He escuchado muchas conversaciones en las que el empresario, el funcionario y el trabajador aparecen como representantes de mundos enfrentados. Se habla de ellos como si sus intereses fueran siempre incompatibles y como si cada uno conociera únicamente una parte egoísta de la realidad. Esa simplificación nos empobrece. Las personas ocupan papeles distintos y, a veces, varios de ellos a lo largo de su vida.
Una empresa necesita reglas comprensibles y estabilidad para planificar. Un empleado espera condiciones dignas, seguridad y oportunidades de desarrollo. Un funcionario debe actuar con imparcialidad, cumplir procedimientos y prestar servicios conforme a la ley. Ninguna de esas preocupaciones puede ignorarse cuando diseñamos una política pública. Todas merecen ser escuchadas, aunque no siempre conduzcan a la misma conclusión.
Mi trayectoria como economista y empresario me ha permitido conocer problemas concretos de organización y costes. Por eso me acerqué a PARTIDO AUTÓNOMOS con la intención de aportar experiencia, sin pretender hablar en nombre de todas las empresas ni de sus trabajadores. Me interesa más abrir conversaciones útiles que alimentar el enfrentamiento entre categorías profesionales.
Pensemos en un trámite administrativo que retrasa una inversión. El empresario puede describir el efecto del retraso. El funcionario puede explicar los controles legales que debe cumplir y la falta de recursos humanos disponible. El trabajador puede señalar qué consecuencias tendría tanto la demora como una autorización precipitada. Escuchar las tres perspectivas permite formular una pregunta mejor: ¿cómo conservar las garantías y reducir el tiempo innecesario?
Sería ingenuo pensar que todos los conflictos se resuelven con buena voluntad. Existen intereses materiales distintos, responsabilidades desiguales y desacuerdos legítimos sobre cómo repartir costes y beneficios. Precisamente por eso es importante definir procedimientos de negociación transparentes. Sentarse a una mesa no obliga a renunciar a los propios derechos, sino a reconocer que la otra parte también tiene razones que deben examinarse.
Cuando hablo de colaboración entre sectores, no propongo que la administración se someta a la empresa ni que la empresa sustituya el control público. Cada institución cumple una función diferente. La administración debe proteger el interés general y aplicar la ley. Las empresas generan actividad económica bajo obligaciones comunes. Los trabajadores aportan conocimientos y esfuerzo y tienen derechos que merecen garantías efectivas.
También importa quién no está sentado a la mesa. Un acuerdo entre grandes organizaciones podría dejar fuera a autónomos, empresas familiares, trabajadores precarios o usuarios de un servicio. Para evitarlo, necesitamos representación plural y publicar los criterios utilizados para seleccionar a los participantes. No basta con exhibir una fotografía de consenso; hay que explicar qué problema se abordó y qué resultado se espera.
Me gustaría que el diálogo social se tradujera en medidas examinables: reducir pasos redundantes en un procedimiento, mejorar la información disponible para los ciudadanos o probar nuevos modelos de coordinación administrativa. Cada propuesta debería incorporar plazos de evaluación y datos que permitan saber si ha funcionado. La buena intención no sustituye a un resultado comprobable.
La cooperación no elimina la necesidad de disentir. Cuando existan desacuerdos profundos, la deliberación democrática debe resolverlos mediante las instituciones y reglas correspondientes. Los expertos aportan elementos de juicio; no reemplazan la legitimidad de las decisiones públicas ni la voz de quienes resultan afectados.
En ocasiones me preguntan si creo posible una política con menos enfrentamiento. No tengo una fórmula universal. Sí creo que la calidad de nuestros desacuerdos puede mejorar si dejamos de convertir las profesiones en bandos y empezamos a plantear problemas concretos. Podemos disentir sobre una medida y colaborar para comprender sus efectos.
Quiero una sociedad donde la experiencia profesional sirva para acercar preguntas difíciles a las instituciones, no para establecer jerarquías entre personas. Cuando empresario, funcionario y trabajador se reconocen mutuamente como ciudadanos, la conversación comienza a parecerse más a la democracia que necesitamos.