La pregunta que ninguna reforma debería evitar
Defender la exención del IBI para la vivienda habitual es fácil en un titular. Diseñarla de manera responsable requiere responder algo más difícil: ¿qué recursos perdería cada ayuntamiento y cómo se sustituirían sin aumentar de forma encubierta otras cargas sobre las mismas familias?
Mi propuesta comienza precisamente por esa pregunta. No fijaría una cifra nacional de coste sin disponer de una estimación oficial desagregada de recaudación correspondiente a residencias habituales. La recaudación total del IBI incluye inmuebles que no encajarían en la medida y no puede confundirse con el coste de la exención.
Primer paso: un inventario verificable
Antes de legislar solicitaría una memoria fiscal por municipios que distinga vivienda habitual, segunda residencia, actividad económica y otros inmuebles. El estudio debería modelizar viviendas de distinta valoración catastral y separar propietarios que viven en ellas de inmuebles arrendados.
La definición jurídica de residencia habitual debe proteger situaciones reales: cuidados familiares, hospitalizaciones prolongadas, separación y desplazamientos por trabajo. Al mismo tiempo, deben evitarse inscripciones ficticias y dobles beneficios incompatibles. El derecho a presentar alegaciones y corregir errores ha de ser sencillo.
Segundo paso: compensar con reglas claras
El Estado podría estudiar un fondo estable de compensación cuya distribución se base en la pérdida auditada de ingresos municipales, ajustada por necesidades de gasto, capacidad fiscal y población. No imagino un reparto decidido discrecionalmente cada año. Preferiría criterios públicos, una revisión periódica y controles independientes.
La fórmula debería proteger a ayuntamientos pequeños, turísticos o rurales cuyo equilibrio presupuestario responde a características diferentes. Tampoco bastaría prometer compensaciones sin identificar su origen en el presupuesto estatal. Una reforma fiscal honesta obliga a priorizar gastos o ingresos de manera expresa.
Tercer paso: evitar los trasvases invisibles
Suprimir el recibo del IBI para hogares habituales no serviría de mucho si se compensara elevando otras tasas que soportan exactamente esas familias. Por ello propondría una evaluación de incidencia distributiva: qué gana cada hogar, qué paga después y cómo varían los ingresos municipales reales.
La reforma podría tener fases, con evaluaciones tras cada ejercicio fiscal, cláusulas de corrección y publicidad de resultados. Si determinadas localidades presentan tensiones financieras, deben conocerse antes de aprobar la fase siguiente, no después de recortar servicios.
Cuarto paso: tratar separadamente los residuos
La tasa de basura no es lo mismo que el IBI. La Ley 7/2022 exige una financiación específica, diferenciada y no deficitaria de la gestión de residuos. No propondría eliminar esa obligación mediante una promesa municipal imposible de ejecutar en el marco legal actual.
Sí estudiaría fórmulas socialmente progresivas compatibles con la normativa, incentivos reales para reducir la generación de residuos y revisión pública de costes. Una exención doméstica universal necesitaría modificar la ley y demostrar cómo mantener el servicio y respetar sus principios ambientales.
Un ejemplo de cálculo, no una cifra oficial
Imaginemos un municipio hipotético que obtiene 20 millones de euros anuales de IBI y estima, tras un estudio, que 9 millones corresponden a residencias habituales susceptibles de exención. El fondo compensatorio tendría que cubrir esa pérdida de 9 millones, no los 20 millones totales. Además, debería revisar costes administrativos y eventuales cambios de comportamiento. Son cantidades ilustrativas y no describen las finanzas de Vélez-Málaga ni de ninguna otra localidad.
La aritmética de la propuesta es simple. El verdadero trabajo consiste en medir correctamente cada variable y publicar todos los supuestos.
Mi criterio de éxito
Yo valoraría la reforma por cuatro resultados medibles: alivio efectivo para los hogares, ausencia de deterioro de servicios, ausencia de traslados fiscales ocultos y mejora de la transparencia. Pediría una evaluación independiente y la publicación de datos agregados comprensibles para cualquier ciudadano.
Mi visión de desarrollo socioeconómico integral exige algo más que recaudar menos: exige vivir mejor sin abandonar responsabilidades comunes. Proteger la vivienda habitual y proteger los servicios municipales no tienen por qué ser objetivos incompatibles. La condición es hacer política con cuentas claras, humanidad y capacidad de rectificar.
Cómo vigilar que las compensaciones funcionan
Un sistema de compensación debería acompañarse de indicadores municipales publicados cada año: ingresos efectivamente recibidos, gasto en limpieza y conservación, tiempo de respuesta a reclamaciones y evolución del esfuerzo fiscal medio de los hogares. No bastaría anunciar que el Estado cubre la pérdida si los pagos llegan tarde o se calculan con datos antiguos. Incluiría una comisión técnica con representación local, informes independientes y un procedimiento para revisar errores sin negociaciones arbitrarias. Mi aspiración es que el ciudadano pueda comprobar en un portal público si su municipio recibe lo previsto y si los servicios mantienen su calidad. La política fiscal recuperaría así algo que considero fundamental: la obligación de rendir cuentas después de las promesas.
Esta es una reflexión y propuesta personal del autor. Las medidas expuestas exigirían el correspondiente estudio económico y, en su caso, una reforma legal.