En vísperas de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026, considero necesario hablar de inflación y bienestar sin refugiarse en consignas. El dato macroeconómico y la experiencia diaria no siempre evolucionan juntos. Me interesa lo que sucede cuando termina la rueda de prensa: cuando alguien regresa a casa, hace cuentas y trata de organizar su futuro. La política tendría que empezar ahí, en las consecuencias concretas de sus decisiones, y no en la competición por pronunciar la frase más sonora.
Dos Españas en una estadística
El Banco de España anticipa crecimiento económico en 2026 y alerta simultáneamente de presiones sobre los precios. Ambas cosas pueden ocurrir a la vez: la actividad productiva aumenta, pero la renta disponible real no mejora igual para todos. Me parece un error negar los avances por motivos partidistas. También lo es utilizar esos avances para silenciar las dificultades de quienes compran alimentos, pagan hipotecas o sostienen a familiares.
El peso de los gastos inevitables
No todos los incrementos de precio afectan del mismo modo. La energía y la vivienda son costes difíciles de esquivar; cuando suben, reducen el margen para ahorrar, formarse o emprender. La política pública debería mirar con especial atención cómo cambian los gastos esenciales según renta, territorio y tamaño del hogar. Una media nacional puede esconder situaciones de vulnerabilidad muy distintas.
Crecimiento de calidad
La salida no consiste en despreciar la inversión o la empresa. Al contrario: necesitamos innovación, productividad y competencia para mejorar los ingresos de manera duradera. Pero también hace falta eliminar cuellos de botella que restringen vivienda, movilidad y servicios. Las decisiones públicas deben tener indicadores y evaluaciones posteriores, de modo que la sociedad sepa qué funciona y qué no.
El país que quiero medir
Yo celebraría una economía que crece si también crece la autonomía real de sus ciudadanos: la capacidad de pagar gastos, ahorrar un poco, cuidar a la familia y planificar el futuro. La prosperidad no debería quedarse en las gráficas. Su prueba más convincente sería una conversación tranquila alrededor de la mesa al final del mes.
Dos termómetros para la misma economía
El producto interior bruto registra producción y actividad, pero la renta disponible y los precios determinan qué puede comprar un hogar. El INE confirmó que el IPC de septiembre creció un 4,9% interanual, dato que ayuda a entender por qué la percepción cotidiana puede diferir del titular macroeconómico. El crecimiento agregado no es una mentira; tampoco una prueba automática de bienestar repartido. Para analizar esa distancia conviene observar ingresos por grupos, salarios reales, alquileres, deuda familiar y desigualdad territorial, sin elegir solo el dato que favorece una posición política.
Hacer visible la distribución del progreso
Yo publicaría un cuadro sencillo que explique cada trimestre qué sucede con una familia de ingresos bajos, una de ingresos medios, una persona mayor y un autónomo. No para encasillarlos, sino para mostrar efectos distintos. Sería útil combinar esas cifras con gasto público efectivo en servicios esenciales y con oportunidades de movilidad social. Un país puede producir más y aun así fallar en la transmisión de ese progreso. La respuesta correcta no es renunciar al crecimiento: es quitar obstáculos para que se traduzca en salarios, vivienda accesible, servicios de calidad y capacidad real de ahorrar.
La cifra que no cabe en un titular
Una tasa nacional de crecimiento integra situaciones personales muy diferentes. Quien acaba de encontrar empleo puede vivir una mejora real; quien ha visto renovar su contrato de alquiler en un contexto de inflación elevada puede sentirse peor aunque el indicador agregado sea favorable. El dato del INE del 4,9 % interanual en septiembre recuerda la importancia de analizar ingresos y precios juntos. Me gustaría disponer de tableros sencillos con evolución de salarios reales, disponibilidad de vivienda, gastos esenciales, ahorro y acceso a servicios, con desagregaciones que permitan comprobar a quién beneficia una fase expansiva. No pretendo sustituir la estadística por anécdotas, sino hacer que las estadísticas iluminen las experiencias que ocultan los promedios. Un país puede crecer bien y distribuir sus oportunidades mal; reconocerlo es el primer paso para corregirlo.
La economía no es una ceremonia de cifras abstractas. Detrás del consumo hay familias; detrás de la inversión, personas que arriesgan; detrás del empleo, vidas que buscan estabilidad. Por eso la pregunta más importante no es únicamente cuánto crecemos, sino qué puertas abre ese crecimiento a quienes llevan años esperando.
No pido soluciones milagrosas ni una sociedad donde todos pensemos igual. Pido honestidad para reconocer los problemas, capacidad para elegir prioridades y valentía para rectificar cuando una política no produce el resultado prometido. La dignidad no debería ser una palabra reservada a los discursos: debe estar presente en la forma de gestionar y rendir cuentas. Esa es la exigencia que mantendré antes de las urnas y, sobre todo, después de ellas.
Quisiera que esta reflexión se examine en sus méritos y en sus límites, no por la identidad de quien la expresa. La mejor prueba de una propuesta es su utilidad real, su respeto a los derechos de los demás y la posibilidad de corregirla cuando la experiencia contradice una buena intención.
Podemos celebrar exportaciones, inversión y empresas dinámicas sin perder de vista a quienes no perciben esas mejoras. La distribución del crecimiento depende de empleo, cualificación, competencia y costes de vida. Una política económica útil debe facilitar productividad, movilidad y servicios que liberen tiempo. El debate no es crecimiento o justicia: es cómo conseguir que ambos avances se refuercen.