Lo que no se mide se vuelve invisible
Cada año escuchamos anuncios de presupuestos, inversiones, nuevas plazas y programas. Son datos necesarios, pero por sí solos dicen muy poco del bienestar alcanzado. Una partida puede aumentar sin que una espera disminuya. Una administración puede incorporar tecnología y seguir siendo difícil de utilizar. Por eso defiendo que evaluar resultados sea una obligación central del servicio público, no una curiosidad reservada a especialistas.
Cuando hablo de medir, no pienso en castigar a profesionales ni en reducir todos los servicios a un único número. Pienso en ofrecer al ciudadano una explicación honesta: qué problema existía, qué recursos se destinaron, qué cambió y qué debemos corregir. Esa cultura es compatible con los derechos laborales, la complejidad de los casos y la necesidad de atención humana.
Indicadores que importen
En sanidad mediría tiempos de espera quirúrgicos y de primera consulta, acceso a enfermería, continuidad de cuidados y resultados ajustados al riesgo. En salud mental, demora de acceso a profesionales acreditados y continuidad de seguimiento. En educación, disponibilidad de apoyo por centro, absentismo y abandono, evitando interpretaciones que penalicen a quienes trabajan en contextos más difíciles.
En seguridad publicaría delitos por tipología, tiempos de respuesta y esclarecimiento, con cautela para proteger investigaciones y datos sensibles. En trámites administrativos mediría tiempo real de resolución y satisfacción del ciudadano. En presupuestos, el ahorro demostrado por simplificación y el coste de nuevas plazas esenciales. La meta no sería acumular cuadros de mando, sino entender qué políticas ayudan.
Comparar de forma justa
Hay indicadores peligrosos si no se interpretan correctamente. Un hospital que atiende casos más graves no debería parecer peor solo por esa dificultad. Un centro educativo situado en un entorno vulnerable no puede evaluarse como si tuviera las mismas condiciones de partida que otro. La buena evaluación necesita contextualizar datos, verificar su calidad y escuchar a los profesionales que conocen la realidad.
También propongo revisiones externas y publicación de resultados por territorio cuando sea posible. Una media estatal puede esconder grandes diferencias entre provincias, municipios o áreas sanitarias. La transparencia útil no pretende humillar instituciones, sino identificar aprendizajes transferibles: qué práctica funciona, dónde y bajo qué condiciones.
Una responsabilidad compartida con el ciudadano
La reforma de prioridad de los servicios esenciales debería tener seguimiento anual y una revisión integral cada cuatro años. No esperaría al siguiente ciclo electoral para reconocer errores. Si un programa no reduce el problema que pretendía resolver, hay que investigarlo, corregirlo o sustituirlo. Gastar dinero público sin evaluar el resultado es faltar al respeto a quienes lo financian.
Sueño con una sociedad donde cada ciudadano pueda comprender qué se ha conseguido con sus impuestos sin necesitar un máster para leer los informes. Cuando las cifras se convierten en instrumentos de mejora, la política recupera humildad. La calidad de las instituciones se mide, finalmente, por su capacidad de aprender y servir mejor. Incluiría mecanismos de participación de profesionales y usuarios en el diseño de esos indicadores, y una publicación periódica de correcciones para que el debate público no se reduzca a una foto anual de resultados. Una administración responsable debe explicar qué decide hacer después de medir, porque evaluar sin actuar sería otra forma de burocracia.
Evitar el maquillaje estadístico
Un programa que persigue exclusivamente reducir una media puede terminar ocultando casos difíciles. Por eso combinaría indicadores de acceso, calidad, seguridad y experiencia. Las métricas necesitan metodología pública, series comparables y auditorías independientes. Si una administración cambia la definición de una lista de espera, tiene que explicarlo. El ciudadano no debería necesitar investigar para saber si una mejora procede de más atención real o de un cambio contable.
También crearía un espacio para recoger propuestas de mejora de pacientes, docentes, policías, funcionarios y usuarios. Las cifras son necesarias, pero no sustituyen el conocimiento cotidiano. La evaluación debería conducir a decisiones: ampliar lo que funciona, modificar lo que falla y suspender políticas ineficaces cuando existan alternativas mejores. Esa capacidad de reconocer errores es una forma de respeto democrático que echo de menos en demasiados debates públicos.
Publicar también los errores
La transparencia que defiendo no debería limitarse a gráficos de éxito. Querría informes que indiquen qué objetivos no se han alcanzado, por qué y qué modificaciones se proponen. Si una inversión no mejora el servicio, reconocerlo permite evitar gastos mayores en el futuro. Los errores son inevitables en sistemas complejos; ocultarlos por miedo al debate político es una elección que impide aprender. Las instituciones deberían actuar con la misma responsabilidad que exigimos a quien administra una pequeña empresa y debe justificar sus decisiones.
También sería útil que los ciudadanos pudieran consultar las cifras mediante explicaciones sencillas y descargar series completas para análisis independiente. Un indicador agregado puede resultar engañoso cuando cambia la población atendida o la gravedad de los casos. Por eso publicaría definiciones, limitaciones y cambios metodológicos. Una administración que expone sus datos con humildad gana credibilidad incluso cuando todavía tiene mucho que mejorar. Esa es la rendición de cuentas que considero compatible con una democracia madura.
Este artículo desarrolla reflexiones personales basadas en mi estudio «Ley Nacional de Prioridad de los Servicios Esenciales y Reequilibrio del Empleo Público». Sus escenarios y metas de planificación son propuestas propias, no resultados oficiales ni efectos garantizados.