Observo con preocupación la facilidad con la que se confunden autoridad, prestigio y privilegio. Para mí, el poder institucional solo encuentra legitimidad en una tarea concreta: custodiar derechos, administrar recursos comunes y responder por las decisiones adoptadas. Ningún cargo convierte a una persona en propietaria de las instituciones.
La temporalidad importa porque recuerda que el puesto pertenece a la ciudadanía. Incluso cuando una ley permite permanecer durante mucho tiempo en un cargo, considero saludable construir mecanismos de relevo, evaluación y transmisión del conocimiento. Las instituciones deben sobrevivir a las personas y mejorar después de cada mandato.
No creo que la solución consista simplemente en demonizar a quienes hacen carrera política. La profesionalización también puede generar experiencia y memoria institucional. El problema aparece cuando la conservación del cargo desplaza el propósito del cargo: cuando una decisión se mide por su utilidad electoral antes que por su utilidad pública.
Me gustaría ver compromisos verificables publicados desde el primer día: objetivos realistas, presupuestos transparentes, calendarios de ejecución y explicaciones accesibles de lo que no se logra. Un gobernante debería poder mirar a la ciudadanía y decir «esto no funcionó, estas son las razones y así vamos a corregirlo». Esa frase, lejos de debilitarlo, puede fortalecer la confianza.
Entiendo la política como un préstamo de confianza, no como una concesión de estatus. Cuando ese préstamo termina, lo importante no debería ser cuánto se ha acumulado personalmente, sino si la comunidad dispone de mejores servicios, más libertades y oportunidades más amplias.
No quiero confundir la limitación de mandatos con una solución milagrosa. Una persona puede desempeñar un cargo poco tiempo y gestionarlo mal, o mantenerse durante años y conservar la confianza de sus vecinos. Lo decisivo es que existan controles reales, transparencia, competencia política y mecanismos para corregir decisiones. Las reglas de permanencia deben debatirse por sus ventajas y costes, no convertirse en un nuevo eslogan que oculte los demás problemas.
El poder político tampoco concede licencia para utilizar las instituciones como prolongación de una identidad partidista. Los servicios públicos pertenecen a la ciudadanía: una consulta sanitaria debe tratar al paciente según sus necesidades; una licencia debe tramitarse de acuerdo con la normativa; una ayuda debe concederse con criterios conocidos. El respeto al adversario no exige renunciar a las convicciones propias. Exige reconocer que los derechos siguen siendo los mismos cuando cambia la mayoría que gobierna.
También defendería que toda decisión significativa incorpore una explicación pública de sus consecuencias previsibles y una revisión posterior. Me interesan las preguntas que suelen quedar fuera del acto inaugural: ¿cuánto cuesta mantener esa infraestructura?, ¿qué alternativa se descartó?, ¿cuántas personas la utilizan?, ¿se ha reducido una espera o mejorado un servicio? La rendición de cuentas solo cobra sentido cuando las respuestas pueden comprobarse y cuando es posible reconocer un resultado insuficiente.