El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha confirmado que la orden de detención contra el expresident Carles Puigdemont queda levantada, por lo que puede regresar a España sin riesgo de ser detenido. Esta decisión se produce tras la revisión del criterio adoptado por el Tribunal Constitucional (TC), cuyo fallo ha sido objeto de críticas por parte del magistrado instructor de la causa relacionada con el procés.
Desde 2017, Puigdemont estaba sujeto a una orden de detención que ahora Llarena ha anulado de forma cautelar, a la espera de resolver el fondo del asunto relativo a los delitos que se le imputan. El levantamiento de esta orden corresponde, en gran medida, a la decisión del TC que calificó como procedente la amnistía sobre el delito de malversación en el marco del procés, lo que llevó a cuestionar la vigencia de la orden nacional de detención mientras se resuelve el caso principal.
Sin embargo, el juez Llarena ha expresado su desacuerdo con varios aspectos del fallo del Constitucional. En concreto, lamenta la falta de "mesura" que, según sostiene, caracteriza a algunas afirmaciones del tribunal de garantías presidido por Cándido Conde-Pumpido. Llarena considera que la doctrina del Tribunal Supremo, que decidió no amnistiar la malversación vinculada al proceso independentista, estaba fundada jurídicamente y que sus resoluciones no fueron ni "inadmisibles" ni "imprevisibles".
En sus argumentos, el Tribunal Supremo rechazó la amnistía a la malversación con base en que el delito afectaba a fondos públicos de la Unión Europea y al patrimonio público, lo que no podía quedar impune aunque se tratara de un acto político. El TC, sin embargo, revisó esta postura y recomendó el levantamiento de la orden de detención que pesaba sobre Puigdemont, decisión que ha activado la posibilidad de que el expresident retorne a España sin riesgo inmediato de arresto.
Llarena también rechazó el recurso presentado por la acusación popular de Vox para mantener la orden de detención, apoyándose en un voto particular de los miembros conservadores del Constitucional y señalando que la discrepancia interna del tribunal aconsejaba mayor prudencia en el uso de calificativos sobre la actuación del Supremo. Según el magistrado, los "adjetivos no convierten en indiscutible lo que ha fracturado al Tribunal".
Este contrapunto entre el Supremo y el Constitucional sucede en un momento político sensible, ya que la resolución sobre la situación procesal de Puigdemont coincide con la cuenta atrás para las elecciones generales en España. La posibilidad del regreso del expresident a territorio español sin ser detenido imprime una nueva dimensión a un capítulo judicial y político que ha marcado los últimos años en la relación entre Cataluña y el Estado.
El magistrado Llarena ha dejado claro que, pese a sus críticas al TC, está obligado a acatar su doctrina, lo que implica que la orden nacional de detención contra Puigdemont se mantenga inactiva hasta que se resuelva el fondo de la causa. Así, mientras se desarrolla este proceso judicial, el expresident podría volver a España sin el temor inmediato a su arresto, lo que abre un nuevo escenario en torno a la gestión del conflicto independentista y su implicación judicial.
En definitiva, la posición del juez Llarena marca un límite en la línea temporal de la causa contra Puigdemont, reconocida por una decisión cautelar basada en la interpretación del TC, pero sin renunciar a la validez jurídica y la fundamentación del criterio supremo en la causa abierta desde hace años.