La pregunta incómoda
Pagar impuestos permite financiar servicios, infraestructuras y derechos. No discuto que gobernar cuesta dinero. Lo que cuestiono es que la ciudadanía tenga que aceptar sin explicación suficiente estructuras difíciles de comparar, funciones duplicadas y una administración cuyos resultados no siempre se miden con el mismo empeño que sus presupuestos. La legitimidad de un gasto público no nace solo de su autorización legal, sino de su utilidad social.
Es tentador anunciar cifras redondas sobre el coste de la política y sumar partidas heterogéneas como si todo fuese despilfarro. Ese recurso impresiona, pero confunde. No es lo mismo el coste de un parlamento elegido democráticamente que una subvención discrecional; tampoco cabe identificar el salario de un funcionario con un gasto partidista. Una revisión honesta comienza distinguiendo instituciones necesarias, gasto administrativo y decisiones cuestionables.
Transparencia que sirva para decidir
Propondría un mapa público y comparable de organismos, empresas públicas, fundaciones, cargos, competencias y costes completos. La información existe parcialmente, pero suele estar fragmentada y descrita con formatos técnicos. Un ciudadano debería poder conocer cuánto cuesta una función, qué resultados logra y qué organismo es responsable. Y debería poder comparar períodos y territorios sin necesitar un equipo de especialistas.
La transparencia no es publicar miles de documentos incomprensibles. Es ofrecer información útil y trazable, con objetivos verificables, auditorías comprensibles y explicaciones cuando los resultados no coinciden con lo prometido. Una democracia madura no teme que el contribuyente pregunte cuánto cuesta gobernar.
Duplicidades sin simplificaciones
España distribuye competencias entre Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos. Esa arquitectura puede acercar decisiones al ciudadano, pero también crea riesgos de solapamiento y falta de coordinación. No basta con pedir centralización ni con invocar la autonomía como respuesta automática. Hay que examinar función por función: quién debe prestar el servicio, a qué escala funciona mejor y dónde se pierde eficacia.
La evaluación debe medir tanto el ahorro potencial como sus costes de transición. Suprimir una oficina sin asegurar que el ciudadano pueda hacer el trámite puede trasladar el gasto, no eliminarlo. El criterio sensato es mejorar el servicio con menos fricción, no presumir de un recorte que después obliga a pagar más tiempo o dinero a las familias.
Rendir cuentas con normalidad
Mi propuesta es sencilla en su principio: presupuestos plurianuales, indicadores de impacto y revisión periódica de organismos. Cuando una entidad no cumple su misión, debe rediseñarse o cerrarse con garantías. Cuando resulta valiosa, debe explicarse por qué y protegerse de la improvisación. Eso requiere independencia técnica, liderazgo y voluntad de aceptar resultados incómodos.
La administración no es una colección de privilegios ajenos a la sociedad. Es un instrumento común. Y precisamente porque es común, todos tenemos derecho a exigir que funcione. El gasto necesario merece defensa; el gasto ineficiente merece corrección.
La diferencia entre austeridad y eficiencia
Hay que distinguir el ahorro útil de la austeridad ciega. Si se reduce el presupuesto de una unidad que evita fraude o agiliza permisos, la factura final puede crecer. Si se mantiene una entidad cuya función ya desempeña otra, se desperdicia dinero y también responsabilidad. Evaluar instituciones exige identificar costes directos, costes indirectos y consecuencias. Esa complejidad no debería servir de excusa para no analizar nada.
También defendería que las administraciones publiquen objetivos comprensibles antes de gastar, no únicamente memorias justificativas después. Qué problema se intenta resolver, qué alternativas se examinaron, cuánto costará mantener la solución y cuándo sabremos si funcionó: son preguntas básicas. En muchos ámbitos privados forman parte normal de una inversión. En el sector público deberían ser igualmente naturales.
La vigilancia ciudadana debe evitar convertirse en persecución de empleados o en desprecio de los servicios públicos. Una administración eficiente necesita profesionales capaces y estables, sometidos a objetivos justos. El interés no es buscar villanos, sino corregir procesos y mejorar incentivos. Cuando una institución funciona, su mérito también debe reconocerse.
El coste de no decidir
La estructura política también tiene un coste de oportunidad. Un euro asignado a una función redundante no puede financiar una plaza de atención primaria, una mejora educativa o la modernización de un procedimiento. Pero ese argumento exige pruebas, no sospechas. Solo una evaluación independiente puede mostrar qué recursos se destinan a tareas valiosas y dónde habría espacio para simplificar. La denuncia permanente sin propuestas termina siendo otra forma de propaganda.
Quisiera que cualquier reforma administrativa incluyera una promesa verificable de servicio: cuánto tardará un trámite, cuántas visitas serán necesarias, qué porcentaje de expedientes se resolverá dentro del plazo y cómo se publicarán las desviaciones. La eficiencia adquiere sentido cuando se traduce en tiempo ganado por las personas. Ese es el punto en que una discusión presupuestaria se convierte en bienestar real.
Una convicción personal
Quiero un Estado fuerte en sus funciones esenciales y sobrio en su organización: menos teatro sobre los costes y más luz sobre cada euro que se administra en nuestro nombre.