Una idea me preocupa cuando hablamos del éxito de las sociedades modernas: parece que una persona valiera principalmente por lo que produce. La medimos por ingresos, capacidad de consumo, posición profesional o velocidad para adaptarse. Comprendo que la productividad es necesaria para financiar el bienestar colectivo. Pero confundir una medida económica con el valor de una vida humana sería un error moral inmenso.
Un niño que todavía no trabaja, una persona con discapacidad, un enfermo que necesita ayuda o una mujer mayor que ha terminado su vida laboral no valen menos porque su aportación al mercado sea distinta. Su dignidad no depende de una nómina. Si aceptáramos lo contrario, convertiríamos la fragilidad —que nos puede alcanzar a todos— en motivo de menor consideración. No es esa la sociedad que deseo.
Lo que la economía mide y lo que no puede medir
La economía utiliza indicadores para tomar decisiones sobre recursos limitados. Son necesarios: permiten saber cuánto producimos, en qué gastamos y qué políticas parecen funcionar. Pero un indicador no puede expresar por sí solo el afecto, la memoria, la experiencia, la capacidad de cuidar o el derecho a recibir respeto. La abuela que acompaña a sus nietos, el vecino que escucha a alguien solo o el familiar que sostiene a una persona dependiente realizan aportaciones reales aunque no se traduzcan en una factura.
Me interesa una política que reconozca esa limitación. No para abandonar la disciplina económica, sino para utilizarla correctamente. Ser rigurosos con el presupuesto no obliga a reducir a las personas a un coste. Obliga a priorizar, evaluar y organizar los servicios de modo que la dignidad de quien más necesita ayuda sea una preocupación central.
Cuidar sin quitar autonomía
Tampoco quiero confundir dignidad con paternalismo. Una persona enferma o con discapacidad no debe convertirse en objeto pasivo de decisiones ajenas. Siempre que sea posible, debe conservar su capacidad de elegir, participar y desarrollar una vida propia. La accesibilidad, los apoyos personales, la formación y la eliminación de barreras contribuyen a que ese derecho sea real.
La buena política social no se limita a contabilizar plazas o prestaciones. También se pregunta por la calidad del trato, la continuidad de los cuidados y la libertad efectiva de las personas atendidas. Me gustaría que las administraciones escucharan más a quienes utilizan esos servicios y menos a quienes creen saberlo todo desde un despacho.
Esta convicción tiene consecuencias sobre cómo hablamos. Cuando presentamos a una persona mayor exclusivamente como una carga o a un enfermo como un gasto, quizá pretendamos describir una presión presupuestaria, pero terminamos difundiendo una imagen empobrecida de seres humanos reales. Podemos debatir la sostenibilidad de las pensiones o la financiación de cuidados sin utilizar un lenguaje que haga sentir prescindible a nadie. La precisión económica y la sensibilidad no se excluyen; ambas son necesarias.
También importa escuchar a quienes conviven diariamente con barreras que otros apenas percibimos. Una rampa inaccesible, un trámite digital imposible de completar o una cita médica que exige desplazamientos complejos pueden limitar mucho más la libertad que un gran debate abstracto. El buen diseño institucional empieza al observar esas dificultades sin dar por hecho que todas las personas disponen de tiempo, salud, dinero o ayuda familiar para resolverlas.
No pretendo que todas las políticas públicas respondan únicamente a emociones. Sé que habrá que establecer prioridades y que algunas decisiones difíciles pueden ser inevitables. Pero la pregunta moral debe permanecer presente: ¿estamos tratando a los afectados como ciudadanos con voz propia o como números en una hoja de cálculo? Si incorporamos su experiencia a la evaluación, probablemente diseñaremos servicios más útiles y reduciremos errores caros. La dignidad no sustituye al rigor: le proporciona dirección.
Una sociedad se reconoce en sus momentos difíciles
Hay quienes temen que hablar de derechos sociales signifique ignorar la sostenibilidad financiera. Yo no lo creo. Precisamente porque los recursos son limitados debemos diseñar instituciones transparentes, eficaces y capaces de medir resultados. Cada euro mal utilizado es una oportunidad perdida para alguien que lo necesita. La responsabilidad presupuestaria puede y debe ser aliada de la sensibilidad humana.
No podemos garantizar que nadie enferme ni que todos conservemos siempre independencia física o económica. Sí podemos decidir que ninguna de esas circunstancias nos arrebate el respeto. Una sociedad avanzada no es la que solo celebra a quienes llegan más lejos; es también la que sabe acompañar a quienes, durante una etapa o durante toda su vida, necesitan caminar a otro ritmo.