El impacto del coste de la vivienda sobre las condiciones económicas de los trabajadores en España es objeto de un reciente informe elaborado por Oxfam Intermón, que alerta sobre el aumento de la pobreza laboral tras abonar los gastos asociados a la vivienda. Según este estudio, cerca de 770.000 trabajadores en España atraviesan una situación de pobreza tras deducir los costes de su hogar, siendo los inquilinos los más afectados.
La pobreza laboral se incrementa después de afrontar los gastos de vivienda, pasando del 11% al 15%. Esta diferencia es especialmente significativa entre las personas que viven de alquiler, con un 34% de inquilinos con empleo que se ven en situación de pobreza tras pagar la renta, frente a un 10,22% de hipotecados que atraviesan esta vulnerabilidad económica tras afrontar los pagos de hipoteca.
El análisis se basa en datos obtenidos de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística y declaraciones de renta de 2024, tomando como referencia la definición de pobreza laboral de Eurostat. Los umbrales establecidos para determinar esta condición son ingresos anuales de 12.220 euros para hogares unipersonales y 25.663 euros para hogares con dos adultos y dos menores, incluyendo personas con más de siete años en el mercado laboral.
El informe señala cómo este fenómeno se distribuye de manera dispar según sectores económicos, tipos de contrato, así como según la nacionalidad y presencia de menores en el hogar. Sectores como la limpieza o la hostelería, que habitualmente cuentan con menores remuneraciones y contratos parciales, concentran muchos de los casos donde el gasto en vivienda lleva a la pobreza laboral. También se enfatiza que en hogares con menores el impacto es más acusado, profundizando la vulnerabilidad social.
Alejandro García-Gil, responsable de empleo, vivienda y políticas sociales en Oxfam Intermón y uno de los autores del informe, destaca que la vivienda está emergiendo como uno de los principales factores generadores de pobreza y desigualdad en España. Puntualiza que aunque los nuevos decretos relacionados con vivienda no solucionan el problema estructural de fondo, representan un primer avance para aliviar la situación de millones de personas en riesgo y avanzar hacia un enfoque que priorice el derecho a la vivienda frente a la especulación inmobiliaria.
El estudio también revela que un 7,95% de quienes ya tienen abonada la hipoteca entran igualmente en situación de pobreza al asumir otros gastos de vivienda, confirmando que incluso entre los propietarios la carga económica puede empujar a la precariedad.
Este contexto enfatiza la necesidad de ampliar las políticas públicas que regulen el mercado de la vivienda, protejan a las personas más vulnerables y promuevan condiciones asequibles de alquiler y compra. La dimensión social del acceso a la vivienda plantea retos en un mercado con precios al alza, afectando especialmente a jóvenes y trabajadores con salarios bajos o empleos temporales.
En definitiva, el informe de Oxfam Intermón urge a un cambio de paradigma que coloque el derecho a una vivienda digna en el centro de las políticas sociales, con el objetivo de reducir la pobreza laboral asociada a los elevados costes residenciales en España.