Hay familias que no se consideran pobres y, sin embargo, viven con una preocupación constante. Basta una avería del coche, una factura inesperada o unas semanas de menor actividad para que todo el presupuesto se tambalee. Otras disponen de ingresos estables, pero apenas encuentran tiempo para estar juntas. ¿Podemos decir que están prosperando solo porque el país en el que viven registra crecimiento económico?
Como economista valoro el producto interior bruto, el empleo y la productividad. Son indicadores imprescindibles para entender la capacidad de una nación de crear recursos. Pero no describen por completo cómo se vive dentro de los hogares. La tranquilidad no aparece directamente en las cuentas nacionales y, sin embargo, influye en decisiones fundamentales: formar una familia, emprender, cambiar de trabajo o cuidar de la salud.
Me gustaría que las políticas públicas incorporasen una pregunta sencilla: ¿cuánta seguridad real sienten las personas para organizar su futuro? No pretendo convertir una emoción en un único índice mágico. Pretendo complementar las estadísticas tradicionales con información relevante sobre la vida cotidiana.
La capacidad de afrontar un imprevisto
Una medida útil es observar cuántos hogares pueden hacer frente a gastos inesperados sin endeudarse o renunciar a necesidades esenciales. El INE incluye indicadores de carencia material y social en la Encuesta de Condiciones de Vida, una fuente valiosa que merece estar más presente en el debate público. También conviene estudiar ingresos disponibles, coste de vivienda, endeudamiento y estabilidad laboral.
Es importante no simplificar. Dos hogares con el mismo ingreso pueden afrontar situaciones muy distintas según la composición familiar, la región, el alquiler o las necesidades de cuidado. Por eso la información debe desagregarse y contextualizarse. La media nacional puede mejorar mientras determinados grupos siguen atrapados en una fragilidad persistente.
El tiempo también es riqueza
La tranquilidad tiene una dimensión temporal. Un padre que dedica horas excesivas al desplazamiento, una madre que encadena jornadas o una persona que cuida a un familiar dependiente pueden vivir bajo una presión invisible en muchas estadísticas económicas. Un enfoque integral del desarrollo debe mirar también la conciliación, la calidad de los servicios y el tiempo de acceso a trámites y cuidados.
No significa que el Estado tenga que decidir cómo deben organizar su vida las familias. Significa que puede eliminar obstáculos injustificados para que dispongan de más opciones. Mejor transporte, centros de salud accesibles, conciliación posible y administración sencilla no producen felicidad automática; permiten que cada uno la busque con mayor libertad.
De los indicadores a las decisiones
Medir más cosas solo tiene sentido si sirve para actuar mejor. No quiero un nuevo observatorio que acumule informes sin consecuencias. Quiero objetivos públicos claros y evaluación independiente: si una medida pretende reducir vulnerabilidad económica, debemos comprobar sus resultados; si busca mejorar conciliación, debemos saber a quién alcanza y qué efectos secundarios provoca.
El crecimiento seguirá siendo necesario porque sostiene salarios, inversión y servicios públicos. Pero deberíamos tener la ambición de que ese crecimiento se convierta también en hogares capaces de ahorrar, personas que descansan sin miedo constante y familias que pueden imaginar el mañana. Para mí, un país verdaderamente próspero no es únicamente el que produce más: es aquel donde más ciudadanos pueden vivir con tranquilidad.
La seguridad económica tiene además una dimensión psicológica que merece sensibilidad sin exageraciones. Cuando una familia vive pendiente de cada recibo, planificar estudios, mudanzas o proyectos profesionales se vuelve más difícil. La incertidumbre prolongada puede limitar decisiones que serían beneficiosas también para la economía. Por eso observar solamente el consumo total de los hogares no basta: necesitamos comprender cuánto margen real tienen para elegir y asumir riesgos razonables.
Pienso también en las diferencias territoriales. Una renta determinada puede permitir una vida cómoda en una zona y resultar insuficiente en otra donde la vivienda absorbe una parte mucho mayor del presupuesto. Del mismo modo, una familia con buena conexión de transporte y servicios cercanos afronta gastos distintos de otra que depende de desplazamientos constantes. La política pública debe mirar esas realidades antes de diseñar medidas homogéneas que pueden tener efectos muy desiguales.
Me gustaría que las empresas participaran en esta conversación sin cargarles responsabilidades que no les corresponden en exclusiva. La formación, la organización del trabajo y la estabilidad contractual pueden mejorar el horizonte de los trabajadores, pero también importan la productividad y el entorno económico. No existe un único culpable ni una única solución. La tranquilidad familiar se construye desde varios frentes: oportunidades laborales, servicios eficientes, vivienda y capacidad real de ahorrar.