Cuando escucho hablar de impuestos parece que el dinero tiene una única función económica una vez que entra en las arcas públicas. Esa visión es incompleta. Los recursos que no se recaudan también permanecen en algún lugar: en las cuentas de familias, trabajadores, autónomos o empresas. A partir de ahí pueden financiar necesidades básicas, ahorro, consumo, amortización de deudas o inversión. Me interesa estudiar esa segunda trayectoria del dinero, porque sus efectos también importan.
En mi propuesta IRPF 10 la protección de rentas hasta 25.000 euros y la reducción del tipo para quienes superan ese umbral buscan aumentar la renta disponible. Pero sería impropio afirmar que cada euro liberado produce otro euro de consumo y una cadena automática de recaudación. Algunas personas ahorrarán, otras devolverán préstamos, otras comprarán bienes importados y algunas invertirán en proyectos cuyo rendimiento tardará años en aparecer.
La decisión del hogar depende de su seguridad. Una familia con poca liquidez puede destinar un alivio fiscal a una necesidad inmediata. Otra, con ingresos estables, puede reforzar un fondo de emergencia. Y una tercera puede aprovecharlo para financiar estudios, reformas o un negocio. Las tres decisiones tienen valor, aunque no todas generen el mismo impuesto de manera inmediata. Reducir el bienestar a la cifra de IVA recaudado sería tan limitado como medir el éxito de una reforma solo por la declaración tributaria.
La inversión empresarial sigue otra lógica. Un pequeño empresario puede utilizar mayor liquidez para renovar maquinaria, contratar servicios o mejorar su capacidad productiva. Pero antes evaluará demanda, costes energéticos, financiación, estabilidad regulatoria y perspectivas de ventas. Un tipo fiscal más bajo influye sobre la rentabilidad esperada; no sustituye el resto de condiciones que hacen viable un proyecto.
La alternativa pública también cuenta. Si el Estado recauda menos, puede necesitar ajustar gasto, financiación o endeudamiento. Hay servicios cuya provisión conjunta produce beneficios que una decisión privada no replica fácilmente: vacunación, justicia, infraestructuras o atención a la dependencia. Por tanto, el debate responsable no consiste en declarar superior todo euro privado o todo euro público, sino en comparar qué usos generan mayor bienestar bajo restricciones reales.
La simulación de mi estudio recuerda el tamaño de esas restricciones: una caída estática potencial muy elevada de ingresos directos por IRPF. No basta con esperar que el incremento del consumo cubra la diferencia. Habría que estimar cuánto se gasta, en qué productos, qué parte tributa a tipos reducidos o está exenta, qué actividad adicional se produce y qué gasto público debe preservarse durante la transición.
Además, el dinero tiene un efecto en el tiempo. Un ahorro hoy puede sostener un consumo futuro; una formación pagada hoy puede aumentar productividad dentro de años; una inversión puede fracasar o convertirse en una empresa sólida. Ese horizonte obliga a distinguir recaudación inmediata de crecimiento potencial, y a diseñar indicadores que sigan ambas dimensiones sin confundir expectativas con resultados.
La distribución del alivio fiscal determina en parte sus efectos. Las familias con menor capacidad de ahorro suelen afrontar restricciones más inmediatas, mientras los hogares con mayor patrimonio pueden destinar un porcentaje superior al ahorro financiero o la inversión. No debemos suponer una única conducta para todos. El estudio económico de una rebaja debe preguntar dónde queda la liquidez, qué riesgos asumen los hogares y cómo se transforma efectivamente en actividad. Una media nacional puede ocultar diferencias que son decisivas para evaluar la equidad.
Tampoco considero que endeudarse sea necesariamente malo o que ahorrar sea una señal de escaso dinamismo. Una familia que reduce deuda se hace menos vulnerable; una empresa que conserva un colchón de liquidez puede sobrevivir a una crisis. Los efectos indirectos de esas decisiones son difíciles de medir de inmediato, pero pueden mejorar la resistencia de toda la economía. Precisamente por esa complejidad, defender más renta disponible exige una evaluación amplia del bienestar, no solo una calculadora de ingresos tributarios instantáneos.
Yo quiero una economía donde el ciudadano conserve capacidad para construir su vida y donde el Estado disponga de recursos suficientes para garantizar derechos. No veo contradicción necesaria entre ambos objetivos. Lo difícil, y por eso merece estudio, es encontrar las reglas fiscales y presupuestarias que acerquen las dos cosas. Defender la renta disponible no es despreciar lo público: es exigir que analicemos honestamente qué hace cada euro antes y después de recaudarlo.