Cuando el agua irrumpe, la política llega tarde
Hay imágenes que nunca deberían convertirse en una costumbre. Calles transformadas en ríos, vecinos mirando desde una ventana cómo el agua se acerca a la puerta de su casa y equipos de emergencia que se adentran en zonas inundadas para ayudar a personas que quizá no pueden salir por sí mismas. Las lluvias intensas asociadas a la DANA Adam han vuelto a situar la vulnerabilidad de nuestros municipios en el centro de la actualidad. Y, una vez más, me hago una pregunta incómoda: ¿cuánto de lo que hoy llamamos emergencia pudo haberse preparado mejor ayer?
No pretendo convertir un fenómeno meteorológico en una acusación precipitada contra una administración concreta. Las lluvias extremas plantean riesgos que no siempre pueden evitarse, y cualquier valoración de responsabilidades exige datos, investigaciones y respeto por el trabajo de quienes intervienen. Pero sí me niego a aceptar que la única respuesta pública sea actuar cuando el agua ya ha entrado en las viviendas.
La emergencia empieza años antes del temporal
La prevención no tiene la espectacularidad de un helicóptero de rescate. Limpiar un cauce cuando corresponde, revisar un colector, mantener un paso inferior, actualizar un mapa de riesgo o comprobar que un plan municipal de emergencias puede ejecutarse son trabajos discretos. Precisamente por eso resultan políticamente fáciles de aplazar. No dan grandes titulares, aunque pueden marcar una diferencia decisiva cuando llegan las lluvias.
Quiero que cada ayuntamiento disponga de un inventario público de puntos vulnerables y de un calendario de mantenimiento verificable. No un documento archivado para cumplir un trámite, sino un sistema sencillo que permita saber qué actuaciones se han realizado, cuáles faltan y quién debe responder por los retrasos. Allí donde las competencias estén repartidas entre administraciones, la coordinación debe quedar definida antes de la crisis y no improvisarse durante ella.
También necesitamos una cultura urbanística capaz de decir que no cuando una inversión o una construcción aumenta de forma injustificable la exposición al riesgo. La seguridad de las personas y el respeto por el territorio no deberían ser variables negociables en función del calendario electoral.
El coste invisible de no anticiparse
Como economista, desconfío de una contabilidad pública que solo mire el coste inmediato de hacer las cosas bien. Una obra de drenaje, una revisión técnica o un sistema de alerta pueden parecer gastos incómodos cuando no llueve. Después de una inundación, los costes pueden multiplicarse: comercios cerrados, vehículos dañados, jornadas laborales perdidas, infraestructuras inutilizadas, ayudas urgentes y familias que deben empezar casi desde cero.
No afirmo que toda inversión preventiva sea automáticamente rentable ni que sea posible blindar por completo una ciudad frente a episodios extremos. Lo responsable es comparar alternativas con rigor, publicar los análisis de riesgo, priorizar donde el beneficio esperado sea mayor y evaluar los resultados. Quiero presupuestos que no se limiten a anunciar cuánto dinero se destina a una obra, sino que expliquen qué riesgo concreto pretenden reducir.
Cuando hablamos de eficiencia del gasto público no estamos hablando solo de ahorrar. Estamos hablando de utilizar los recursos de manera que protejan mejor la vida cotidiana de las personas.
Alertas comprensibles y personas que no pueden escapar solas
Las alertas tempranas son indispensables, pero su utilidad depende de que lleguen a tiempo y de que los ciudadanos sepan qué hacer con ellas. Un mensaje debe ser claro, comprensible y práctico. No basta con advertir de un peligro si después cada familia tiene que adivinar qué carretera evitar, a qué lugar dirigirse o cómo ayudar a alguien que vive solo.
Me preocupan especialmente las personas mayores, las que tienen movilidad reducida, quienes dependen de tratamientos médicos y las familias sin recursos para abandonar rápidamente una vivienda. Propongo que los planes municipales incorporen protocolos de asistencia para grupos vulnerables, respetando la privacidad y la autonomía de cada persona. La tecnología puede facilitar el aviso, pero la protección exige también redes humanas y servicios sociales conectados con los equipos de emergencia.
Los profesionales de protección civil, bomberos, sanitarios y fuerzas de seguridad merecen mucho más que agradecimientos al finalizar la crisis: necesitan formación, medios adecuados, simulacros y coordinación estable.
Menos propaganda y más información pública
Cada temporal debería dejar, además de las reparaciones necesarias, un aprendizaje verificable. ¿Qué alertas funcionaron? ¿Qué infraestructuras fallaron? ¿Qué intervenciones llegaron a tiempo? ¿Qué decisiones deben cambiar? Estas preguntas no deberían responderse con una guerra de declaraciones, sino mediante informes públicos que distingan hechos, incertidumbres y responsabilidades.
Defiendo auditorías técnicas después de los episodios graves, con recomendaciones concretas, plazos y seguimiento abierto. No para buscar culpables de forma automática, sino para corregir deficiencias. El ciudadano tiene derecho a saber si su municipio es más seguro un año después de una emergencia. Y si una medida prometida no se ejecuta, también tiene derecho a conocer por qué.
No necesitamos administraciones que se feliciten por cada fotografía institucional. Necesitamos instituciones capaces de cooperar sin convertir la angustia de los afectados en un instrumento de disputa.
Gobernar es cuidar antes, durante y después
Hay algo profundamente humano en la escena de un rescatador que acompaña a una persona mayor a través del agua. Es el ejemplo de una sociedad que se sostiene cuando alguien se encuentra indefenso. Pero nuestra obligación colectiva no termina cuando acaba el rescate. También debemos ayudar a recuperar viviendas, actividad económica, documentos, servicios públicos y la tranquilidad necesaria para volver a empezar.
Para mí, el verdadero liderazgo público consiste en reducir la probabilidad de que esa escena llegue a ser necesaria. No podemos controlar el cielo, pero sí podemos mejorar las decisiones sobre el suelo, las infraestructuras, la información y el cuidado de los más vulnerables. Esa es la política que defiendo: una que no mida su mérito por aparecer primero ante las cámaras, sino por haber protegido mejor a las personas.
La DANA Adam nos recuerda una lección que debería permanecer cuando desaparezcan las imágenes de las inundaciones: prevenir también es gobernar. Y gobernar bien significa que la dignidad y la seguridad del ciudadano importen incluso cuando todavía no hay una emergencia en los titulares.