He observado con creciente inquietud cómo la sanidad pública en España enfrenta desafíos que afectan la experiencia cotidiana de millones de personas. El reciente aumento del 36% en la contratación de seguros privados de salud no es un dato aislado ni meramente económico; para mí, es un síntoma claro de que el sistema público está bajo presión y que muchos ciudadanos buscan alternativas para garantizar una atención más rápida y segura.
La Encuesta de Salud de España 2026, realizada con una muestra amplia y representativa, revela que el 72,7% de los encuestados percibe un empeoramiento en los tiempos de espera para consultas con especialistas, y un 67,6% nota lo mismo en las pruebas diagnósticas. Estos retrasos no son cifras abstractas; implican incertidumbre, ansiedad y, en muchos casos, un impacto directo en la salud y calidad de vida de las personas. La espera prolongada puede significar vivir con dolor o miedo, y no puede ser normalizada ni aceptada como un mal inevitable.
Desde mi perspectiva, la sanidad pública debe ser evaluada no solo por sus recursos o infraestructuras, sino por la capacidad real que tiene para ofrecer una atención adecuada, segura y continua. La Constitución Española reconoce el derecho a la protección de la salud, pero convertir ese derecho en una experiencia tangible exige coordinación efectiva entre niveles asistenciales, profesionales bien apoyados y procesos que garanticen calidad y seguridad.
El aumento de la población española en los últimos años, con un crecimiento de 1,72 millones de habitantes entre 2023 y 2026, y el envejecimiento progresivo de la población, explican en parte la mayor demanda de servicios sanitarios. Sin embargo, esta demanda no ha sido acompañada por un incremento proporcional en medios humanos, tecnológicos ni en centros de atención. Esta descompensación genera cuellos de botella que afectan especialmente a la atención primaria y especializada, y que se traducen en listas de espera crecientes.
Este contexto ha llevado a que un 24% de la población española cuente ya con un seguro privado, lo que supone 3,5 millones de personas más que en 2023. Esta tendencia refleja una desigualdad silenciosa: quienes pueden permitirse un seguro privado acceden con mayor rapidez y comodidad, mientras que quienes dependen exclusivamente del sistema público enfrentan demoras que pueden afectar su salud y bienestar.
No puedo aceptar que la espera se normalice como parte del sistema. La sanidad pública es un patrimonio social fundamental que merece una exigencia alta. Defenderla implica reconocer sus problemas y actuar con transparencia y rigor. Por ejemplo, publicar datos homogéneos y detallados sobre tiempos de espera por especialidad, hospital y urgencia clínica permitiría identificar dónde intervenir y mejorar. Además, es imprescindible escuchar a los profesionales sanitarios, quienes soportan una presión asistencial intensa y a menudo trabajan en condiciones que no reconocen plenamente su esfuerzo y compromiso.
La mejora del sistema no pasa solo por aumentar recursos, sino por una organización inteligente que evite duplicidades, mejore la coordinación entre atención primaria y especializada, y garantice continuidad asistencial. La digitalización puede ser una herramienta valiosa si facilita el seguimiento y reduce cargas administrativas, pero nunca debe excluir a quienes no manejan bien las tecnologías.
También considero fundamental priorizar la prevención, la salud mental y el apoyo a cuidadores, aspectos que contribuyen a reducir la demanda y mejorar la calidad de vida. La sanidad pública debe ser un sistema que cuide tanto a quienes enferman como a quienes los cuidan.
Finalmente, la equidad sanitaria debe ser un principio innegociable. No basta con proclamar la universalidad si la experiencia concreta del usuario depende de su capacidad económica para acceder a vías privadas. La sanidad pública debe garantizar que nadie tenga que suplicar para recibir una atención adecuada en un plazo clínicamente razonable.
En definitiva, el aumento del seguro privado es un reflejo de las tensiones que atraviesa la sanidad pública. Mi reflexión es que debemos abordar estos desafíos con honestidad, transparencia y compromiso, para preservar y fortalecer un sistema que es un pilar esencial de nuestra sociedad y de nuestra democracia.