No acepto que un salario digno deba presentarse siempre como una amenaza a la competitividad. Tampoco sería serio afirmar que cualquier incremento puede financiarse sin atender a la realidad de cada empresa. Mi reflexión parte de reconocer ambas responsabilidades.
Una economía necesita trabajadores capaces de vivir con dignidad y empresas que puedan sostener sus puestos de trabajo. La productividad depende de inversión, organización, formación, tecnología, infraestructura y calidad de gestión; no puede exigirse exclusivamente al esfuerzo individual de la plantilla.
El Banco de España examina en sus informes la evolución conjunta de salarios, productividad y costes laborales. Estos datos deben interpretarse por sectores, tamaños empresariales y momentos económicos: la situación de una industria exportadora no es idéntica a la de una pequeña tienda de barrio.
Propongo reforzar la formación útil, apoyar inversiones que mejoren procesos y promover la negociación responsable. Además, mediría salarios reales, evolución de márgenes, estabilidad laboral y movilidad profesional; los titulares sobre subidas nominales pueden ocultar pérdidas de poder adquisitivo.
La prosperidad compartida no nace de enfrentar permanentemente a empresarios y trabajadores. Nace de generar más valor y de construir instituciones que faciliten una distribución compatible con la continuidad de los negocios y la dignidad humana.