En vísperas de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026, considero necesario hablar de vivienda y dignidad sin refugiarse en consignas. La falta de oferta asequible convierte la emancipación en una carrera desigual. Me interesa lo que sucede cuando termina la rueda de prensa: cuando alguien regresa a casa, hace cuentas y trata de organizar su futuro. La política tendría que empezar ahí, en las consecuencias concretas de sus decisiones, y no en la competición por pronunciar la frase más sonora.
El salario contra la puerta cerrada
Durante años asumimos que un empleo sería la puerta de entrada a una vida independiente. Hoy esa relación se ha debilitado para muchas personas. La escasez de viviendas en las zonas con más trabajo, los retrasos urbanísticos y la competencia entre distintos usos del inmueble han alterado el equilibrio. No basta con señalar a un único culpable, porque el problema combina suelo, financiación, regulación, movilidad, salarios y demanda.
Construir donde hace falta
El Banco de España ha insistido en la necesidad de aumentar la oferta de vivienda y ofrecer estabilidad regulatoria. Comparto ese enfoque, siempre que la construcción responda a necesidades reales y no sacrifique espacios públicos o recursos ambientales. Los ayuntamientos pueden acelerar procedimientos sin renunciar a controles esenciales; las comunidades deben facilitar planificación coherente; el Estado puede coordinar infraestructuras y seguridad jurídica.
Proteger sin expulsar
Pienso en quienes alquilan y temen perder su hogar, pero también en pequeños propietarios que dudan en ofrecerlo. Las reglas deben proteger frente al abuso por ambas partes y crear confianza para que existan más contratos estables. Hablar de vivienda pública es necesario; hablar de plazos reales de ejecución y mantenimiento lo es todavía más. Una promesa de miles de casas sin calendario, presupuesto ni suelo disponible no resuelve la urgencia.
La dignidad como resultado
Quisiera una política que publique cada trimestre las viviendas iniciadas, terminadas, disponibles para alquiler asequible y efectivamente ocupadas. No pediría fe a los ciudadanos, sino resultados. Tener un hogar no puede seguir dependiendo de que una familia reciba ayuda patrimonial o de que una persona renuncie a la ciudad donde trabaja.
Un mercado con demasiados cuellos de botella
La vivienda depende de factores que ningún eslogan puede borrar: disponibilidad de suelo urbanizado, tiempo de licencias, financiación, construcción, transporte y seguridad jurídica. Regular precios puede aliviar a algunos hogares y modificar los incentivos de propietarios y promotores; aumentar oferta puede tardar años si los permisos siguen bloqueados. Por eso considero irresponsable presentar una medida aislada como cura universal. El debate debe reconocer diferencias entre barrios, ciudades y zonas turísticas, y distinguir entre comprador primerizo, inquilino vulnerable y quien necesita trasladarse por trabajo. Confundirlos conduce a políticas que parecen sencillas en televisión y fracasan al llegar a la calle.
El compromiso que sí se puede medir
Propondría publicar los plazos reales de cada licencia, identificar parcelas con servicios y fijar objetivos verificables de vivienda asequible conectada con empleo y transporte. Haría falta simplificar trámites sin debilitar controles ambientales ni derechos de terceros. También conviene evaluar los programas de ayuda: si una subvención aumenta capacidad de pago pero la oferta es rígida, parte de su efecto puede trasladarse a los precios. Una familia no necesita que el Estado gane una discusión ideológica; necesita una casa segura que pueda mantener sin hipotecar todas sus oportunidades futuras.
De la promesa a la llave de una casa
La intervención pública debe distinguir el problema de producir viviendas del problema de hacerlas accesibles. Un edificio terminado no ayuda demasiado a una familia si está lejos del empleo, carece de transporte o impone gastos energéticos inasumibles. Tampoco sirve anunciar solares sin comprobar redes de agua, equipamientos y licencias. Me interesaría un inventario público de suelo realmente edificable, con una ficha de obstáculos y un plazo previsto para resolverlos, sujeto a auditoría y revisión. En alquiler, defendería contratos claros y procedimientos equilibrados que protejan tanto el derecho del ocupante como la seguridad jurídica del propietario. Los incentivos deben medirse: si una ayuda beneficia principalmente a quien ya podía pagar o termina elevando precios, será necesario corregirla. La meta ha de ser disminuir el esfuerzo de acceso a la vivienda, no aumentar el número de actos públicos sobre vivienda.
No prometo que estas decisiones abaraten mañana todas las viviendas. Sí creo que una administración que mida sus demoras y coordine suelo, transporte y servicios puede dejar de empeorar el problema. Una política de vivienda digna se juzga por hogares accesibles y estables, no por el tamaño de su anuncio.
No pido soluciones milagrosas ni una sociedad donde todos pensemos igual. Pido honestidad para reconocer los problemas, capacidad para elegir prioridades y valentía para rectificar cuando una política no produce el resultado prometido. La dignidad no debería ser una palabra reservada a los discursos: debe estar presente en la forma de gestionar y rendir cuentas. Esa es la exigencia que mantendré antes de las urnas y, sobre todo, después de ellas.
Quisiera que esta reflexión se examine en sus méritos y en sus límites, no por la identidad de quien la expresa. La mejor prueba de una propuesta es su utilidad real, su respeto a los derechos de los demás y la posibilidad de corregirla cuando la experiencia contradice una buena intención.
También defiendo que las nuevas promociones contemplen accesibilidad, espacios públicos y servicios suficientes. Hacer muchas viviendas lejos de toda oportunidad puede trasladar el coste a horas de desplazamiento. La planificación debe dialogar con necesidades reales, no con fotografías de inauguración. Necesitamos asimismo estadísticas de vivienda terminada y ocupada, y de cuánto tiempo permanece vacía, para que el diagnóstico no dependa de impresiones.