Desde fuera de la política, resulta relativamente sencillo opinar sobre una medida y señalar sus defectos. Se tiene derecho a hacerlo y, muchas veces, es imprescindible. Pero cuando uno decide participar de una manera más directa descubre que la crítica debe ir acompañada de propuestas, explicaciones y disponibilidad para escuchar respuestas que quizá no esperaba.
No quiero presentar esa decisión como un acto heroico. La vida pública necesita menos dramatización y más claridad sobre las obligaciones que asumimos. Al acercarme a PARTIDO AUTÓNOMOS, decidí explorar cómo podía aportar mi experiencia económica y empresarial a un debate colectivo. Eso no elimina mis dudas ni convierte mis opiniones en certezas. Más bien me obliga a examinarlas con mayor rigor.
Uno de los riesgos es confundir la visibilidad con la utilidad. Una intervención brillante puede recibir mucha atención y no resolver ningún problema. En cambio, trabajar durante semanas para simplificar un procedimiento o evaluar una propuesta presupuestaria puede resultar poco llamativo y tener consecuencias valiosas. Me gustaría que la participación pública reconociera también el trabajo silencioso.
Otro riesgo consiste en quedar atrapado por las etiquetas. Cuando una persona se vincula a un espacio político, algunos esperan que comparta absolutamente todas sus posiciones. Yo considero más sano explicar dónde coincido, dónde discrepo y qué argumentos justifican cada postura. La responsabilidad democrática comienza por no fingir unanimidades que no existen.
La experiencia profesional me ha mostrado que tomar decisiones implica asumir límites. No se pueden financiar simultáneamente todas las prioridades ni atender todas las demandas en el plazo deseado. Reconocerlo puede ser impopular, pero es más respetuoso que prometer resultados imposibles. Prefiero decir qué sé, qué desconozco y qué tendría que comprobar antes de defender una medida.
Participar también exige aprender a recibir críticas. Algunas serán injustas, otras acertarán en puntos importantes. La tentación de contestar de inmediato puede ser grande, sobre todo cuando una opinión personal circula rápidamente por las redes. Sin embargo, a veces lo más responsable es revisar los datos, escuchar con calma y corregir una afirmación.
No creo que todo profesional deba incorporarse a un partido. Hay muchas formas valiosas de servicio público: asociaciones, proyectos comunitarios, voluntariado, docencia, investigación o participación en consultas abiertas. Cada persona debe evaluar cuánto tiempo puede dedicar, qué independencia desea mantener y qué reglas acepta. Ninguna organización debería apropiarse de la experiencia de quienes colaboran con ella.
Para quienes optan por participar en política, propongo una disciplina elemental: declarar los posibles conflictos de intereses, distinguir hechos de opiniones, explicar el coste de las propuestas y evitar utilizar el prestigio profesional como argumento de autoridad. Un economista no tiene razón por ser economista, ni un médico por ser médico. Sus conocimientos son una ayuda para el debate, no su punto final.
Quisiera que los espacios políticos fueran más receptivos a la participación temporal y especializada. Alguien puede dedicar unos meses a estudiar un problema concreto sin abandonar su empleo ni aspirar a un cargo. Esa colaboración necesita reglas claras y respeto por el tiempo de las personas. También requiere mecanismos para impedir que intereses privados capturen las decisiones colectivas.
Al final, el riesgo de participar no es solo recibir críticas o cometer errores. Es olvidar para qué se empezó. Por eso me resulta útil volver a una pregunta: ¿esta actividad mejora, aunque sea un poco, la comprensión de los problemas que afectan a la ciudadanía? Si la respuesta es no, tendremos que reconsiderar nuestros métodos.
Me he acercado a la política porque deseo contribuir con lo que he aprendido. No necesito que esa decisión sea admirada ni compartida por todos. Me basta con intentar ejercerla con responsabilidad, aceptando que el conocimiento siempre es parcial y que el servicio público debería medirse por sus consecuencias, no por sus declaraciones.