Cada presupuesto presenta ingresos, partidas y autorizaciones de gasto. Sin embargo, la pregunta que más me importa llega después: ¿qué ha cambiado realmente en la vida de las personas gracias a ese dinero?
Un edificio inaugurado no garantiza un buen servicio. Un programa con el presupuesto ejecutado al cien por cien tampoco demuestra que cumpliera su finalidad. Medir importa, pero hay que hacerlo con rigor: los resultados dependen de muchos factores y no siempre pueden atribuirse a una sola intervención.
Mi propuesta consiste en definir antes de cada proyecto un problema verificable, un objetivo, un plazo, un coste total —incluido el mantenimiento— y unos indicadores de calidad. Después, publicar evaluaciones independientes que comparen resultados y expliquen las limitaciones de los datos.
En sanidad, por ejemplo, no observaría únicamente cuántas consultas se realizan, sino también demoras, accesibilidad y resultados relevantes para los pacientes. En vivienda, estudiaría estabilidad residencial y coste para los hogares. En educación, progreso del aprendizaje sin ocultar desigualdades de partida.
El control del gasto no significa recortar indiscriminadamente. A veces una inversión adicional está plenamente justificada porque evita perjuicios mayores. Quiero que la ciudadanía pueda distinguir una política que funciona de una que simplemente se anuncia bien.