Hay decisiones fiscales que parecen simples cuando se resumen en un porcentaje. Yo prefiero analizarlas desde sus efectos sobre personas, empresas y servicios públicos. La pregunta económica exige datos y contrafactuales, no una respuesta convertida en consigna. En mi Propuesta Nacional nº 1 he defendido una arquitectura coordinada: el IRPF, el Impuesto sobre Sociedades y el tratamiento de determinados dividendos deben estudiarse juntos, no como tres piezas inconexas. Mis convicciones liberales no me autorizan a prometer resultados que todavía no están demostrados. Por eso considero imprescindible comparar el efecto inmediato sobre la recaudación con los cambios de comportamiento que podrían aparecer después.
Tipos y bases no son lo mismo
La recaudación de un impuesto depende de la base gravada, del tipo efectivo, del cumplimiento y del momento económico. Un tipo menor puede reducir la cuota de una empresa ya existente, pero también influir en su declaración de beneficios y sus planes futuros. La clave es la magnitud de cada respuesta. Que una rebaja tributaria incentive actividad no implica que se autofinancie. Mi propia propuesta IRPF 10 rechaza esa afirmación automática y reconoce una disminución estática importante de ingresos directos.
Qué necesitaríamos observar
Para evaluar Sociedades al 10 % habría que estimar beneficios sujetos, distribución sectorial, deducciones vigentes y decisiones empresariales. Después separaríamos la actividad verdaderamente nueva de la que simplemente cambia de ubicación o forma jurídica. En dividendos, estudiaríamos cuánto aumenta el reparto y qué parte se dirige a proyectos productivos. En IVA y cotizaciones, únicamente contaríamos recaudación adicional razonablemente atribuible a la reforma. El debate se vuelve más honesto cuando los supuestos se pueden cuestionar públicamente.
Los costes del error
Si el crecimiento no responde como esperamos, una reducción permanente de impuestos puede aumentar el déficit, exigir deuda o presionar servicios públicos. Hay que anticipar ese escenario. También existe un coste de oportunidad en mantener un sistema que desincentiva inversión o actividad declarada, aunque es más difícil de cuantificar. La economía política consiste precisamente en comparar riesgos, beneficios y alternativas bajo incertidumbre. No me parece aceptable prometer un milagro fiscal ni descartar una reforma solo porque rompe con los esquemas habituales.
Una evaluación que pueda rectificar
Defendería una implementación acompañada de memorias independientes, indicadores públicos y revisiones periódicas. Un ensayo gradual donde resulte jurídicamente viable puede ofrecer evidencia antes de extender una medida. Establecer cláusulas de evaluación no significa desconfiar del ciudadano, sino respetar el dinero público. Quiero que el debate fiscal español madure: menos certezas absolutas y más preguntas contrastables. La libertad económica debe medirse por las oportunidades reales que genera, y la responsabilidad presupuestaria por su capacidad para sostenerlas.
Consecuencias que conviene anticipar
Un escenario económico útil no debe limitarse a una cifra central. Necesitamos un escenario prudente, otro intermedio y uno favorable, con supuestos explícitos sobre crecimiento de bases, cambios de comportamiento, afloramiento de actividad y respuesta de la inversión. Esas trayectorias permiten comprender en qué circunstancias la reforma es sostenible y en cuáles requeriría medidas adicionales. El objetivo no es producir un número atractivo para una portada, sino identificar riesgos que el legislador pueda gestionar.
La evidencia comparada necesita igualmente cautela. Si un país redujo impuestos y después creció, pueden existir factores adicionales como el ciclo europeo, las exportaciones o políticas de inversión. No debemos atribuir un resultado a una única causa por coincidencia temporal. Para mí, el respeto al ciudadano implica reconocer lo que sabemos y lo que todavía investigamos. La responsabilidad de proponer cambios profundos incluye el compromiso de explicar sus costes con el mismo interés que sus beneficios.
La prueba decisiva
La reforma debe modelizar respuestas de cumplimiento, elasticidades y comportamiento de sociedades vinculadas. Un crecimiento simultáneo de la recaudación no basta para probar causalidad: habría que compararlo con la evolución que probablemente habría sucedido sin la medida.
La mejor defensa de una propuesta económica no es negar sus riesgos, sino definir cómo sabremos si está funcionando. Me gustaría que España pudiera discutir reformas profundas sin convertir cada cifra en una trinchera. Quiero empresas fuertes, ciudadanos con autonomía y unos servicios públicos que respondan cuando se los necesita. Si los resultados confirman los efectos positivos, habrá razones para perseverar; si las evidencias contradicen nuestras hipótesis, tendremos la obligación de rectificar. Eso es para mí gobernar con responsabilidad: libertad para crear y humanidad para decidir a quién debe beneficiar el progreso.