La economía sumergida aparece a menudo en la conversación pública como una cifra enorme y homogénea. No lo es. Incluye actividades distintas y su dimensión se estima mediante métodos indirectos que tienen márgenes de incertidumbre. Además, actividad no observada y fraude tributario no son exactamente la misma cosa. Antes de hablar de cuánto recaudaríamos si todo aflorase, debemos aceptar que ni conocemos cada operación ni toda ella tributaría como renta personal.
Mi estudio toma como referencia una estimación citada por Funcas: el 15,8 % del PIB español para 2022, atribuida a Schneider y Asllani. Aplicada con finalidad ilustrativa al PIB nominal de 2024, ofrece un orden de magnitud cercano a 251.900 millones de euros. No es una medición oficial de actividad oculta en 2024; sirve únicamente como hipótesis para comprender la escala económica del fenómeno.
El incentivo existe, pero no opera solo. Si declarar un ingreso exige una carga fiscal elevada y gestiones complejas, algunas personas pueden valorar la ocultación como una alternativa más atractiva. Un tipo más moderado y reglas claras podrían reducir ese beneficio esperado. Pero también importan la probabilidad de inspección, las sanciones, la trazabilidad de los pagos, la confianza en las instituciones y el acceso a servicios asociados a la actividad formal.
Un profesional que empieza a facturar correctamente gana algo más que seguridad frente a una sanción: puede acreditar ingresos, financiar un negocio, cotizar y participar en contratos que requieren documentación. La formalidad abre puertas. Pero en algunos sectores los obstáculos van más allá del IRPF: licencias, pagos, regulación laboral, escasez de clientes o costes fijos. Por eso no veo sensato atribuir la transformación completa de la economía sumergida a una sola rebaja tributaria.
Las simulaciones deben ser prudentes. El documento plantea un límite matemático extremo: si toda la magnitud hipotética se convirtiera en renta personal gravable al 10 % y aflorara completamente, generaría unos 25.190 millones adicionales de IRPF. Incluso en ese escenario irrealmente favorable, la recaudación seguiría por debajo de la referencia de 2024. Eso demuestra que no podemos defender la reforma prometiendo que la lucha contra la informalidad cerraría automáticamente la brecha presupuestaria.
Los escenarios de sensibilidad más prudentes combinan la proporción atribuible a rentas personales y el porcentaje de actividad que realmente se formaliza. Arrojan importes adicionales de IRPF distintos según los supuestos, no pronósticos. Ese matiz es esencial: no existe una cifra única de “dinero recuperable” que pueda presupuestarse antes de que se produzca el cambio.
También hay evidencia para estudiar el cumplimiento en otros impuestos. Funcas recoge un análisis que atribuye a menor economía sumergida y mejor cumplimiento un aumento de 6.200 millones en la recaudación del IVA entre 2019 y 2022. Pero ese resultado histórico no demuestra que cualquier reforma del IRPF vaya a causar un efecto equivalente. Identificar una relación observada no equivale a garantizarla bajo condiciones nuevas.
En el estudio se presentan tres sensibilidades, según qué parte de la actividad estimada corresponda a renta personal y cuánto podría formalizarse. La cifra adicional oscila aproximadamente entre 1.889 y 13.225 millones de euros de IRPF en esos ejercicios hipotéticos. Son escenarios matemáticos, no una promesa de recuperación fiscal. Esa distinción me parece indispensable porque convertir el caso más favorable en previsión presupuestaria equivaldría a construir servicios públicos sobre ingresos que quizá nunca existan.
También importa evitar un error de enfoque: la informalidad no siempre nace de una voluntad individual de defraudar. Puede estar asociada a condiciones precarias, subcontratación abusiva, falta de acceso a sistemas formales o trámites desproporcionados. La respuesta pública debe combinar control del fraude con facilidad para iniciar actividad legal, educación fiscal y vías seguras de regularización. Un buen sistema reduce tanto el atractivo económico de ocultarse como las barreras que impiden participar de la economía declarada.
Defiendo investigar si un sistema fiscal más simple y moderado puede mejorar el cumplimiento voluntario. Al mismo tiempo, quiero una administración tributaria moderna, pagos trazables, controles proporcionados y evaluación independiente. Si alguna vez implantamos un cambio profundo, el éxito deberá medirse por bases declaradas y actividad efectivamente formalizada, no por lo que habíamos imaginado que sucedería.