Las ideas fiscales pueden debatirse en una sobremesa, pero las decisiones públicas afectan a hospitales, escuelas, transportes, pensiones y presupuestos autonómicos. Por eso, si algún día tuviera que impulsar una reforma como IRPF 10, mi primera tarea no sería anunciar una fecha espectacular. Sería demostrar que hemos hecho los cálculos necesarios y que disponemos de un plan verificable para gestionar los riesgos.
El punto de partida es conocer bien la situación. Mi estudio utiliza datos tributarios de 2024 y reconoce una pérdida estática de recaudación directa muy elevada. Esa aproximación debe convertirse en una memoria elaborada con microdatos fiscales anonimizados y validación independiente. Necesitamos saber qué ocurriría para cada grupo de contribuyentes, no solo cuánto se recaudaría en total bajo una fórmula abreviada.
El segundo paso sería estudiar el sistema completo. IRPF, Sociedades y dividendos no pueden reformarse como compartimentos separados. Habría que diseñar reglas para impedir que salarios reales se disfracen de dividendos, evaluar las diferencias entre sociedades limitadas y anónimas y estudiar la relación con IVA, cotizaciones y financiación autonómica. Una reforma que crea arbitrajes puede desviar recursos hacia planificación fiscal en lugar de dirigirlos a actividad productiva.
El tercer paso sería publicar varios escenarios presupuestarios. Uno conservador, sin esperar grandes efectos de formalización; otro central, con respuestas moderadas y justificadas; y otro más favorable, siempre identificado como hipótesis. Cada escenario debería explicar qué ingresos podrían perderse, cuáles podrían recuperarse, cuándo y con qué grado de incertidumbre. No basta un balance al final de una década si durante la transición aparecen obligaciones inmediatas.
Los servicios esenciales requieren garantías específicas. Sanidad, educación, justicia y dependencia no pueden financiarse sobre la esperanza de que el crecimiento futuro resolverá por sí solo un déficit inicial. Deberían definirse objetivos de estabilidad, mecanismos de seguimiento y condiciones de revisión. También habría que negociar con las comunidades autónomas, porque no se puede rediseñar el IRPF ignorando su papel en la financiación territorial.
Me parece indispensable un cuadro de indicadores públicos: nuevas bases declaradas, evolución de la brecha del IVA, altas netas de autónomos, empleo formal, inversión productiva y recaudación desglosada por impuesto. Todos esos datos deberían contrastarse con la evolución general de la economía para no atribuir a una ley cualquier mejora o empeoramiento que se produzca durante esos años.
La experiencia enseña que las políticas públicas rara vez funcionan exactamente como sus defensores imaginan. Por eso propongo una cláusula de revisión a tres años y evaluación externa, con decisiones de continuidad o corrección basadas en resultados. Rectificar no debería considerarse una derrota partidista: debería ser la prueba de que estamos administrando recursos de todos con responsabilidad.
Considero igualmente importante explicar las salvaguardas democráticas. La evaluación externa no debería limitarse a un informe que se archiva sin consecuencias. Sus indicadores, metodologías y bases de comparación deberían publicarse de forma accesible, y el Gobierno tendría que responder por escrito a los principales resultados. Si el crecimiento adicional no llega, los ciudadanos deben conocerlo a tiempo. Si ciertas familias quedan perjudicadas inesperadamente, también. La rendición de cuentas es una parte sustantiva de la política económica.
Finalmente, la implantación tendría que coordinarse con otros cambios: trámites más simples, seguridad jurídica, formación empresarial, control inteligente del fraude y calidad del gasto público. Los impuestos son una variable poderosa, pero no la única. El éxito real sería que más personas trabajaran y emprendieran dentro de la legalidad, que mejorara su renta disponible y que los servicios siguieran funcionando. Esa combinación debe medirse, no darse por supuesta.
Quiero que España pueda debatir reformas audaces sin miedo, pero también sin irresponsabilidad. Defender un IRPF más sencillo y moderado no me exime de demostrar cómo se sostendrían las obligaciones públicas. De hecho, me obliga todavía más. La verdadera credibilidad de una propuesta económica no reside en sus intenciones, sino en la calidad de sus pruebas, de sus garantías y de su capacidad para corregirse.