La Administración exige a los ciudadanos que paguen impuestos, cotizaciones y tasas dentro de plazo. Me parece razonable exigir a las instituciones un nivel comparable de responsabilidad cuando compran a un autónomo o una microempresa. Propongo fijar como objetivo ordinario un pago en quince días desde la conformidad de la factura, con intereses automáticos cuando se incumpla sin causa legal. No afirmo que hoy todos los organismos paguen tarde: los datos globales de junio de 2026 recogidos en mi estudio muestran promedios de 20,55 días en la Administración Central, 23,43 en autonomías y 26,29 en entidades locales.
Esas cifras no cuentan todas las historias. Un promedio puede convivir con proveedores que cobran pronto y otros que sufren demoras prolongadas. Para un gran contratista una factura pendiente representa financiación; para el profesional independiente puede significar no pagar una nómina o aplazar un suministro. Por eso considero importante distinguir el periodo medio publicado de la experiencia de cada factura y medir también la dispersión de retrasos. El Estado debe informar no solo de su media, sino de cómo trata a quienes tienen menos capacidad financiera.
Puntualidad exigible también al sector público
La referencia de quince días comenzaría tras la conformidad de la factura conforme al procedimiento legal, no desde cualquier documento informal enviado unilateralmente. También establecería controles para evitar que una oficina retrase artificialmente la conformidad mediante requerimientos no previstos. La propuesta prevé alertas de vencimiento, seguimiento de facturas y publicación mensual por organismo. Un proveedor debería saber quién valida, cuándo vence el pago y qué recurso existe ante una demora.
Los intereses de demora automáticos son decisivos para que la obligación tenga consecuencias reales. Si un autónomo debe reclamar varias veces, contratar asesoramiento o iniciar un pleito para recibir un importe pequeño, puede renunciar a exigirlo. Por eso defendería sistemas de liquidación que calculen de oficio los intereses cuando se cumplan los supuestos legales. La Administración no debería financiarse gratis mediante el retraso de pagos a personas más débiles económicamente.
La reforma debe ser viable para todos los niveles de gobierno. Algunos municipios pequeños necesitan mejorar tesorería, procedimientos de validación y herramientas de contabilidad. Las administraciones que afronten dificultades objetivas deben recibir apoyo técnico y planificación, no una coartada permanente para incumplir. Una política rigurosa combina metas ambiciosas con recursos, incentivos y transparencia. Tampoco confundiría el pago puntual con aceptar sin comprobación servicios que no se han prestado correctamente.
Mediría el cumplimiento real de los quince días, las facturas pendientes, los intereses abonados y las incidencias justificadas. No bastan anuncios de récord si los pequeños proveedores siguen persiguiendo su dinero. Quiero que contratar con el sector público sea una oportunidad confiable, no un préstamo forzoso. La puntualidad es una forma de justicia económica cotidiana y también una prueba de respeto por quienes hacen posible que funcionen los servicios públicos.
La pequeña factura cuenta
Un sistema de transparencia debería permitir que el proveedor consulte si la factura está presentada, validada o pendiente de pago, sin tener que llamar repetidamente. También publicaría datos desagregados para que una media aceptable no oculte retrasos en determinados organismos. El interés automático necesita reglas claras sobre cálculo, supuestos y fecha de exigibilidad, de modo que no dependa de la capacidad del proveedor para reclamar. Me interesa incorporar escucha activa a pequeñas empresas que trabajan con administraciones, porque suelen detectar fallos prácticos ignorados por las estadísticas. El pago puntual debe convertirse en parte de la reputación institucional, no en una cortesía excepcional.
Una Administración que quiera impulsar la competencia en sus contratos debe preguntarse si una microempresa puede soportar los calendarios de cobro. Cuando solo las compañías con suficiente tesorería pueden esperar, el sector público restringe de hecho el acceso de proveedores más pequeños. Un objetivo de quince días, bien coordinado con la comprobación del servicio prestado, podría contribuir a abrir ese mercado. No garantiza adjudicaciones más justas, pero elimina una barrera financiera evitable. Publicaría asimismo datos sobre retrasos extremos para que los promedios no oculten situaciones graves que necesitan intervención específica.
Me interesa que los intereses de demora se calculen automáticamente una vez verificados los requisitos, sin obligar al autónomo a iniciar una disputa que perjudique la relación con su cliente institucional. Esa automatización también puede ayudar al organismo a detectar procesos internos que requieren mejoras. Si el retraso procede de una factura incorrecta, la incidencia debe comunicarse con rapidez y fundamento. Si procede de una oficina que acumula expedientes innecesariamente, corresponde actuar dentro del sector público. La puntualidad no debería depender de cuánto tiempo y dinero tiene el proveedor para defender sus derechos.
Una factura pagada tarde no se compensa con una nota de prensa sobre el buen promedio de la Administración. Por eso propongo transparencia sobre vencimientos individuales y mecanismos de alerta temprana. Si un organismo detecta que no va a cumplir, debería anticipar el problema y corregirlo, no esperar a que el proveedor reclame. La responsabilidad también se demuestra antes de que venza el plazo.
Estas son mis reflexiones personales a partir de mi Propuesta Nacional nº 7 sobre simplificación administrativa y segunda oportunidad. Son reformas que propongo, no medidas ya aprobadas.