El Ministerio para la Transición Ecológica, bajo la dirección de la vicepresidenta tercera Sara Aagesen, ha revisado su propuesta inicial para la regulación de los centros de datos en España, introduciendo cambios que flexibilizan las condiciones impuestas tras recibir numerosas alegaciones y el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
En el primer borrador, el ámbito regulatorio afectaba a cualquier centro de datos con una potencia eléctrica a partir de 1 megavatio (MW). No obstante, en la revisión enviada recientemente al Consejo de Estado, esta condición se ha elevado a una potencia mínima de 10 MW. De este modo, solo las instalaciones de mayor tamaño estarán sujetas a estas exigencias, lo que atenúa las restricciones para centros de datos más pequeños y, según fuentes del Ministerio, responde a demandas de la industria relevante.
Por otra parte, se mantienen los requisitos relacionados con el suministro eléctrico de origen renovable: los centros de datos deberán garantizar que al menos el 80% de la electricidad consumida sea verde y deben acreditar que este porcentaje se cumple de forma horaria. Sin embargo, se incorpora una opción transitoria para facilitar el cumplimiento progresivo de esta correlación horaria durante los primeros cinco años, ampliando además el margen para que la energía renovable provenga de plantas con hasta 36 meses de antigüedad, frente a los 18 meses establecidos anteriormente.
Este régimen transitorio también implica que durante este período los operadores de centros de datos de mayor tamaño deberán integrarse en el Sistema de Reducción Automática de Potencia (SRAP). Como consecuencia, estarán obligados a realizar cortes en su consumo si Red Eléctrica de España lo solicita, principalmente para gestionar picos de demanda y salvaguardar la estabilidad del sistema eléctrico.
El Ministerio ha justificado estas modificaciones explicando que, pese a la flexibilización en algunos aspectos, se mantienen los elementos clave de la propuesta para evitar impactos negativos en recursos hídricos y en la formación del precio de la electricidad. Así, se busca un equilibrio entre la transición ecológica y las demandas del sector tecnológico y energético.
Tras la revisión, el borrador se encuentra ahora en manos del Consejo de Estado y se espera que, una vez reciba el dictamen definitivo de la CNMC, continúe su tramitación para ser aprobado formalmente por el Consejo de Ministros antes de las elecciones generales programadas para el 29 de noviembre. Este calendario responde al deseo manifestado también desde el Ministerio de Transición Digital, cuyo titular, Óscar López, ha apoyado la rápida aprobación de la regulación.
Estas actualizaciones responden a un intenso proceso de análisis que incluyó la recepción de más de 600 alegaciones durante la consulta pública. Los cambios introducidos muestran una mayor sensibilidad hacia las preocupaciones planteadas, tanto por el sector de los centros de datos como por los productores de energía renovable, especialmente en lo relativo a la viabilidad técnica y económica de cumplir con los estrictos requisitos iniciales.
En suma, el Gobierno avanza hacia una regulación que permita un desarrollo ordenado y sostenible de la infraestructura tecnológica ligada a los centros de datos en España, conciliando el crecimiento digital con la protección del medio ambiente y la seguridad del suministro eléctrico.