Cuatro días antes de que la Depresión Aislada en Niveles Altos (dana) desencadenara una de las catástrofes naturales más graves en España, la Generalitat Valenciana alertó a los municipios afectados sobre el riesgo que se avecinaba. Esta circunstancia ha sido revelada durante la investigación judicial que se lleva a cabo tras la tragedia del 29 de octubre de 2024, cuando 233 personas perdieron la vida en la Comunidad Valenciana debido a las intensas lluvias y las inundaciones provocadas por esta dana. La alcaldesa de Catarroja, Lorena Sirvent, perteneciente al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), fue quien ha aportado esta información ante la jueza instructora Nuria Ruiz Tobarra. Según fuentes presentes en la declaración y reportadas por EL PAÍS, Sirvent confirmó que la Generalitat valenciana, presidida entonces por Carlos Mazón, del Partido Popular (PP), comunicó a los ayuntamientos de la zona el riesgo meteorológico cuatro días antes de la tragedia.
Este dato cobra especial relevancia en el marco del proceso judicial, porque supone que las administraciones locales conocían con suficiente antelación la probabilidad de que la situación se agravara significativamente. La advertencia temprana debería haber permitido tomar medidas de prevención y protección civil para minimizar el impacto de las lluvias torrenciales. La dana, que afectó fundamentalmente a la provincia de Valencia, provocó una tormenta torrencial que desembocó en desbordes de ríos y numerosas inundaciones urbanas y rurales. La fatídica jornada del 29 de octubre se saldó con un elevado número de víctimas y numerosos daños materiales. Ante la dimensión de la catástrofe, el caso está siendo objeto de una investigación penal para determinar posibles responsabilidades por la gestión ante el evento meteorológico y la actuación de las autoridades implicadas.
El contraste de versiones durante el proceso judicial ha generado tensiones políticas. La Generalitat, bajo el liderazgo de Carlos Mazón, ha enfrentado críticas y cuestionamientos respecto a su capacidad para mitigar las consecuencias de la dana. Sin embargo, el testimonio de la alcaldesa de Catarroja aporta un elemento que podría matizar la percepción sobre la gestión pública, ya que confirma que hubo un nivel de información y alerta previo a la fecha en que se desencadenaron las graves inundaciones. La alcaldesa Lorena Sirvent explicó que la Generalitat transmitió el aviso a los ayuntamientos afectados, aunque no se han detallado las medidas específicamente adoptadas tras esa notificación ni la rapidez con la que se pusieron en marcha las acciones preventivas. Es una cuestión sobre la que posiblemente versarán las próximas sesiones judiciales y los análisis de los informes técnicos de protección civil.
El caso sigue adelante con la investigación, en la que varios actores institucionales están siendo llamados a declarar para esclarecer los hechos. Entre otras cuestiones, se analizarán los protocolos de aviso y la coordinación entre la Generalitat y los municipios, así como la reacción inmediata durante el episodio de lluvias. Esta revelación, por su parte, pone de manifiesto la importancia de la comunicación interadministrativa en situaciones de emergencia y plantea preguntas sobre la responsabilidad compartida entre las diferentes administraciones públicas en la prevención y gestión de desastres naturales en España.
A la espera de nuevas declaraciones y evidencias que puedan arrojar luz sobre lo ocurrido, la tragedia de la dana sigue siendo un momento doloroso para la Comunidad Valenciana y un caso emblemático sobre la gestión de riesgos climáticos y eventos extremos en España.