Artículo de opinión · Vivienda y economía

Construcción industrializada: más vivienda sin renunciar a calidad ni seguridad

La construcción modular es una opción que debe demostrar ahorro, rapidez y cumplimiento normativo.

Ilustración editorial de viviendas, familias y desarrollo urbano creada con inteligencia artificial

No debemos confundir innovación con propaganda

En materia de vivienda, el tiempo perdido tiene un coste humano. Cada retraso puede significar años adicionales de alquiler precario, de convivencia forzada o de imposibilidad para formar una familia. Por eso me interesa la construcción industrializada: trasladar una parte relevante de la fabricación a procesos industriales puede mejorar planificación, reducir incertidumbres y acelerar algunas fases de ejecución.

Pero quiero ser muy claro: no propongo que todas las viviendas deban construirse mediante módulos o una tecnología concreta. Mi anteproyecto defiende neutralidad tecnológica. La industrialización debe ganar espacio cuando demuestre ventajas en precio, plazo, residuos, emisiones, durabilidad o mantenimiento sin rebajar la calidad de lo construido.

Fabricar mejor no significa construir peor

Una vivienda prefabricada, industrializada o ejecutada con métodos tradicionales debe cumplir el Código Técnico de la Edificación y todas las normas de seguridad estructural, protección frente a incendios, accesibilidad, salubridad, aislamiento y eficiencia energética que le resulten aplicables. La etiqueta innovadora jamás puede sustituir a una garantía técnica.

Los promotores que compitan en mi modelo deberán demostrar capacidad productiva, controles de calidad, plazos realistas y garantías posteriores. No bastará con exhibir fotografías atractivas de una fábrica. Quiero saber quién fabrica, cómo se verifica cada elemento, qué ocurre si falla una pieza y quién responde cuando la vivienda ya está ocupada.

Comparar el coste de toda la vida útil

A veces una obra parece barata porque se mira únicamente el presupuesto inicial. Sin embargo, si luego requiere mantenimiento costoso, consume demasiada energía o envejece mal, el ciudadano y la administración terminarán pagando más. Por eso la adjudicación debería valorar también el coste del ciclo de vida, además del precio inmediato.

La construcción industrializada puede ofrecer un control de materiales más uniforme y reducir determinadas pérdidas, aunque su rendimiento depende del diseño, escala, logística y mercado local. No existe una cifra universal que garantice ahorro. Me interesa sustituir los discursos automáticos por comparaciones independientes de proyectos reales.

La innovación se demuestra en obra terminada

En los proyectos piloto compararía calidad, incidencias, duración real, residuos y mantenimiento de edificios construidos con técnicas diferentes. El resultado ayudaría a orientar futuras licitaciones sin imponer una solución única a todos los promotores. Eso permitiría premiar la innovación auténtica, no el uso de palabras de moda.

Nunca querría que una familia pagase el precio de una experimentación mal supervisada. La creatividad empresarial debe convivir con controles técnicos exigentes. Precisamente por eso la evaluación rigurosa es compatible con una economía abierta.

Lo que preguntaría a cada constructor

Antes de adjudicar una promoción industrializada, preguntaría quién fabrica cada elemento, cómo se transporta, qué tolerancias de ensamblaje están previstas y quién responderá de defectos una vez entregadas las viviendas. La contratación pública no debería impresionarse con una demostración tecnológica y olvidarse de los detalles prácticos. Un sistema constructivo solo es mejor cuando sus ventajas sobreviven al contacto con la obra real. Esa evaluación debe hacerse con técnicos independientes, no exclusivamente a partir de la documentación comercial del proveedor.

Además, la industrialización puede requerir inversiones iniciales elevadas en fábricas, moldes, logística o diseños repetibles. Puede resultar muy competitiva en proyectos de cierta escala y menos ventajosa en actuaciones aisladas, complejas o de pequeñas dimensiones. La administración debería permitir que las empresas ofrezcan diferentes soluciones y compararlas utilizando indicadores homogéneos. Convertir una técnica en requisito político universal podría reducir la competencia y encarecer proyectos que con otro método funcionarían mejor.

La rapidez de fábrica tampoco resuelve por sí sola los problemas de suelo o autorizaciones. Si los terrenos carecen de urbanización suficiente, si una conexión eléctrica está pendiente o si los expedientes se tramitan sin coordinación, los elementos fabricados pueden quedar esperando. Por eso la innovación constructiva debe acompañarse de buena gestión pública. La programación de licencias, infraestructuras y contratación forma parte de la misma cadena de entrega. Mejorar una fase y abandonar las otras sería una reforma incompleta.

Por último, mediría la experiencia de los residentes. Los costes reales de climatización, el ruido, la durabilidad de acabados, el mantenimiento de instalaciones y la satisfacción de quienes habitan los edificios ofrecerían información valiosa para futuras promociones. No quiero un parque de vivienda protegida que parezca moderno durante la inauguración y resulte caro de mantener pocos años después. La tecnología debe demostrar su utilidad durante toda la vida del hogar, porque la dignidad también se expresa en viviendas cómodas y seguras.

Una comprobación necesaria

La decisión constructiva debe tener en cuenta la capacidad de las empresas locales para participar, instalar y mantener los elementos utilizados. Una tecnología que depende por completo de proveedores inaccesibles podría plantear problemas a largo plazo. No se trata de cerrar el mercado a la innovación internacional, sino de garantizar repuestos, asistencia técnica y mantenimiento razonable. La vivienda protegida debe ser una solución duradera, incluso cuando cambian los propietarios de las empresas que la construyeron.

Rapidez útil, no velocidad ficticia

La coordinación administrativa puede reducir duplicidades documentales, pero no elimina por sí sola las licencias ni los controles urbanísticos establecidos por otras administraciones. Una fábrica puede ensamblar rápido y, aun así, un solar puede estar pendiente de conexión a servicios o de trámites imprescindibles. Hay que planificar la cadena completa.

Yo quiero viviendas seguras, bien diseñadas y asequibles entregadas antes, no viviendas apresuradas. Si la innovación constructiva demuestra que permite ese objetivo, debemos apoyarla con criterio. La rapidez solo tiene sentido cuando llega acompañada de durabilidad, responsabilidad y respeto por quienes vivirán allí.

Marco Musumeci D'Agata
Economista político y filántropo
Presidente del Movimiento Liberal Español
marco@musumeci.es
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