Administración y eficiencia · Diálogo de ideas
Burocracia y dinero público: menos trámites no basta
Digitalizar y reducir asesores son propuestas concretas de Democracia 21. Yo añado una exigencia más amplia: demostrar públicamente qué cambia en la vida del ciudadano con cada euro gastado.
Imagen ilustrativa generada con IA. Recreación editorial. No muestra un encuentro real entre los protagonistas.
En este artículo reflexiono, desde mi propia visión política, sobre las ideas públicas de Miriam González Durántez y las confronto con mis propuestas. Las coincidencias no eliminan las diferencias y las críticas deben servir para mejorar las soluciones, no para descalificar personas.
La Administración debe servir, no hacerse servir
Comparto la crítica a los trámites innecesarios. La ciudadanía pierde horas ante ventanillas, formularios repetidos y sistemas que no se comunican. Democracia 21 propone digitalización, nombramientos basados en mérito y capacidad, y una reducción muy considerable del número de asesores políticos. Es legítimo preguntarse cuánto ahorrarían esas medidas y qué funciones quedarían cubiertas. El debate gana calidad cuando un porcentaje llamativo se convierte en un inventario verificable de puestos, competencias, costes y alternativas.
Un trámite menos puede significar una vida más fácil
Para quien cuida a un familiar, trabaja por cuenta propia o tiene dificultades de movilidad, acudir tres veces a una oficina no es una molestia abstracta. Es una carga económica y emocional. Yo defendería el principio de aportar los datos una sola vez siempre que sea legal y técnicamente viable, con interoperabilidad supervisada y acceso claro a la información. También habría que garantizar atención presencial y telefónica, porque una pantalla puede agilizar un procedimiento para unos y convertirse en barrera para otros.
La eficiencia no es únicamente recortar
Eliminar duplicidades puede ser sensato, pero una plaza menos no siempre produce un mejor servicio. A veces el problema está en la organización, la contratación o los sistemas informáticos; otras veces falta personal en primera línea. Mi visión exige calcular costes y consecuencias. Si una reducción presupuestaria multiplica los tiempos de espera, el supuesto ahorro puede acabar pagando facturas mayores en otro departamento o trasladando costes a las familias. Necesitamos contabilidad pública comprensible y evaluación independiente de resultados.
Cada euro debe explicar su impacto
Propongo que las políticas importantes se acompañen de objetivos medibles, plazos, indicadores de servicio y evaluaciones accesibles para cualquier ciudadano. No todo beneficio humano cabe en una sola cifra: seguridad, confianza, dignidad o prevención requieren métodos rigurosos y lectura cualitativa. Pero precisamente por esa complejidad no podemos conformarnos con anuncios de gasto ejecutado como si fueran logros. Gastar el presupuesto no significa haber resuelto el problema que justificaba su aprobación.
Mejoras que acercan ambos enfoques
Una plataforma pública podría mostrar cuánto tardan las licencias, qué porcentaje de solicitudes se resuelve a tiempo y qué coste administrativo soportan pequeños negocios y familias. Los datos deberían auditarse, ajustarse por diferencias territoriales y actualizarse. Combinaría simplificación con cartas de servicio, derecho a conocer el estado de cada expediente y vías sencillas de reclamación. La transparencia necesita privacidad y ciberseguridad, especialmente cuando afecta a datos de salud, rentas o situaciones vulnerables.
Medición sin convertir a las personas en números
Los indicadores públicos mal escogidos pueden fomentar comportamientos absurdos: cerrar expedientes para cumplir plazos, rechazar casos difíciles o sustituir calidad por volumen. La evaluación debe cruzar cantidad, calidad y experiencia ciudadana. Propondría equipos independientes que revisen los datos, expliquen límites metodológicos y publiquen recomendaciones comprensibles. Un buen sistema mide para aprender, no para fabricar titulares favorables.
También deberíamos reservar espacio para corregir errores sin castigar automáticamente a quien los reconoce. Una administración madura aprende de fallos y permite rastrear quién decidió qué y con qué información. La cultura de servicio necesita responsabilidad, pero también capacidad profesional para ajustar procedimientos cuando la evidencia muestra que funcionan mal.
Mi reflexión final
Menos burocracia es una aspiración que comparto con Democracia 21. Pero mi objetivo no termina cuando desaparece un papel: termina cuando una persona obtiene una respuesta justa, en plazo y sin obstáculos innecesarios. Esa es la Administración que quisiera ayudar a construir.