Vivimos rodeados de indicadores de rendimiento: facturación, horas trabajadas, crecimiento, eficiencia y objetivos alcanzados. Muchos son útiles para administrar una organización y evaluar una política. El error comienza cuando trasladamos esa lógica a la dignidad de las personas. Una persona recién nacida, un paciente que se recupera o alguien que ya no puede trabajar no vale menos porque no produzca bienes o servicios medibles.
La productividad influye en los salarios posibles, en la competitividad y en la financiación de prestaciones. Negarlo sería poco serio desde una perspectiva económica. Pero reconocer su importancia técnica no obliga a convertirla en un criterio moral de valor humano. El mercado puede estimar el precio de un trabajo concreto; no puede determinar la dignidad inherente de quien lo realiza, ni de quien no está en condiciones de ofrecerlo.
Pienso en los cuidados que sostienen a una familia. A menudo una parte de ese esfuerzo no se remunera, aunque permita que otros estudien, trabajen y vivan con bienestar. También pienso en las personas mayores que han contribuido de maneras diversas y hoy necesitan compañía, atención o ayuda cotidiana. Si solo miramos la producción presente, desaparecen de nuestra contabilidad aspectos fundamentales de nuestra vida común.
Defender esa dignidad requiere algo más que palabras. Exige servicios accesibles, entornos adaptados, lucha contra el abandono y políticas que respeten la autonomía personal. También necesita presupuestos realistas y una evaluación constante: una residencia con financiación suficiente pero mala atención no cumple su finalidad. Una prestación que llega demasiado tarde puede ser insuficiente aunque figure correctamente en las estadísticas.
Me preocupa especialmente el lenguaje público cuando describe a determinadas personas únicamente como una carga. Las cuentas de la dependencia, las pensiones o la asistencia sanitaria necesitan exactitud; sin cifras fiables, las promesas pueden acabar siendo imposibles de sostener. Pero reducir a alguien a su coste anual es empobrecer nuestro juicio. Podemos deliberar sobre financiación y prioridades con total seriedad y, al mismo tiempo, recordar que hablamos de personas con vínculos, decisiones, recuerdos y una historia propia.
La idea de productividad también puede enriquecerse. Formar a un compañero, acompañar a una persona dependiente, participar en un proyecto vecinal o transmitir conocimientos entre generaciones genera beneficios reales, aunque no siempre se reflejen en transacciones monetarias. No sugiero que todo deba contabilizarse artificialmente. Propongo evitar que lo que no se mide desaparezca de nuestra consideración. Una sociedad madura sabe administrar recursos escasos sin confundir el valor económico de una actividad con el valor humano de quien la realiza.
Me niego a aceptar una economía que trate a las personas como activos que pierden interés cuando disminuye su rendimiento. Aspiro a una organización social capaz de celebrar el talento y el trabajo sin despreciar la fragilidad. El valor de una vida humana no comienza con su primera nómina ni termina con su jubilación. Reconocerlo debería ser un principio estable, incluso cuando tomar decisiones económicas resulte difícil.