Hay decisiones fiscales que parecen simples cuando se resumen en un porcentaje. Yo prefiero analizarlas desde sus efectos sobre personas, empresas y servicios públicos. Retener beneficios no siempre es un problema: importa distinguir entre ahorro prudente y bloqueo fiscal. En mi Propuesta Nacional nº 1 he defendido una arquitectura coordinada: el IRPF, el Impuesto sobre Sociedades y el tratamiento de determinados dividendos deben estudiarse juntos, no como tres piezas inconexas. Mis convicciones liberales no me autorizan a prometer resultados que todavía no están demostrados. Por eso considero imprescindible comparar el efecto inmediato sobre la recaudación con los cambios de comportamiento que podrían aparecer después.
Los beneficios retenidos tienen muchas funciones
Una sociedad puede conservar beneficios para financiar maquinaria, afrontar una crisis o pagar nóminas durante un periodo de ventas débiles. Llamar dinero inmovilizado a toda reserva empresarial sería un error económico. Mi preocupación se dirige a las decisiones que responden exclusivamente al coste fiscal de distribuir beneficios y no a necesidades reales de inversión. En esas situaciones puede existir capital que permanece en la empresa cuando sus propietarios desearían emplearlo en otros proyectos. Pero cuantificar ese fenómeno exige datos empresariales y un análisis que distinga sectores, tamaños y balances.
Qué propone realmente mi estudio
La propuesta combina un gravamen societario del 10 % con la exención, en el IRPF del socio, de determinados dividendos procedentes de beneficios ya gravados de sociedades limitadas. La intención es reducir una barrera para que los socios puedan decidir entre mantener el capital, invertirlo de nuevo o disponer de liquidez personal. No se trata de ordenar que se repartan todos los beneficios. De hecho, una economía necesita empresas capitalizadas. La reforma busca que cada decisión sea lo más productiva posible, evitando que el impuesto personal actúe como motivo principal para no repartir.
El destino del dinero importa
Un euro distribuido puede terminar en consumo, ahorro, compra de activos existentes o inversión empresarial. Solo algunos de esos destinos generan directamente producción adicional o ingresos inmediatos por IVA. Incluso cuando se compra un bien gravado, parte del gasto puede corresponder a importaciones, y no todo el impuesto ingresado representa riqueza nueva. Por eso prefiero hablar de una mayor libertad de asignación del capital que de una recaudación automáticamente recuperada. Sería necesario estudiar qué hacen efectivamente los socios con los dividendos y durante cuánto tiempo.
Una mejor circulación, no una obligación de gastar
Defiendo que el sistema fiscal facilite la circulación de recursos hacia su uso más valioso, pero no confundo circulación con velocidad por sí misma. La prudencia financiera de una microempresa es una fortaleza. También lo es que una familia ahorre para su vivienda. La política pública puede eliminar distorsiones, reforzar la información disponible y ofrecer seguridad jurídica; no debería dictar a cada ciudadano dónde colocar sus ahorros. Mi objetivo es que el dinero deje de estar condicionado por una penalización fiscal que pueda desanimar su uso productivo, sin sacrificar la estabilidad de quienes lo generan.
Consecuencias que conviene anticipar
Un reparto de dividendos también puede ser útil cuando el socio necesita financiar una empresa distinta. La reinversión no tiene por qué hacerse dentro de la misma sociedad. En una economía saludable, el capital debe poder desplazarse desde proyectos que ya no requieren recursos hacia otros con perspectivas mejores. Sin embargo, también hay riesgos: repartir en exceso puede aumentar la dependencia bancaria, debilitar la solvencia y comprometer inversiones futuras. La decisión debe corresponder a quienes asumen el riesgo, pero las reglas mercantiles han de proteger a trabajadores, acreedores y otros socios.
Si se implantara la reforma, evaluaría también cuánto cambia la acumulación de reservas en empresas familiares frente a sociedades con accionistas dispersos. Esa comparación permitiría separar una reacción fiscal de la influencia de la edad de los propietarios, las necesidades de financiación y el contexto sectorial. No toda reserva es un capital improductivo y no todo dividendo es un estímulo económico. El criterio de política pública debe distinguir esos supuestos sin pretender conocer mejor que el emprendedor las necesidades cotidianas de su negocio.
La prueba decisiva
Para comprobar si se moviliza capital, observaría la evolución de los dividendos ordinarios y extraordinarios, la inversión bruta, las reservas, el endeudamiento y la supervivencia de las empresas. La diferencia entre anticipar un dividendo y generar riqueza realmente nueva es esencial para evitar conclusiones demasiado optimistas.
La mejor defensa de una propuesta económica no es negar sus riesgos, sino definir cómo sabremos si está funcionando. Me gustaría que España pudiera discutir reformas profundas sin convertir cada cifra en una trinchera. Quiero empresas fuertes, ciudadanos con autonomía y unos servicios públicos que respondan cuando se los necesita. Si los resultados confirman los efectos positivos, habrá razones para perseverar; si las evidencias contradicen nuestras hipótesis, tendremos la obligación de rectificar. Eso es para mí gobernar con responsabilidad: libertad para crear y humanidad para decidir a quién debe beneficiar el progreso.