Cuando alguien quiere abrir una pequeña actividad económica, lo primero que necesita es claridad. Cuál es el trámite, cuánto cuesta, cuánto tarda y quién responde si se bloquea. Yo propongo que el componente administrativo de las actividades de bajo riesgo pueda estar operativo en un máximo objetivo de 48 horas. No hablo de convertir una nave industrial peligrosa en un negocio autorizado por pulsar un botón, ni de prescindir de controles sanitarios o urbanísticos obligatorios. Hablo de dejar de tratar del mismo modo a una actividad sencilla y a un proyecto que exige informes técnicos complejos.
La constitución telemática de ciertas sociedades ya puede realizarse rápidamente mediante CIRCE y documentos estandarizados. Por tanto, mi idea no surge de la nada: quiero que ese avance no termine en la inscripción de la empresa mientras el emprendedor comienza otra carrera de obstáculos entre portales inconexos. En un itinerario único integraría el Documento Único Electrónico, las altas fiscales y de Seguridad Social, las comunicaciones a los organismos competentes y la declaración responsable cuando proceda. Lo importante no es el número de pantallas; es saber cuándo se puede empezar legalmente a trabajar.
Emprender sin pedir permiso al calendario
Las administraciones autonómicas y municipales conservan funciones propias. Ninguna ley estatal debería prometer que puede borrar sus competencias por decreto. Pero sí podemos coordinar bases comunes, acuerdos de interoperabilidad y estándares para compartir la información. La empresa recibiría un identificador operativo y una lista precisa de obligaciones pendientes, con fechas, autoridades responsables y enlaces válidos. Incluso si la actividad necesita autorización previa, el sistema debería explicar desde el primer día por qué, qué documentos se requieren y cuál es el plazo de resolución.
Como economista me importa el coste de la incertidumbre. Una persona que alquila un local antes de conocer sus obligaciones puede acumular mensualidades sin facturar; otra retrasa una contratación porque no sabe si su licencia es suficiente. Reducir esperas administrativas no garantiza por sí solo éxito empresarial, pero disminuye un riesgo que el Estado sí puede controlar. Cuando una autoridad no proporciona plazos transparentes, obliga al emprendedor a financiar con sus ahorros una demora de la que no es responsable.
No confundiría rapidez con permisividad. Las declaraciones responsables deben describir requisitos verificables y someterse a inspecciones posteriores, especialmente si surgen denuncias o indicadores de riesgo. Si alguien declara falsamente cumplir una condición esencial, debe afrontar consecuencias proporcionadas y eficaces. Precisamente porque me interesa la libertad económica, defiendo que las empresas que cumplen no compitan en desventaja frente a las que engañan.
Quiero medir la tasa de expedientes que realmente culminan en dos días, el tiempo desde la solicitud hasta el inicio efectivo de actividad y los casos que quedan fuera por permisos sectoriales. Publicar un promedio bonito sin explicar las exclusiones sería propaganda. Mi objetivo es que abrir un negocio sencillo deje de ser una prueba de resistencia y se convierta en un proceso claro, rápido y legalmente seguro. Emprender debe exigir una buena idea y responsabilidad, no paciencia infinita ante formularios duplicados.
Una transición responsable
Propongo comenzar por actividades sencillas con tramitación ya digitalizada, probar el sistema con usuarios y ampliar su alcance al comprobar que funciona. Debe existir un mecanismo de rectificación rápida para errores de datos, especialmente cuando impiden facturar o contratar. No daría por conseguido el objetivo porque una sociedad se inscriba en horas si después sigue paralizada por trámites evitables. La medición abarcaría todo el recorrido administrativo, y los informes públicos separarían los casos automatizables de los que requieren revisión técnica. También incorporaría asistencia humana: un emprendedor que abre su primera tienda merece poder consultar dudas sin contratar un asesor exclusivamente para encontrar una casilla. Rapidez y garantías pueden reforzarse mutuamente.
Quien emprende calcula una inversión inicial a menudo con márgenes estrechos. Una demora imprevisible puede alterar la contratación, el precio del alquiler y la relación con proveedores que esperan una fecha de apertura. Establecer un plazo objetivo para las operaciones administrativas de bajo riesgo permitirá planificar mejor, pero solo si el calendario comienza cuando la documentación exigible está completa y cada paso aparece trazado. Necesitamos transparencia sobre incidencias, criterios de subsanación y excepciones. No aceptaría un sistema que proclama cumplimiento porque termina una inscripción y oculta, en otro apartado, una larga secuencia de gestiones adicionales.
Propongo además que el portal distinga entre los costes que impone el Estado y los que derivan de requisitos privados legítimos, como el contrato de un local o la financiación. Esa distinción evita atribuir a la burocracia todos los obstáculos del emprendimiento. Mi reforma no resolverá por sí sola la falta de clientes, los altos precios de la energía o la dificultad de contratar. Puede, sin embargo, dejar de añadir incertidumbre inútil. La política económica responsable consiste en mejorar lo que está bajo control institucional y comprobar los resultados sin prometer prosperidad automática a quien abre una pequeña empresa.
Estas son mis reflexiones personales a partir de mi Propuesta Nacional nº 7 sobre simplificación administrativa y segunda oportunidad. Son reformas que propongo, no medidas ya aprobadas.