Hay decisiones fiscales que parecen simples cuando se resumen en un porcentaje. Yo prefiero analizarlas desde sus efectos sobre personas, empresas y servicios públicos. La inversión productiva puede mejorar empleo y salarios, pero conviene medir su rendimiento real. En mi Propuesta Nacional nº 1 he defendido una arquitectura coordinada: el IRPF, el Impuesto sobre Sociedades y el tratamiento de determinados dividendos deben estudiarse juntos, no como tres piezas inconexas. Mis convicciones liberales no me autorizan a prometer resultados que todavía no están demostrados. Por eso considero imprescindible comparar el efecto inmediato sobre la recaudación con los cambios de comportamiento que podrían aparecer después.
El beneficio no termina en la cuenta bancaria
Cuando una empresa reinvierte en maquinaria, formación o nuevos mercados, puede ampliar la capacidad de producir bienes y servicios. Esa inversión puede mejorar la productividad y, si existe competencia y una buena negociación laboral, abrir margen para mejores salarios y empleos de calidad. No quiero idealizar cada euro invertido: algunas decisiones fracasan y otras sustituyen empleo sin ofrecer alternativas inmediatas. Pero una economía que castiga sistemáticamente la acumulación de capital productivo reduce su capacidad de mejorar el bienestar futuro.
La propuesta y la decisión empresarial
La reducción de Sociedades al 10 % busca aumentar los recursos que una sociedad puede destinar a la actividad. Junto con el tratamiento propuesto para dividendos de SL, permitiría que socios y directivos compararan retener fondos o distribuirlos con menos distorsiones fiscales. Que exista más liquidez no implica que aparezcan automáticamente proyectos rentables. Los emprendedores también necesitan compradores, conocimiento, infraestructuras y acceso a financiación complementaria. El papel del Estado es hacer más previsible el entorno, no decidir por ellos qué máquinas comprar o qué productos fabricar.
La calidad de la inversión
Me parece esencial distinguir la inversión que crea capacidad nueva de la adquisición de activos que solo cambia su propietario. Comprar una empresa existente puede ser útil si mejora su gestión, pero no equivale de inmediato a abrir una fábrica. De igual modo, la automatización aumenta eficiencia, aunque sus efectos laborales pueden ser muy distintos según el sector. Si medimos únicamente el volumen de inversión, podemos confundir movimiento financiero con desarrollo. Por eso propongo evaluar productividad, empleo, innovación y sostenibilidad empresarial de manera conjunta.
Liberalismo con alma en la economía real
Defender al empresario no exige considerar que todo beneficio privado es automáticamente un beneficio colectivo. La responsabilidad empresarial incluye condiciones laborales, cumplimiento de normas y competencia leal. A su vez, la política pública debe reconocer que sin personas dispuestas a arriesgar capital difícilmente habrá nuevas empresas. Quiero un marco donde el éxito productivo sea bienvenido y los ciudadanos puedan participar en sus frutos mediante salarios, oportunidades de emprendimiento y mejores servicios. La creación de riqueza y la equidad social no son enemigos inevitables.
Consecuencias que conviene anticipar
Quisiera que se valorara especialmente la reinversión en capacitación profesional. Una empresa puede comprar un equipo avanzado y fracasar si sus empleados no reciben formación para utilizarlo. Del mismo modo, una compañía pequeña puede ganar productividad al mejorar logística, digitalizar pedidos o reducir errores administrativos. Estas inversiones menos visibles también generan bienestar: menos tiempo perdido, entregas más fiables y mayor estabilidad del trabajo. El debate no debería reducirse a grandes fábricas ni a anuncios espectaculares.
Los incentivos fiscales son transversales, mientras que las necesidades de inversión dependen del negocio. Por esa razón, la respuesta no será uniforme. Algunos sectores pueden usar el ahorro para competir en precios y otros para reforzar reservas. La evaluación debe respetar esa diversidad y analizar efectos de medio plazo. Una política que dice favorecer a los emprendedores pierde credibilidad si solo observa las decisiones de las empresas grandes y olvida a quienes sostienen pequeños negocios día tras día.
La prueba decisiva
La productividad también depende de la formación de las plantillas y de la capacidad de gestión. Sería un error atribuir todo aumento de beneficios a un incentivo fiscal sin controlar los precios, la demanda exterior o las inversiones previas. Una evaluación seria debe admitir explicaciones alternativas.
La mejor defensa de una propuesta económica no es negar sus riesgos, sino definir cómo sabremos si está funcionando. Me gustaría que España pudiera discutir reformas profundas sin convertir cada cifra en una trinchera. Quiero empresas fuertes, ciudadanos con autonomía y unos servicios públicos que respondan cuando se los necesita. Si los resultados confirman los efectos positivos, habrá razones para perseverar; si las evidencias contradicen nuestras hipótesis, tendremos la obligación de rectificar. Eso es para mí gobernar con responsabilidad: libertad para crear y humanidad para decidir a quién debe beneficiar el progreso.