No creo que el mercado sea un enemigo al que haya que derrotar ni una divinidad a la que haya que obedecer. Lo entiendo como una forma extraordinariamente potente de coordinar millones de decisiones: emprendedores que arriesgan, trabajadores que aportan conocimiento y consumidores que eligen. Esa capacidad de organización ha permitido innovaciones y mejoras materiales enormes. Pero una herramienta puede ser útil sin convertirse en una respuesta moral a todas las preguntas.
La libertad contractual, por ejemplo, no resuelve automáticamente una relación donde una de las partes carece de alternativas reales o información suficiente. Tampoco la búsqueda legítima de beneficios garantiza que se contabilicen los daños ambientales o la degradación de un servicio esencial. Precisamente porque deseo preservar las ventajas de la economía de mercado, considero necesarias reglas claras contra el fraude, los monopolios abusivos y las externalidades que otros terminan pagando.
El límite no debería ser una excusa para establecer permisos arbitrarios o proteger empresas cercanas al poder. Una regulación confusa y cambiante suele favorecer a quien puede pagar especialistas y perjudicar al pequeño negocio. Mi criterio sería preguntar qué problema concreto se pretende corregir, qué evidencia lo acredita, cuál es el coste de cumplir la norma y cómo sabremos si ha funcionado. La misma disciplina debe aplicarse al sector público y al privado.
La responsabilidad empresarial tampoco termina donde acaba la obligación legal. Una compañía que forma a sus empleados, cumple sus compromisos, trata honestamente a sus proveedores y piensa en la confianza a largo plazo invierte en su propia sostenibilidad. Esa conducta merece reconocimiento sin necesidad de convertir cada decisión empresarial en propaganda. La ética resulta más convincente cuando se refleja en prácticas verificables.
Uno de los peligros de la concentración económica es que reduzca precisamente aquello que el mercado debería proteger: la posibilidad de elegir. Cuando resulta casi imposible entrar en un sector, el consumidor pierde alternativas y el emprendedor carece de oportunidades. La defensa de la competencia no es una agresión a la empresa; es una garantía para que más empresas puedan nacer y competir. Al mismo tiempo, la autoridad debe actuar con criterios previsibles, pruebas suficientes y respeto a la seguridad jurídica, sin castigar el tamaño por sí mismo.
También me parece fundamental hablar de generaciones futuras. Una actividad puede obtener beneficios inmediatos mientras desplaza costes de contaminación, endeudamiento o deterioro institucional a personas que todavía no pueden participar en la decisión. Ese desequilibrio exige prudencia y mecanismos de responsabilidad. La sostenibilidad, bien entendida, no consiste en detener toda inversión sino en reconocer los costes reales y orientar la innovación hacia soluciones. El mercado funciona mejor cuando los precios reflejan responsabilidades y cuando las reglas no premian trasladar daños a los demás.
No persigo una economía sin incentivos, competencia ni ambición. Persigo una economía donde prosperar no exija dejar de mirar a los demás como personas. El capitalismo que me interesa remunera el esfuerzo y asume riesgos, pero también reconoce que la salud, la dignidad, la información veraz y las oportunidades básicas no pueden quedar reducidas a una nota al pie del balance. Su legitimidad se fortalece cuando crea valor para muchos y responde por los daños que ocasiona.