Cuando imaginamos la economía solemos pensar en grandes compañías, inversiones millonarias y edificios corporativos. Sin embargo, la estructura real del tejido productivo español es muy distinta. El Directorio Central de Empresas del INE recogía, a 1 de enero de 2025, 3.310.824 empresas activas: 1.800.443 sin asalariados, 901.955 con uno o dos y 314.941 con tres a cinco. Sumadas, 3.017.339 empresas tenían cinco asalariados o menos, aproximadamente el 91,1 % del total.
Esa cifra, que incorporé a mi estudio, cambia la perspectiva. Las empresas diminutas no son una anomalía periférica: constituyen la inmensa mayoría de las unidades empresariales. Ahora bien, también debo precisar algo: el porcentaje cuenta empresas, no representa el 91 % de la facturación ni del empleo. Confundir esas magnitudes sería un error económico serio.
Para mí, ese dato justifica que diseñemos políticas ajustadas a las necesidades reales de los negocios pequeños. No pueden gestionar cada trámite, cada contratación o cada obligación con los mismos departamentos que una multinacional. Necesitan seguridad jurídica, simplicidad y capacidad de adaptación.
Cómo funcionaría la reforma
Propongo estudiar un régimen específico para empresas de hasta cinco trabajadores asalariados, precisamente porque la escala influye en el modo de trabajar. En una microempresa, contratar a la primera o a la tercera persona puede modificar radicalmente los costes fijos y la organización. A menudo el propietario está en el mostrador, responde al teléfono, paga las facturas y cubre los imprevistos. Las decisiones se toman sin grandes colchones financieros.
Mi propuesta de Colaborador Autónomo de Microempresa pretende abrir una modalidad adicional de cooperación profesional bajo contrato escrito y garantías. No debe servir para transformar empleos asalariados ordinarios en relaciones mercantiles ficticias. La autonomía real, la posibilidad de tener otros clientes y la retribución mínima superior al puesto comparable son elementos que deben examinarse de forma conjunta.
Además, el umbral de cinco asalariados no es sagrado. Es una delimitación operativa que debe contrastarse con sus consecuencias. Podría generar incentivos a frenar el crecimiento justo al llegar al sexto trabajador, por lo que habría que diseñar transiciones que no castiguen a quien expande su empresa.
La estadística también permite separar dos debates que a menudo se mezclan. La elevada proporción de empresas muy pequeñas nos dice cómo se distribuyen las unidades empresariales, pero no demuestra por sí sola que nuestro tamaño medio sea óptimo. Algunas compañías necesitan ganar dimensión para competir, innovar y ofrecer mejores salarios. Mi propuesta no busca que todas sigan siendo pequeñas para siempre; aspira a que las que lo necesiten puedan crecer sin obstáculos artificiales. El quinto trabajador debería ser una referencia administrativa, no un techo económico.
Hay que examinar las diferencias sectoriales y territoriales. Una microempresa hostelera puede necesitar mano de obra flexible en determinadas temporadas; una empresa tecnológica puede depender de especialistas por proyectos; un comercio rural quizá no tenga margen para una plantilla estable todo el año. Un régimen jurídico uniforme puede tener efectos muy distintos según el caso. Por eso propongo pruebas de impacto, escucha de organizaciones profesionales y análisis posteriores de resultados antes de convertir el modelo en una realidad irreversible.
También debemos cuidar la calidad del empleo. El número de compañías sin asalariados no debe usarse como prueba de que todas desean contratar ni de que una reforma reducirá automáticamente el desempleo. Algunas actividades están pensadas para mantenerse unipersonales, y eso es perfectamente legítimo. Quiero ofrecer opciones, no imponer crecimiento. Si una iniciativa decide expandirse, debería hacerlo por oportunidad de mercado y no porque una subvención o una ventaja regulatoria la empuje a tomar decisiones económicamente insostenibles.
Los resultados que quiero comprobar
Detrás de estas cifras hay realidades muy distintas: una panadería familiar, un electricista que empieza a contratar, un estudio de diseño, una peluquería o una empresa de mantenimiento. No todas necesitan idénticas soluciones, pero sí comparten una dificultad: cada error administrativo y cada coste inesperado pesan proporcionalmente más.
Por eso me interesa hablar de microempresas sin tratarlas como estadísticas decorativas. Debemos preguntarnos cuántas sobreviven, qué ingresos generan, qué condiciones ofrecen y qué les impide ganar productividad. También debemos conocer qué reformas ayudan de verdad y cuáles solo producen titulares atractivos.
Una España que aspire a prosperar no debería dar por sentado que su tejido de pequeñas empresas resistirá cualquier carga. Debería escucharlo, simplificar lo que pueda y exigir resultados. El tamaño no determina la dignidad del trabajo, pero sí cambia sus necesidades. Diseñar bien para las microempresas es diseñar mejor para una parte esencial de nuestro país.
Me interesa además comparar esta estructura con la realidad de los trabajadores por cuenta ajena. No porque ambos regímenes deban ser idénticos, sino porque ninguna reforma debería crear incentivos arbitrarios para disfrazar relaciones laborales. Las empresas necesitan contratar y los trabajadores necesitan seguridad jurídica. Si favorecemos únicamente una forma jurídica sin atender a la actividad real, acabaremos distorsionando el mercado. La finalidad debería ser facilitar formas legítimas de producir, colaborar y crecer. Debemos cuidar asimismo la formación profesional y la digitalización, porque el tamaño de una microempresa no determina por sí solo su productividad futura. Una pequeña firma bien organizada puede ofrecer valor extraordinario. Mi propuesta busca que su dimensión inicial no se convierta en un castigo regulatorio ni en un obstáculo para alcanzar nuevas etapas de crecimiento.