España puede crecer económicamente y, al mismo tiempo, dejar a millones de personas sin la tranquilidad necesaria para construir una vida digna. Como economista, creo que ha llegado el momento de medir el progreso de otra manera: no solamente por la riqueza que produce un país, sino por la calidad de vida que esa riqueza permite alcanzar a sus ciudadanos.
Hay algo que me preocupa profundamente cuando escucho hablar del éxito económico de España. Nos presentan cifras de crecimiento, estadísticas de empleo y previsiones macroeconómicas como pruebas de que estamos avanzando. Y puede que, desde una perspectiva estrictamente económica, algunos de esos datos sean positivos.
Pero yo siempre me hago una pregunta mucho más sencilla: ¿está viviendo mejor la gente?
Porque detrás de cada porcentaje hay personas. Hay trabajadores que madrugan todos los días y aun así tienen dificultades para pagar su vivienda. Hay autónomos que mantienen sus negocios con sacrificios enormes. Hay jóvenes que trabajan, estudian y se esfuerzan, pero no consiguen independizarse. Y hay personas mayores que, después de toda una vida contribuyendo a nuestra sociedad, deben calcular cuidadosamente cada gasto.
No quiero una España donde sobrevivir económicamente se confunda con vivir dignamente. Y mucho menos quiero acostumbrarme a ello.
Las cifras económicas no cuentan toda la historia
Según la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística, publicada en febrero de 2026, el 25,7 % de la población española se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social en 2025 (INE, Encuesta de Condiciones de Vida). La cifra mejoró ligeramente respecto al 25,8 % del año anterior, pero sigue representando una realidad social extraordinariamente preocupante.
No significa que todas esas personas estén en situación de pobreza extrema. El indicador combina diferentes dimensiones de vulnerabilidad económica y social. Pero sí nos recuerda que una parte muy importante de nuestra sociedad continúa viviendo bajo condiciones de inseguridad o desventaja.
Al mismo tiempo, la Encuesta Anual de Estructura Salarial del INE muestra que el salario medio anual en España alcanzó los 29.540 euros brutos en 2024. Es una mejora respecto al ejercicio anterior. Sin embargo, el salario medio no describe por sí solo cuánto queda disponible después de impuestos, vivienda, transporte, alimentación y otros gastos inevitables.
Ahí está, para mí, una de las grandes contradicciones de nuestro modelo económico. Podemos registrar crecimiento, mejorar algunos indicadores y, sin embargo, seguir teniendo una sociedad donde demasiadas personas sienten que trabajan principalmente para pagar las facturas. Y eso debería preocuparnos a todos, con independencia de nuestras preferencias políticas.
La vivienda se está convirtiendo en una frontera social
Cuando una persona joven consigue su primer empleo, debería sentir que comienza una etapa de independencia. Que su trabajo le permitirá construir un hogar, desarrollar proyectos y avanzar. Sin embargo, para muchos jóvenes españoles, tener empleo ya no garantiza esa posibilidad.
La vivienda ha dejado de ser solamente una cuestión inmobiliaria para convertirse en un problema de movilidad social, emancipación y estabilidad familiar.
La falta de oferta residencial suficiente, especialmente en determinadas áreas urbanas y turísticas, contribuye a tensionar los precios. El debate público de 2026 continúa señalando el desequilibrio entre la formación de nuevos hogares y el ritmo de construcción como uno de los problemas estructurales del mercado.
Como economista, considero que cualquier solución seria debe empezar por reconocer esa realidad. Necesitamos más vivienda donde existe demanda, procedimientos urbanísticos más ágiles, mejores infraestructuras, colaboración público-privada y una estrategia sostenida de vivienda asequible.
También necesitamos proteger los derechos de propietarios e inquilinos, combatir los abusos y ofrecer seguridad jurídica. Una política que enfrente sistemáticamente a unos ciudadanos con otros difícilmente resolverá un problema que requiere inversiones, confianza y planificación.
Pero quiero ir más allá de la cuestión técnica. Una sociedad donde una persona trabaja y no puede permitirse un hogar está comprometiendo algo mucho más importante que el mercado inmobiliario: está comprometiendo su propio futuro.
La igualdad no basta cuando las oportunidades son diferentes
Siempre he defendido que existe una diferencia fundamental entre igualdad y equidad. La igualdad pretende garantizar un mismo trato. La equidad reconoce que las personas no siempre comienzan desde las mismas circunstancias y que, para alcanzar oportunidades reales, a veces necesitan apoyos diferentes.
No es lo mismo un joven que puede vivir durante años en una vivienda familiar mientras ahorra que otro que debe mantener a sus padres o pagar un alquiler desde el primer día. Tampoco es lo mismo emprender disponiendo de patrimonio familiar que hacerlo arriesgando todos los ahorros de una vida.
Podemos ofrecer formalmente las mismas oportunidades a ambos, pero eso no significa que sus posibilidades reales sean equivalentes. Por eso defiendo una economía que incorpore la equidad como principio de desarrollo.
No quiero eliminar las diferencias que nacen del talento, el esfuerzo, la creatividad o el riesgo empresarial. Creo en la libertad económica, en la iniciativa privada y en el derecho a prosperar. Lo que no puedo aceptar es que el origen social, la enfermedad, la discapacidad o una dificultad sobrevenida condenen a una persona a vivir sin horizonte.
La función de una sociedad avanzada debería consistir en eliminar obstáculos injustos, no en prometer resultados idénticos.
Un país no prospera de verdad si sus autónomos y trabajadores viven asfixiados
Con frecuencia observo que el debate económico español enfrenta artificialmente a trabajadores y empresarios, como si sus intereses fueran siempre incompatibles. No comparto esa visión.
Detrás de una pequeña empresa suele existir una persona que arriesga su patrimonio, soporta incertidumbre, asume obligaciones administrativas y trata de generar actividad económica. Detrás de cada nómina existe otra persona que aporta trabajo, tiempo, experiencia y esfuerzo para sostener esa actividad. Ambas forman parte del mismo proceso de creación de riqueza.
Por eso creo que necesitamos revisar cómo distribuimos las cargas fiscales, cómo apoyamos la productividad y cómo facilitamos que el crecimiento de las empresas se traduzca también en mejores condiciones laborales.
No basta con exigir salarios más altos si las empresas carecen de productividad suficiente para sostenerlos. Pero tampoco basta con celebrar beneficios empresariales si los trabajadores no participan de una mejora razonable del bienestar.
Necesitamos políticas que permitan crear más valor y repartir mejor las oportunidades de prosperar. Y eso implica educación, inversión, innovación, competencia, seguridad jurídica y administraciones más eficientes. No existen soluciones mágicas. Existen decisiones económicas que pueden acercarnos o alejarnos de una sociedad más próspera.
El bienestar no debería medirse únicamente en euros
Hay otra dimensión que considero fundamental. A veces una persona tiene ingresos suficientes, pero vive agotada. No dispone de tiempo para sus hijos, apenas puede descansar o siente que toda su existencia gira alrededor de obligaciones. ¿Podemos llamar bienestar a eso?
Para mí, vivir bien significa algo más que cubrir necesidades materiales. Significa disponer de tiempo para compartir con quienes amamos. Poder cuidar nuestra salud. Tener acceso a espacios públicos dignos, sentirnos seguros, disfrutar de nuestro entorno y saber que una dificultad inesperada no destruirá todo lo que hemos construido.
Significa también poder envejecer sin miedo a convertirse en una carga y atravesar una enfermedad sin perder la dignidad. La economía debería servir para hacer posibles esas condiciones de vida. Nunca al contrario.
Por eso me interesa impulsar una visión de desarrollo y crecimiento socioeconómico integral, donde los indicadores tradicionales se complementen con medidas de bienestar, oportunidades, cohesión social y calidad de vida.
El PIB seguirá siendo importante. La productividad también. La inversión y la sostenibilidad de las cuentas públicas, igualmente. Pero ninguno de esos indicadores debería convertirse en el objetivo final de nuestra convivencia. Son instrumentos. El objetivo son las personas.
Mi idea de una España que merece vivir mejor
No creo que España necesite más discursos que enfrenten a ciudadanos, generaciones o sectores económicos. Necesita objetivos sociales claros, políticas evaluables y una mayor responsabilidad sobre sus resultados.
Me gustaría que, cuando un gobierno anunciara un éxito económico, también explicara cuántas familias han mejorado su capacidad de ahorro, cuántos jóvenes han podido emanciparse, cuánto ha aumentado la renta disponible de los trabajadores o cuántas personas han dejado atrás una situación de vulnerabilidad.
Me gustaría que nuestros ayuntamientos, comunidades autónomas y Gobierno central compartieran esa manera de entender el progreso, respetando sus distintas competencias. Y me gustaría, sobre todo, que dejáramos de considerar inevitable que una parte de nuestra sociedad viva permanentemente al límite.
No pretendo una sociedad sin dificultades. Sería una promesa irresponsable. Aspiro a una sociedad donde las dificultades no condenen a las personas, donde el esfuerzo tenga posibilidades reales de prosperar y donde el bienestar no dependa exclusivamente de la fortuna de haber nacido en una familia determinada.
Esa es mi manera de entender el liberalismo humanista: defender la libertad individual y la creación de riqueza sin perder nunca de vista la dignidad humana. Porque la libertad económica resulta mucho más valiosa cuando permite que más ciudadanos construyan su propio proyecto de vida.
Y porque una sociedad verdaderamente avanzada no es aquella donde unos pocos pueden vivir extraordinariamente bien. Es aquella donde vivir dignamente deja de ser un privilegio y se convierte en una posibilidad real para todos.