España ha alcanzado un nuevo máximo histórico en el número de trabajadores, con 22,8 millones de personas ocupadas según la Encuesta de Población Activa del tercer trimestre de 2026. Sin embargo, este dato, que a primera vista podría interpretarse como una señal inequívoca de progreso, convive con un aumento del paro en 95.900 personas durante el mismo periodo, elevando la tasa de desempleo al 10,2%. Esta dualidad me lleva a cuestionar qué tipo de empleo se está creando y qué implicaciones tiene para quienes forman parte del mercado laboral.
Desde mi perspectiva, no basta con celebrar cifras absolutas de empleo sin analizar la calidad y estabilidad de esos puestos de trabajo. El crecimiento del empleo ha estado acompañado por un incremento significativo de la población activa, impulsado en gran medida por la incorporación de trabajadores extranjeros, muchos de ellos regularizados recientemente tras haber estado en la economía sumergida. Esto refleja un mercado laboral en transformación, donde la demografía y la migración juegan un papel crucial ante el envejecimiento de la población autóctona.
No obstante, el aumento del paro, especialmente entre españoles y extranjeros, señala que muchas personas siguen enfrentando dificultades para acceder a un empleo digno o para mantenerlo. La reducción del desempleo de larga duración es una buena noticia, pero el crecimiento de hogares con todos sus miembros activos en paro indica que la vulnerabilidad persiste en sectores de la sociedad.
Además, la composición del empleo muestra matices importantes. El empleo a tiempo completo ha crecido, mientras que el empleo a tiempo parcial ha disminuido, y el número de contratos indefinidos ha aumentado, aunque también lo han hecho los temporales. La reforma laboral de 2021 parece haber contribuido a reducir la temporalidad, situándola en niveles cercanos a la media europea, pero la precariedad laboral sigue siendo una preocupación real para muchos trabajadores.
En este contexto, la calidad del empleo debe ser una prioridad. No podemos conformarnos con que más personas tengan un trabajo si ese empleo no garantiza estabilidad, protección social ni condiciones que permitan una vida digna. La precariedad, la estacionalidad y la falta de oportunidades para la formación y la movilidad profesional limitan el bienestar de los trabajadores y su capacidad para planificar el futuro.
Por otra parte, la economía sumergida y la explotación laboral, especialmente entre la población migrante, distorsionan el mercado y perjudican a todos. La regularización de miles de trabajadores es un paso positivo, pero debe ir acompañada de políticas que promuevan la integración laboral efectiva y la protección de derechos.
La transición hacia un mercado laboral más justo y dinámico requiere políticas que faciliten la movilidad entre empleos y sectores, que reconozcan las competencias adquiridas y que apoyen a quienes pierden su trabajo. La formación continua y la adaptación a los cambios tecnológicos, como la inteligencia artificial, son esenciales para que los trabajadores puedan afrontar los retos actuales y futuros.
Finalmente, el empleo no puede desvincularse de otras dimensiones del bienestar, como el acceso a una vivienda asequible, la salud y la educación. La dificultad para emanciparse o para mantener un hogar digno afecta directamente la calidad de vida y la estabilidad social. Por eso, las políticas laborales deben integrarse con estrategias sociales y económicas que permitan a las personas no solo trabajar, sino vivir bien.
En definitiva, el récord de empleo en España es un dato relevante, pero no suficiente para medir el progreso. La realidad laboral es compleja y requiere un análisis que vaya más allá de las cifras, que considere la calidad del empleo, las condiciones de vida de los trabajadores y las políticas necesarias para construir un mercado laboral inclusivo y sostenible. Solo así podremos avanzar hacia una España donde el trabajo sea sinónimo de dignidad y oportunidad para todos.