El debate público suele centrarse en cuánto recauda una nueva norma o qué objetivo persigue, pero rara vez pregunta cuántas horas costará cumplirla. Para una gran compañía contratar asesoramiento puede ser una partida asumible; para un negocio con una o dos personas supone sacrificar tiempo de atención al cliente o pagar una factura adicional. Como economista creo que toda nueva obligación administrativa estatal destinada a autónomos y pequeñas empresas debería incorporar un Test de Carga Empresarial antes de aprobarse. No basta con afirmar que una ley tiene buenas intenciones.
El test estimaría horas de cumplimiento, coste monetario, número y tamaño de empresas afectadas, formación necesaria y opciones de automatización. También tendría que comparar alternativas regulatorias menos gravosas. No impediría regular por razones de seguridad, salud o protección del consumidor; ayudaría a escoger el instrumento proporcionado. Una medida puede perseguir un fin necesario y estar pésimamente diseñada. Precisamente ahí la evaluación previa permite mejorarla sin renunciar a sus objetivos esenciales.
El coste oculto de legislar
Exigiría especial atención a las microempresas. Una obligación que una organización grande resuelve con un departamento jurídico puede consumir la mañana de una persona que trabaja sola. Las estimaciones deben basarse en perfiles reales, ensayos con usuarios y consultas con trabajadores autónomos, no en una hoja de cálculo desconectada de la actividad cotidiana. Publicaría también los supuestos utilizados y el nivel de incertidumbre de cada cálculo. Fingir exactitud en costes desconocidos no es rigor económico.
Mi propuesta incluiría una revisión periódica de cargas existentes. La obligación que tenía sentido hace veinte años puede haberse vuelto redundante gracias a bases de datos interoperables o nuevos sistemas de control. Derogarla no debería requerir una batalla política, sino demostrar que ha perdido utilidad o que existe una alternativa más eficiente. Al mismo tiempo, simplificar no debe convertirse en retirar controles imprescindibles a sectores peligrosos. La regla sería evaluar necesidad, proporcionalidad y resultado.
Considero importante que quienes legislan asuman responsabilidad por la experiencia del ciudadano. Si un procedimiento precisa diez pasos y tres oficinas, alguien debe justificar por qué. La publicación de un test comprensible permitiría al debate democrático contrastar beneficios y costes en vez de elegir entre consignas. También obligaría a pensar en municipios y pequeñas empresas rurales, donde la distancia física a ciertos servicios encarece todavía más cualquier trámite.
No prometo una cifra universal de ahorro: dependerá de las normas revisadas y de su aplicación. Mediría horas efectivamente liberadas, gastos administrativos, cambios de cumplimiento y riesgos que puedan aparecer. Legislar mejor no significa legislar menos a cualquier precio. Significa que cada obligación tenga una razón clara y que esa razón justifique el esfuerzo que se exige a quienes deben obedecerla.
El examen de proporcionalidad
Mi test no sería un trámite que se aprueba automáticamente escribiendo números favorables. Debería incorporar la posibilidad de que evaluadores independientes contrasten sus supuestos y de que asociaciones de autónomos señalen costes omitidos. Compararía la alternativa de solicitar un dato nuevo con la de consultar uno ya existente; la de imponer reportes periódicos con la de inspeccionar a partir de riesgos. Si ambas protegen de manera equivalente, preferiría la menos gravosa. También publicaría la revisión posterior: si los costes observados superan la estimación, el legislador debe admitirlo y buscar ajustes. Esta disciplina puede mejorar la calidad normativa sin reducir derechos.
Una carga nueva suele justificarse con la mejor de las intenciones, pero el esfuerzo que impone se acumula con todas las obligaciones anteriores. Pediría que las memorias identifiquen qué trámites desaparecen, cuáles se crean y qué coste neto se espera para el negocio pequeño. No bastaría con publicar un número global: exigiría escenarios para autónomos que trabajan solos, empresas con pocos empleados y sectores sujetos a especial vigilancia. Así podríamos detectar cuando una norma relativamente sencilla para un gran operador resulta especialmente pesada para una microempresa. Es una cuestión de equidad regulatoria.
También me parece esencial distinguir el coste inicial de adaptación del gasto recurrente. Un formulario puede exigir dos horas una sola vez o cuarenta minutos cada mes durante años; los efectos son muy distintos. Los cálculos deben integrar cambios de software, asesoramiento y formación cuando correspondan. Una vez aprobada la norma, compararía las estimaciones con la experiencia real y corregiría los procedimientos que generan cargas sin mejorar objetivos. No creo que todas las normas deban desaparecer. Creo que quien impone obligaciones tiene que poder explicar por qué su utilidad justifica el tiempo de la sociedad.
Incluiría además una consulta efectiva a colectivos poco representados: comerciantes de municipios pequeños, profesionales que trabajan solos y microempresas que no disponen de departamentos técnicos. El coste administrativo que soportan suele permanecer oculto en las grandes consultas regulatorias. Escuchar sus experiencias antes de legislar es una forma de prevenir desigualdades de cumplimiento, no de concederles inmunidad frente a deberes legítimos.
Estas son mis reflexiones personales a partir de mi Propuesta Nacional nº 7 sobre simplificación administrativa y segunda oportunidad. Son reformas que propongo, no medidas ya aprobadas.