia administrativa para imponer condiciones indignas. Mi defensa de la inmigración legal no implica ofrecer ventajas competitivas a base de precariedad; todo lo contrario. Si un trabajador extranjero cobra menos por miedo o falta de alternativas, el perjuicio alcanza a toda la profesión y a la comunidad en la que vive.
Las responsabilidades también importan
La integración requiere obligaciones comunes: respeto a la Constitución, igualdad jurídica, escolarización obligatoria cuando corresponda, rechazo de la violencia y cumplimiento de deberes fiscales y laborales. No considero que estas exigencias sean hostilidad hacia una cultura. Son las condiciones que protegen por igual a quien nació aquí y a quien llegó ayer. La pluralidad puede enriquecer a España cuando las diferencias conviven dentro de derechos compartidos.
También defiendo que las instituciones tengan capacidad para identificar situaciones irregulares y resolverlas de forma individual. Quien no reúne las condiciones legales de permanencia puede quedar sujeto a un retorno conforme a las garantías aplicables. La posibilidad efectiva de pedir asilo, detectar trata y proteger al menor no desaparece porque una frontera esté bajo presión. Un gobierno responsable debe preparar esas capacidades antes de que una emergencia provoque decisiones precipitadas.
La reciprocidad de una sociedad adulta
A mi juicio, la reciprocidad consiste en que España ofrezca normas transparentes, seguridad jurídica y servicios públicos eficaces, mientras quienes viven aquí respetan las normas comunes. No consiste en sospechar colectivamente de una nacionalidad ni en negar la protección a quien la necesita. Quiero combatir tanto la irregularidad como las injusticias que hacen rentable la explotación. Y quiero que esa lucha se explique con datos, sin alimentar resentimientos que no resuelven ningún problema.
Mediría la inserción laboral, la formación, la estabilidad de los contratos, el aprendizaje del idioma y la situación de los servicios locales. Si un programa no mejora ninguno de estos resultados, lo revisaría. España necesita una conversación adulta sobre inmigración, capaz de reconocer beneficios y costes, derechos y deberes, sin reducir a las personas a consignas. Mi propuesta no es elegir entre economía y humanidad: es organizar las dos con responsabilidad.
Los indicadores que no engañan
Querría saber cuántas autorizaciones legales se tramitan dentro de plazo, cuántos trabajadores encuentran empleo compatible con su formación y qué sectores siguen registrando vacantes por condiciones laborales insuficientes. También separaría las cotizaciones efectivas de las meras previsiones de crecimiento: ninguna persona se convierte en contribuyente por el simple hecho de figurar en un programa. Las ayudas de integración tendrían que medirse por sus resultados verificables y por las oportunidades que abren, no por el número de anuncios institucionales.
La opinión pública merece comparaciones rigurosas. Los costes asociados a servicios, formación o vivienda deben explicarse junto a la contribución laboral y fiscal, utilizando periodos y criterios transparentes. Sería un error sumar todos los beneficios esperados y ocultar los gastos necesarios; sería igualmente falso contabilizar solo gastos y negar la actividad económica real de quienes trabajan. Mi objetivo es evitar que la inmigración sirva de pantalla para no reformar salarios, formación o servicios públicos. Una buena política migratoria debe mejorar el funcionamiento general del país.
Una responsabilidad verificable
El respeto debe incluir tanto a quienes llegan como a quienes ya están trabajando y tienen dificultades para vivir de su salario. Buscaría respuestas económicas verificables, no eslóganes que atribuyan a un solo colectivo problemas complejos.
Este artículo recoge mis reflexiones personales a partir de la Propuesta Nacional nº 5, «Inmigración regulada, integración y responsabilidad». Las medidas expuestas son ideas de reforma y no normas actualmente aprobadas.